Militares violan a indígena; 10 años después, el gobierno pide perdón

MÉXICO, D.F. (apro).- Inés Fernández Ortega, la indígena guerrerense agredida sexualmente por militares, no dejó pasar la oportunidad de denunciar ante el secretario de Gobernación y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Poiré y Marisela Morales, respectivamente, los actos de hostigamiento y la desatención de que son víctimas los pueblos indígenas en México.

Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional de México por violaciones a derechos humanos, los funcionarios federales se trasladaron hasta el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, de donde es originaria Fernández –en representación del gobierno de Felipe Calderón–, para dar cumplimiento a uno de los 16 puntos que comprende la sentencia contra México dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en noviembre de 2010, por los agravios contra Fernández Ortega y su familia.

Enérgica, la frágil mujer que durante diez años buscó justicia en el país, reclamó a las autoridades la violencia de las que son víctima los pueblos indígenas y reconoció en la agresión sexual que sufrió en 2002 fue parte de una estrategia de represión hacia ellos.

Fernández Ortega y su marido Fortunato Prisicliano Sierra forman parte de una organización que denunció la masacre de 11 indígenas, en junio de 1998, a manos de militares en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla, así como las esterilizaciones forzadas a hombres indígenas a cambio de la promesa de incluirlos en programas sociales.

En 2002, cuando Inés fue agredida sexualmente, los mismos soldados que la violaron la interrogaron sobre el paradero de su esposo Fortunato, de ahí que la Coidh dictaminó que la agresión fue una forma de tortura.

“Si el gobierno cumpliera, nosotros no tendríamos que organizarnos. Mandaron los soldados a hostigarnos, y ahora los soldados andan en las comunidades, también vestidos de civil no sólo con uniforme; ahora mismo están entre nosotros”, denunció Fernández Ortega en su dialecto, el me pháa (tlapaneco).

En voz de un traductor, Inés recordó que si hubiera tenido justicia en México, si se hubiera castigado a los responsables que la agredieron, ella no habría tenido que “buscar la justicia en otra parte”.

Fernández Ortega consideró que pese a la sentencia de la Coidh la situación de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas continúa.

Al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien también atestiguó el acto, Inés Fernández le recordó que en meses pasados le hizo una serie de demandas para las comunidades indígenas que tienen que ver con servicios básicos como la educación, salud, agua potable, programas sociales, sin que haya obtenido respuesta a su solicitud.

“Quiero que el gobernador me diga si va a poder o no cumplir con los pueblos, sino que lo diga”, retó Inés Fernández.

La indígena entregó a Poiré también un documento en el que solicita mejoras para las comunidades indígenas y extendió el emplazamiento al gobierno federal, aunque a sus paisanos reunidos en el zócalo de Ayutla les dijo: “Escúchenme todos, hombres mujeres y niños: aunque el gobierno diga que va a cumplir, no lo va a hacer.”

La indígena recordó que más de un centenar de defensores de la Organización Indígena del Pueblo Me pháa (OPIM) a la que pertenece tienen medidas provisionales dictadas por el tribunal interamericano, mismas que el Estado mexicano no ha cumplido, y peor aún, un beneficiario de las medidas, Maximino García Catarino, está encarcelado por un crimen que no cometió.

Poiré pide voto de confianza

En su intervención, Alejandro Poiré, pidió a Inés Fernández confianza en que atenderá los reclamos y anunció que instalaría en ese momento una mesa de trabajo junto con el gobierno del estado.

En su discurso, Poiré se escuchaba molesto. No sólo Inés lanzó reclamos, sino también la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, quien recordó que ha tenido que huir de Ayutla ante las constantes amenazas de muerte que ha sufrido, mismas que no han sido investigadas a pesar de que existen sendas averiguaciones previas.

Eugenio Manuel acompañó en 2005 a Inés Fernández y a Valentina Rosendo Cantú a Washington, la capital de Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar la queja internacional por las agresiones sexuales.

Poiré se concretó a dar una lista de avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte como el traslado de la averiguación previa por la agresión del fuero militar a la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra); la revisión con legisladores de la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, que envió Calderón al Senado en 2010.

Habló también de la investigación abierta por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero en contra de servidores públicos que dejaron en la indefensión a Inés; becas a los hijos de la víctima hasta que concluyan sus estudios universitarios, y la indemnización económica como parte de la reparación del daño ordenado por la Coidh.

En cuanto a las medidas cautelares y provisionales, Poiré aseguró que ha ordenado el cumplimiento cabal de ellas, y que en acatamiento de los acuerdos internacionales, se continuará con los cursos de derechos humanos para miembros del Ejército. Además, se comprometió a abrir agencias del Ministerio Público para atender a mujeres indígenas.

Por su parte, la procuradora Marisela Morales reconoció que las investigaciones fueron atraídas por la PGR en cumplimiento de la sentencia; y que Fevimtra y los abogados de la organización que defendió a Inés, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ya hicieron un programa de trabajo para realizar las investigaciones y esclarecer los hechos.

El gobernador Ángel Aguirre, por su parte, se comprometió a atender lo que le corresponda a su gobierno como parte de la sentencia del tribunal interamericano, así como a generar las condiciones para que hechos como los reclamados por Inés –la desatención de funcionarios públicos quienes la discriminaron– no se repitan.

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