PUEBLA, Pue. (apro).- Tres mujeres de Chiapas denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que fueron torturadas por elementos de la Policía Ministerial para que confesaran su implicación en el asesinato de la activista Agnes Torres. La denuncia contra la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJE) quedó asentada con el número 637, con fecha 17 de marzo, pero además las jóvenes tramitaron un amparo federal, mismo que fue otorgado por el Juzgado Séptimo de Distrito, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura. Anahí Margarita Noyola Baltasar, de 24 años; Yanira Rosario Avendaño Noyola, y Félix Alí Noyola Rodríguez, ambas de 19 años, aseguraron que fueron víctimas de choques eléctricos hasta golpes en todo el cuerpo, y que además fueron amenazadas de muerte por los policías para que confesaran que conocían Agnes Torres y que habían planeado matarla después de asistir a una fiesta. Relataron que el jueves 15 fueron interceptadas y sometidas con violencia por los policías, quienes las trasladaron a las instalaciones de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), en donde las mantuvieron incomunicadas por tres días. La defensora por la diversidad de género, Agnes Torres, apareció muerta el domingo 11 en una barranca del municipio de Atlixco. El pasado fin de semana, la PGJE presentó a cuatro detenidos implicados en este homicidio, quienes supuestamente buscaban robar el automóvil de la activista. En entrevistas, las jóvenes, originarias de Chiapas pero que radican en Chipilo, Puebla, para cursar sus estudios, exigieron que se castigue a los responsables de las torturas físicas y psicológicas de las que fueron objeto. El padre de una de las jóvenes, José Manuel Noyola, dijo que han recibido amenazas por parte de los policías por la serie de denuncias que han hecho ante los medios de comunicación. En tanto que la Procuraduría de Puebla emitió un boletín en el que niega se hayan cometido abusos o violaciones a los derechos humanos dentro de las investigaciones del asesinato de la activista transgénero Agnes Torres. “El realizar este tipo de señalamientos en contra de las autoridades, es una estrategia recurrente realizada por abogados en la defensa de personas implicadas en ilícitos”, destacó la PGJE. Además, advierte en el texto, existen dictámenes médicos que avalan la condición de las personas implicadas durante su aseguramiento y posterior a su liberación, descartando abuso alguno. Sostuvo que la jóvenes chiapanecas fueron presentadas por el delito de encubrimiento y, al no existir flagrancia, se les dejó en libertad, aunque siguen bajo investigación, dado que además refirieron ser parejas sentimentales de los presuntos homicidas, por lo que se presume tenían conocimiento pleno de los hechos. “Es importante recalcar que Anahí Margarita Noyola Baltasar tenía entre sus pertenencias un teléfono celular con el que tuvo más de 70 contactos con Jorge Flores Zechinelli, presunto responsable del homicidio de Agnes Torres”, se advierte en el comunicado. Sin embargo, las agrupaciones Comité Orgullo Puebla, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Vida Plena, Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana, Erósfera y Centro de Atención e Incidencia para la Salud y los Derechos Sexuales emitieron un boletín para pedir que se investigue esta denuncia. “Hemos iniciado una solicitud formal de información al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y estamos pidiendo formalmente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado que siga de oficio la denuncia mediática para aclarar estos hechos”, anunciaron las ONG. También “reiteramos nuestra exigencia de total transparencia en las investigaciones y apego al estado de derecho. Condenamos cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga y sea quien sea la víctima de la misma”, subrayaron.