CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que se investigará el presunto desvío de recursos en que incurrió su sobrino, Igor Alejandro Aguirre Vázquez, exdirector administrativo de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco. No obstante, Ángel Aguirre se negó, en rueda de prensa en la Casa Guerrero, a informar cuántos familiares colocó en posiciones clave de la administración pública. La gestión del actual mandatario ha sido criticada por el nepotismo, debido a que al menos 93 familiares del Ejecutivo y otros funcionarios fueron designados en diversas dependencias. Destaca el caso de Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, otro sobrino del gobernador, quien se desempeña como coordinador general de Proyectos Estratégicos del Ejecutivo estatal, refieren reportes periodísticos difundidos desde noviembre pasado. Este martes, durante un acto en que anunció la aplicación de un esquema para revertir las violaciones a derechos que cometieron servidores públicos durante el desalojo de normalistas el 12 de diciembre de 2011, hechos en que fueron asesinados a tiros dos estudiantes, el gobernador dijo que se investigarán las presuntas faltas cometidas por Aguirre Vázquez. El viernes anterior, el director de la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre, Rogelio Hernández Cruz, denunció que el sobrino del Ejecutivo estatal desvió unos 3 millones de pesos del presupuesto asignado al organismo público descentralizado. Hernández Cruz aseguró que Aguirre Vázquez, quien se desempeña como director administrativo del organismo, falsificó la firma del director general para retirar dinero de la cuenta mancomunada. Luego, el denunciado destinó más de 2 millones de pesos a comercializadoras de su esposa y familiares en una supuesta "compra de productos" que nunca se entregaron. Además, desde el 8 de febrero el sobrino del gobernador dejó de presentarse a laborar y se niega a entregar la información financiera para comprobar los egresos ante los órganos de fiscalización local, refirió Hernández Cruz. Incluso, el director del organismo indicó que, desde el 24 de febrero, el Ejecutivo fue enterado del desvío de recursos que cometió su sobrino, sin embargo, nada se ha hecho para sancionarlo, acusó. Sobre el polémico tema, el gobernador Aguirre advirtió este día: "Mi postura es muy clara, de que aquí no habrá impunidad, quienes tengan algo con lo cual hay que someterlos a una investigación, tendrán que ser investigados y, en consecuencia, serán sancionados como lo establece la ley", aclaró. Al preguntarle cuántos sobrinos o familiares directos ha colocado en la administración pública, el mandatario refirió: "No puedo darle una cifra especial, porque también me cargan muchos que por coincidencia se apellidan Aguirre y no tienen ningún vínculo familiar". Al insistirle en el tema, Aguirre evadió el tema argumentando que en los próximos días la actriz y cantante puertorriqueña, Jennifer López, visitará el puerto de Acapulco para grabar su nuevo video. Sobre el “Plan integral de reparación del daño causado a víctimas y familiares” por el desalojo de los normalistas, el mandatario señaló que se enfoca al fortalecimiento de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y al pago de indemnizaciones a los parientes de los dos estudiantes masacrados. Precisó que se habrán de destinar 38 millones de pesos para remodelación de la normal y recordó que el domingo 4 se expidió la convocatoria para alumnos de nuevo ingreso, que prevé un centenar de matrículas para la licenciatura de educación primaria y 40 para educación básica con enfoque intercultural. Este plan de reparación de daño pretende reflejar el respeto hacia los derechos humanos de este gobierno, presumió Aguirre. Dijo que los "beneficiarios" de este programa --en referencia a las víctimas de la represión-- recibirán "una tarjeta" para acceder a una indemnización, cuyo monto no fue revelado, y refirió que gastos médicos, como atención sicológica, vienen incorporados en este esquema. Aguirre evitó precisar si la puesta en marcha de este programa es la forma de asumir la responsabilidad del gobierno estatal en la ausencia de diálogo y desatención al conflicto que desató la muerte de los dos normalistas y el deceso del trabajador de una gasolinera. Tampoco comentó sobre las acciones penales que emprendió la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exprocurador estatal Alberto López Rosas y una decena de agentes del Ministerio Público del fuero común, policías ministeriales y un civil, a quienes se acusa de incurrir en diversos delitos federales por el mismo caso. Asimismo, eludió hablar sobre los más de 40 procedimientos administrativos que integró la Procuraduría local en contra de trabajadores de la dependencia por incurrir en presuntos actos ilegales durante el desalojo de normalistas. Lo anterior, pese a que ambas acciones legales han desatado una serie de protestas de trabajadores de la PGJE y han sido calificadas por los inculpados como una forma de "tratar de aplicar justicia incurriendo en arbitrariedades".