MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la segunda y última parte del ensayo escrito en exclusiva para Proceso, Arturo González de Aragón hace un recuento de las desgracias y calamidades que la opacidad y la deshonestidad han dejado en México: los casos del Fobaproa y la Estela de Luz, las tragedias del Casino Royale y de la guardería ABC… El extitular de la Auditoría Superior de la Federación propone que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior queden asentadas constitucionalmente para evitar en lo sucesivo la desmesura enfermiza de quienes detentan el poder. México es un país que tiene una ciudadanía con profundos valores éticos y morales: Es una sociedad trabajadora y esforzada, pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) somos el pueblo más trabajador entre los miembros de la misma: Laboramos en promedio casi 10 horas al día (595 minutos) en tanto que los alemanes son los que menos trabajan –siete horas diarias– pero son los que más valor crean. México está haciendo esfuerzos para combatir la opacidad, pero no son suficientes. El pasado 20 de septiembre el país firmó junto con Estados Unidos, Brasil, Noruega, el Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas, la Alianza para el Gobierno Abierto con el fin de promover la transparencia y combatir la corrupción. Las naciones firmantes deben presentar un plan de acción con compromisos a desarrollar en 2012. México asumirá cuatro compromisos: aumentar la integridad pública, hacer eficiente el manejo de recursos públicos, incrementar la rendición de cuentas y mejorar los servicios públicos. La realidad insiste en negar los compromisos que asume el gobierno federal. En el seminario organizado el mes pasado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se invitó a los partidos políticos a comprometerse con la rendición de cuentas, como actores indispensables para robustecer las normas en la materia. Se pidió a sus dirigentes proponer formas de rendición de cuentas también en la VIII Semana Nacional de Transparencia celebrada del 7 al 9 de septiembre pasado. La mayoría de los dirigentes no asistieron a la mesa programada. En casa del herrero, azadón de palo. Pareciera increíble, pero en el palacio de la transparencia, el IFAI, las sesiones del consejo son privadas. Por un principio elemental de congruencia todas las sesiones del pleno de ese instituto y todos los recursos de revisión deberían ser públicos. Se debe predicar con el ejemplo. En materia de elecciones uno de los delitos mas preocupantes que se está presentando y del cual no se conoce su verdadera dimensión es el denominado turismo electoral, que consiste en trasladar personas de otras entidades federativas al lugar en el que se llevan a cabo comicios. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en las elecciones de 2010 se detectaron casos de traslado masivo de personas de Morelos y San Luis Potosí a Veracruz, con credenciales de elector con domicilios falsos, para votar y alterar los resultados. Casos similares se han detectado en Chihuahua, el Estado de México, Hidalgo y Tabasco. El fenómeno de turismo electoral no se tiene cuantificado y ha tomado dimensiones masivas en los últimos comicios, pues se altera de forma ilícita el Registro Federal de Electores, lo que lo convierte en un delito muy grave. Este es otro de los casos en los que la falta de transparencia afecta seriamente el estado de derecho en el país. Por otra parte, en materia gubernamental, no disponer de una contabilidad patrimonial ha generado que no se cuente con registros del patrimonio nacional, con inventarios integrales del mismo ni mecanismos apropiados para su control y preservación, propiciando prácticas corruptas que implican un elevado riesgo de la desaparición de los activos. No llevar registro, control y resguardo de los activos adquiridos en los tres niveles de gobierno ha provocado en muchos casos que al término de cada administración se pierdan los bienes patrimoniales, debido al abuso de muchos servidores públicos deshonestos. Cuántas veces hemos visto que al terminar las gestiones de gobierno desaparecen inmuebles, muebles, archivos, computadoras, vehículos, obras de arte y tantos y tantos bienes que forman parte del patrimonio de todos los mexicanos. Con el apoyo de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, el 31 de diciembre de 2008 se aprobó finalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en vigor a partir del 1 de enero de 2009, obligatoria para los tres niveles de gobierno y con efectos plenos para 2012. La aprobación de esta ley hará posible la integración de las operaciones y su inclusión uniforme a la cuenta pública, cubrirá requerimientos de información transparente a los ciudadanos y hará viable la preservación del patrimonio público y el proceso de fiscalización superior. Faltan sanciones Muchos de los males que acontecen en el país ahora los conocemos gracias a la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización que llevan al cabo el IFE, el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la sociedad civil. Antes no sabíamos nada. Para el fortalecimiento de la transparencia en México, que signifique un salto cualitativo en el acceso a la información y en la rendición de cuentas, es necesario establecer