MÉRIDA, Yuc. (apro).- La diputada federal panista Rosa Adriana Díaz Lizama solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atraiga las averiguaciones que realiza su similar estatal en torno a la muerte del empresario Álvaro Oswaldo Cervera Peraza a manos de la policía de la entidad. En un documento dirigido a Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos denuncia que las garantías de Cervera Peraza y su familia fueron vulnerados y expresa su preocupación por los sucesos acontecidos. Relata que el 1 de febrero, en el kilómetro 29 del tramo carretero Chicxulub Pueblo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública SSP) de Yucatán dieron muerte con arma de fuego al empresario quien, según la versión oficial, se resistió a una revisión de rutina y fue perseguido a lo largo de 50 kilómetros. La legisladora federal destaca que el motivo oficial que originó el intento de detención fue que la camioneta del empresario, una Chevrolet Colorado 2004, no tenía la placa delantera. Destaca que el hijo del empresario manifestó que en el depósito de cadáveres del cementerio de Xoclán sólo le permitieron ver el rostro de su padre para identificar el cuerpo y, cuando pidió ver las heridas de bala, el médico forense declaró que no había ningún balazo, “aunque habría recibido por lo menos cinco disparos, no uno como sostiene la policía, todos calibre .223 de rifles R-15”. Denuncia que las mismas autoridades de la SSP “procedieron a retirar los casquillos de bala, borrándose toda huella, sin esperar la presencia de los representantes del Ministerio Público, realizándose una ‘operación limpieza’ de manera inmediata”. También señala que Cervera Peraza no era ajeno a las autoridades policiacas, pues además de contratista de obras oficiales, era dueño de la sascabera de Mulchechén, que sirve de campo de tiro a la SSP, Policía Ministerial y el equipo de escoltas del palacio de gobierno. Es por esas razones que solicita a la CNDH brinde apoyo de toda índole y protección a la familia del empresario fallecido. Además, pide al ómbudsman nacional que se dé puntual seguimiento al caso para que actos como los mencionados no se repitan. Una copia del documento fue entregado también a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otra al titular de la SSP del gobierno federal, Genaro García Luna.