MÉXICO, D.F. (apro).- A días de que inicie el monumental juicio por el derrame petrolero en el Golfo de México de 2010, organizaciones ambientalistas denuncian un vertido que ha manado desde al menos 2004, frente a las costas del sureño estado de Louisiana. “Lo que sabemos es que ha estado fluyendo una cantidad considerable desde hace años. Es una fuga que no ha podido ser frenada. Es difícil considerar los daños”, dijo a Apro Dan Tonsmeire, director de Apalachicola Riverkeeper, fundada en 1998 y que se dedica a la conservación del Golfo de México. Los activistas descubrieron la contaminación casi por accidente, gracias a imágenes satelitales tomadas para monitorear la situación del Golfo poco después del percance en el pozo Macondo en abril de 2010. Por eso, Apalachicola Riverkeeper, junto a los entes ambientalistas Atchafalaya Basinkeeper Inc., Galveston Baykeeper Inc., Lousiana Bayoukeeper Inc., Lousiana Environmental Action Network Inc., y Paul Orr, el guardarríos del bajo Mississippi, demandaron el 2 de febrero ante la Corte del Distrito Este de Louisiana a la empresa Taylor Energy Co., responsable de la explotación petrolera en el lugar. En su pliego marcado con la clave 2:12-cv-00337, de 38 páginas y al cual Apro tuvo acceso, los acusadores indican que un derrumbe submarino previo al huracán “Iván” provocó el vertido en septiembre de 2004 y destruyó una plataforma de perforación en el Golfo de México, enterrando al menos 28 pozos. “La demanda es necesaria por la lenta marcha de Taylor para detener el flujo de petróleo de sus pozos en el Golfo. Es también necesaria por la secrecía que envuelve la respuesta de Taylor al derrame prolongado que amenaza recursos públicos. Tal secrecía es inconsistente con la política nacional”, cita la querella, para la cual los acusadores son asesorados por la Clínica Legal Ambiental de la Universidad de Tulane. Las estimaciones de estas agrupaciones calculan que entre 100 y 400 galones de crudo se han fugado diariamente en un área situada a unos 28 kilómetros de la costa de Louisiana. “Una vez que lo reconocimos, empezamos a documentarlo, a reportarlo e investigarlo”, relató Tonsmeire. El 20 de abril de 2010 la torre de perforación Deepwater Horizon, alquilada por la transnacional British Petroleum (BP) a la suiza Transocean Ltd. explotó y se incendió frente a las costas de Louisiana, hundiéndose dos días después. Entre esa fecha y el 15 de julio de ese año, cuando el pozo Macondo fue sellado, se fugaron casi cinco millones de barriles de petróleo, de los cuales sólo se recogieron 800 mil, en lo que es considerada la peor tragedia ambiental en América del Norte. Un rastro petrolífero, captado el 18 de junio de 2011, contenía aproximadamente tres mil 157 galones de crudo. La petrolera, radica en Nueva Orleáns, enfrenta tres cargos por violaciones a las leyes de Agua Limpia y la de Conservación y Recuperación de Recursos por continuar con el vertido de crudo. Desde el siete de octubre de 2011, las organizaciones acusadoras se han comunicado oficialmente con Taylor, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), sus oficinas regionales, y con las agencias de administración de desechos sólidos de los estados de Louisiana, Texas, Mississippi, Florida y Alabama, sin recibir respuesta alguna. “La EPA y autoridades estatales no han perseguido a Taylor para detener el flujo y a pesar de que el Departamento de Interior y la Guardia Costera han comunicado avisos a esa corporación sobre el derrame, los acusadores no han podido acceder a esos documentos”, señala el documento legal. Ecosistemas, víctimas de la explotación petrolera La fuga representa un riesgo para el ecosistema de la zona, incluyendo diversos tipos de peces, aves acuáticas, cangrejos y plancton, así como las actividades económicas de los habitantes, como la pesca y el turismo. “No sabemos el área afectada, pero seguramente es minúscula en comparación con lo que ocurrió en abril de 2010. Es todo el ecosistema el que está en riesgo”, resumió el activista. Los acusadores esgrimen que Taylor ha incumplido en detallar cuántos pozos en el Bloque 20 del Mississippi Canyon, el escenario del desastre, todavía filtran petróleo, cuántos pozos han sido completamente dejados fuera de servicio, cuándo los restantes serán completamente dejados fuera de operación, cuándo será tapada completamente la fuga y cuánto crudo yace todavía bajo la superficie marina en el Golfo. “Taylor ha dicho que han gastado mucho dinero tratando de taparlo. Pero no han querido decir exactamente qué han hecho. La Oficina de Administración, Regulación y Cumplimiento de la Energía de los Océanos (anteriormente Servicios de Administración Minera) ha dicho que Taylor ha hecho lo suficiente. Todo eso provoca escepticismo”, aseguró Tonsmeire. El texto legal enfatiza que “sin entender por qué toma más de siete años para detener el derrame, es imposible evaluar la sensatez de la respuesta de Taylor”. Los ecologistas arguyen que la corporación carece de permisos para descargar petróleo de sus pozos o ha quebrantado permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes. Los querellantes buscan que la corte declare que Taylor viola la Ley de Agua Limpia, que sus pozos pueden representar una amenaza inminente y sustancial a la salud o el ambiente y una orden judicial para que la empresa se abstenga de filtrar, descargar o tirar petróleo de sus pozos en el Golfo de México. Por eso, solicitaron multas civiles entre 32 mil 500 y 37 mil 500 dólares diarios por los quebrantos a la ley citada. En febrero de 2008 Taylor vendió sus activos energéticos a las empresas Korea National, Samsung y Samsung América, por lo cual éstas también serían responsables del ecocidio, aunque no aparecen en la demanda. Este derrame “es un indicativo de lo que hace la industria petrolero mar afuera. Es fácil de monitorear, ha ocurrido todo el tiempo y nunca les pasa nada. Es tiempo de llamar la atención y la forma de hacerlo es que paguen” por sus actos, destacó Tonsmeire. Por eso, el representante de Apalachicola Riverkeeper, que pertenece a la alianza global Waterkeeper, espera que el juicio por el vertido de 2010 desemboque en “el mayor castigo posible”. Ese accidente ha derivado en un monumental proceso legal que aglutina a unos 130 mil acusadores y más de 500 juicios, y en el cual figuran como acusadores los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y la empresa Grupo Turístico Tamaulipas. “Nuestra meta es trabajar por la plena recuperación del Golfo y que las empresas sean responsables de sus actos”, resumió Tonsmeire.