el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI, dotarlo de capacidades de sanción, otorgarle autonomía constitucional, ampliar su cobertura en la materia para toda la administración pública federal y a toda persona física o moral que reciba recursos públicos, así como establecer que las sesiones del consejo del IFAI sean públicas. En materia de transparencia existe la convicción de que la rendición de cuentas es un motor de cambio, un revulsivo en la relación entre la sociedad y la gestión pública, pues de lo contrario las actitudes regresivas y la tentación de ejercer presiones veladas o abiertas siempre estarán presentes y pueden afectar los avances alcanzados. El IFAI afirma que la falta de transparencia en nuestro país no es casual, es intencional, ya que se han generado obligaciones de transparencia sin consecuencias para los incumplidos. Los obstáculos en contra del acceso a la información son, en muchos casos, infranqueables, sobre todo en estados y municipios. La falta de sanción para los servidores públicos que incumplen con su obligación genera la sensación de cinismo. De acuerdo con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el estado de derecho y la democracia son las bases esenciales para una auditoría pública independiente y responsable. La independencia, la rendición de cuentas y la transparencia son condiciones de una democracia basada en el estado de derecho. La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para el buen gobierno. La transparencia es una fuerza poderosa que, cuando se aplica de manera coherente, puede ayudar a combatir la corrupción, mejorar el gobierno y promover la obligación de rendir cuentas. La rendición de cuentas y la transparencia son inseparables, y de su calidad y contenido depende en buena medida la fiscalización. Por medio de la transparencia y la rendición de cuentas conocemos los programas de gobierno y la sociedad ejerce su derecho de escrutinio y evaluación del desempeño de los servidores públicos y de sus resultados. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser reflejo de una responsabilidad social con los ciudadanos y ser ajenas a la manipulación, la opacidad, las componendas, las consignas y las complacencias. Recuento de oprobios Gracias a la transparencia, al derecho de acceso a la información, a la fiscalización superior y a las denuncias ciudadanas conocimos, entre otros, los casos siguientes: 1. El robo a la nación por el Fobaproa, Amigos de Fox y el Pemexgate en dos ocasiones, por la complicidad y corrupción de funcionarios públicos; 2. La muerte de los niños de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, por la negligencia, complacencia y corrupción de servidores públicos; 3. La pérdida constante del patrimonio público en todo momento y en todos los rincones del país, por la falta de una contabilidad patrimonial; 4. El uso inadecuado de ingresos excedentes obtenidos por el aumento de los precios del petróleo, por la falta de visión y la carencia de proyectos; 5. La opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas del Poder Legislativo por falta de voluntad política y el abuso de facultades en el uso de recursos públicos; 6. El crecimiento desmedido de los gastos de comunicación en el Poder Ejecutivo, ya que según el CIDE hasta 2010 se ha gastado 28% más de lo autorizado por la Cámara de Diputados; 7. El escaso cumplimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de estados y municipios sobre los cuantiosos recursos federales que reciben y el desmedido endeudamiento contraído, que afecta seriamente las finanzas de futuras administraciones y el desarrollo de las generaciones por venir, por el manejo mafioso de los asuntos públicos; 8. El poder del crimen organizado y la delincuencia que han azotado al país y han provocado más de 45 mil muertes en cinco años, afectando la paz social y la garantía de seguridad que debe proporcionar el Estado; 9. La casi nula prevalencia de la ley y del Estado de derecho por la enorme corrupción de policías, ministerios públicos y jueces que venden la aplicación de la justicia en subasta al mejor postor, haciendo que la impunidad sea la constante en el país, pues sólo son castigados entre uno y dos de cada 100 delitos denunciados; 10. Los partidos políticos que manipularon la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a su conveniencia para no rendir cuentas y ser fiscalizados por los cuantiosos recursos públicos que reciben y manejan; 11. El contubernio y la corrupción entre servidores públicos y crimen organizado en los casos de casinos y casas de apuestas, que provocaron la muerte de 53 personas en el Casino Royale de Monterrey; 12. La falta de transparencia y rendición de cuentas sobre denuncias ciudadanas en las instancias públicas y en los medios de comunicación, sobre extorsiones de servidores públicos a los gasolineros para prevenirlos ante posibles intervenciones de las autoridades, caso en el que pareciera han callado a los denunciantes; 13. La mala calidad de la educación en México, que se hizo patente con las evaluaciones aplicadas en la prueba ENLACE por el gobierno mexicano, y por el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), aplicado por la OCDE, con resultados decepcionantes que explican en gran medida el atraso del país y lo ubican entre las naciones menos preparadas de los países líderes de las mayores economías del mundo; 14. La construcción de la Estela de Luz para conmemorar el bicentenario de nuestra Independencia, convertido en una hemorragia de opacidad, corrupción, impunidad e ineptitud para cumplir los objetivos establecidos. En lugar de un monumento al Bicentenario resultó ser un monumento a la corrupción; 15. Gracias al proyecto de Presupuesto de Egresos 2012 conocimos que cada uno de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán garantizados 5.9 millones de pesos en percepciones y prestaciones, por arriba de lo que recibe el Presidente de la República; y 16. Los partidos políticos, que en ciertos casos protegen a delincuentes y se convierten en escuela de capacitación intensiva de delitos electorales. Personajes conocidos denunciados públicamente lo acreditan con suficiencia. Ante las actitudes retrógradas que apuestan a debilitar la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización en el país y que atentan en contra de nuestra débil democracia, se requiere del fortalecimiento de las instituciones responsables y de los instrumentos y mecanismos existentes en estas materias. Para ello es necesario reflexionar en una serie de decisiones que hagan posible su consolidación y que se refieren a lo siguiente: 1. Cambiar el diseño institucional para asegurar la desaparición de la impunidad, que tanto afecta a la prevalencia de la ley y del estado de derecho y que alimenta la creciente corrupción que vivimos; 2. Fortalecer la independencia del IFE, el IFAI, la ASF, la CNDH y los órganos reguladores de distintas materias, a través del otorgamiento de la autonomía constitucional requerida para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades; 3. Otorgar y/o fortalecer facultades de sanción a las instituciones responsables de hacer cumplir las leyes en materia electoral, de acceso a la información pública gubernamental, de fiscalización superior y de derechos humanos, así como de otras especialidades como competencia, comunicaciones, administración tributaria, protección al consumidor y usuarios de servicios financieros; 4. En la elección y/o designación de los titulares de las instituciones responsables de cumplir y hacer cumplir las obligaciones en las materias antes descritas, propiciar la participación de representantes de la academia, las universidades, los investigadores y la sociedad civil, que aseguren privilegiar los perfiles profesionales y los méritos requeridos; 5. Evitar la intromisión de los partidos políticos en las designaciones de los titulares de las instituciones autónomas, para acabar con el cuotismo y el cuatismo de sus particulares intereses, que terminan cobrando facturas a los elegidos por el apoyo otorgado, convirtiéndolos en verdaderas marionetas; 6. Reflexionar, en cada caso, sobre la conveniencia de que las resoluciones de las instituciones autónomas sean inatacables; 7. Hacer públicas las sesiones y resoluciones de las instituciones autónomas que cuenten con órganos colegiados, para favorecer la transparencia y conocer las posiciones que favorezcan y/o afecten el interés superior de la sociedad; 8. Como exigencia de la sociedad, reducir a la mitad los recursos públicos que se destinan a procesos electorales, incluyendo a partidos políticos, institutos y tribunales electorales y fiscalías especializadas, buscando fórmulas de cálculo que limiten este enorme despilfarro de dinero público; 9. Modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, eliminando la excepción que existe para que los partidos políticos sean fiscalizados por la ASF. En 2009, esta excepción fue incluida en lo oscurito el día anterior a su aprobación, por los representantes de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados; 10. Establecer observatorios ciudadanos que representen los intereses de la sociedad para vigilar el comportamiento, la actuación y los resultados de las instituciones públicas, evaluando su desempeño y las desviaciones detectadas, haciéndolo del conocimiento de la opinión pública; 11. Exigir a los gobernantes y a los partidos políticos tomar las medidas necesarias para acabar con todos los monopolios públicos, privados y sociales existentes, que han representado un enorme obstáculo para hacer más competitivo al país, afectando el desarrollo económico de México y de los ciudadanos; 12. Exigir a los partidos políticos y candidatos a la Presidencia de la República proyectos de gobierno con visión de Estado y los compromisos que pretenden cumplir suscritos ante notario público, para su evaluación y seguimiento por parte de las instituciones responsables y de las organizaciones de la sociedad, haciendo públicos los resultados; 13. Establecer fórmulas que hagan posible la gobernabilidad, para evitar la parálisis política que hemos vivido en la últimas administraciones y que tanto han afectado el crecimiento y el desarrollo económico del país; y por último, 14. Alcanzar un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas y de los poderes fácticos, que privilegie sobre cualquier cosa el interés superior de la nación, estableciendo consecuencias severas para los responsables de los incumplimientos, con el fin de asegurar con una visión de largo plazo la atención de los grandes problemas nacionales. Conclusiones Hay un postulado supremo en las democracias que no admite discusión: El pueblo manda, el mandatario obedece, rinde cuentas y se somete al escrutinio de la sociedad. En México cada vez tenemos más información de los programas y las acciones de gobierno, pero cada vez tenemos también menos rendición de cuentas, pues la detección de conductas indebidas de los hombres públicos casi nunca tiene consecuencias. Vivimos casi en la total impunidad. En lugar de castigarlos se les encubre, justifica, protege, solapa o ampara y en el peor de los absurdos se les premia. La complicidad y el intercambio de complacencias alimentan la corrupción y la impunidad que nos hacen parecer un país de cínicos. Nuestro estado de derecho es una verdadera caricatura. Existen muchos políticos que al alcanzar el poder desarrollan el llamado Síndrome de Hybris. Éste era usado por los griegos para referirse al héroe que al alcanzar la victoria se embriagaba de poder y se veía como un Dios capaz de realizar cualquier cosa. Este síndrome puede afectar los procesos de gobierno y la toma de decisiones de los dirigentes, engendrando locura en el sentido de estupidez, obstinación o irreflexión. Una característica de la hybris es la incapacidad para cambiar de rumbo o dirección, porque ello representaría reconocer un error. El autismo y la soberbia, en muchas ocasiones, devienen en un gran fracaso y en un enorme daño para los gobernados. La ineficiencia, la corrupción y el abuso de poder de los gobernantes los hace incapaces de representar a la sociedad. El hartazgo social y la indignación ciudadana se manifiestan cada vez con mayor fuerza. Los gobernantes no pueden continuar con su autismo. La capacidad de escuchar y atender las legítimas demandas de la sociedad es una de sus obligaciones. La nuestra como ciudadanos implica exigir, denunciar, participar y ser corresponsables de construir un mejor país en beneficio de todos. La posibilidad de llamar a cuentas a los gobernantes es una de las condiciones necesarias de la democracia. Toda democracia debe contar con la posibilidad institucional de obligar a los hombres públicos a rendir cuentas a la sociedad. La rendición de cuentas debe ser pública, porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos. Los gobiernos que no aceptan rendir cuentas para ser fiscalizados, los que rechazan la transparencia y la medición de resultados tienden a ser gobiernos antidemocráticos con altos niveles de corrupción. La transparencia ha sido siempre una virtud de los hombres honestos y actualmente se ha convertido, al igual que la rendición de cuentas, en eje fundamental de la democracia y en aspiración de la reforma del Estado. La exigencia contemporánea de transparencia tiene raíces profundas en el espíritu humano. Su reclamo se finca en la búsqueda de la verdad sobre los asuntos que son de interés público. “Un pueblo sin visión no prevalece”, dice la Biblia. En la actualidad la mayoría de los que se dicen políticos sufren por su falta de visión, inmersos en las emergencias y el cortoplacismo, que obnubilan su pensamiento y propician que actúen sin la ética política y la moral pública requeridas; con la perversidad intencional de no permitir el triunfo de los adversarios políticos, sin importar que para ello se sacrifique el interés general de la nación. Las añagazas de su conducta son la constante en su diario actuar. El servicio público debe ofrecer al ciudadano un rostro sin máscara, un rostro que no se oculte y muestre el sentido más amplio de su desempeño y de su compromiso con los más altos valores de la patria. Para lograrlo, gobierno y sociedad deben darse cuenta de que los verdaderos cambios no están solamente en las leyes, sino también en las conciencias de todos los mexicanos. Creemos firmemente que el imperio de la ley y la prevalencia del estado de derecho deben estar siempre presentes como premisa ineludible de cualquier acción de gobierno. El intercambio de complacencias debe ser erradicado de toda acción política. Los órganos autónomos no deben actuar como fábrica de indulgencias plenarias. El ejercicio profesional del poder implica no sólo la premisa de que quienes participan en la actividad pública asuman las consecuencias jurídicas de sus actos, sino que al mismo tiempo rijan su actuación con base en valores éticos y morales, mirando siempre el interés superior de la nación. Por todo ello resulta indispensable que las bases universales de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior queden asentadas en nuestra Carta Magna, estableciendo el principio general de su observancia, con excepción de la reserva de asuntos de seguridad nacional y datos personales. Siempre he afirmado lo siguiente: “No hay peor pecado que hacer mal uso de los recursos que pertenecen al pueblo. Las conductas que se valen de trampas para aprovecharse de las ventajas que proporcionan los cargos públicos, merecen la peor condena de la sociedad y por ende el más severo de los castigos”. Para terminar, recordemos en todo tiempo y en todo lugar las sabias palabras del gran poeta y político cubano José Martí, hombre universal, quien señalaba: “Sólo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones”. * Auditor superior de la Federación de 2002 a 2009.