Uno de tantos flancos que dejó descubierto la administración de Felipe Calderón en su lucha militarizada contra el narco fue el de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos. Informes de Pemex-Refinación muestran cómo un problema que se mantuvo constante en los sexenios priistas y que aumentó durante el foxismo, se disparó cuando los cárteles buscaron sacarle el máximo provecho a “sus territorios” y se diversificaron. Comenzaron a extraer hidrocarburos de sus ductos, a robar autotanques y a vender combustibles en refinerías estadunidenses, hasta abrir un boquete en las finanzas de la paraestatal. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, emprendida sin una estrategia clara que incluyera la protección de la economía, dio paso a la diversificación de las actividades del crimen organizado. Alcanzó incluso un área estratégica y de seguridad nacional: Petróleos Mexicanos, el sostén del país. Si a finales de la era priista el robo de combustibles creció lo suficiente para figurar en las estadísticas, para el sexenio de Vicente Fox se convirtió en un problema constante. Y en el de Felipe Calderón la situación se agravó cuando el crimen organizado se involucró en el robo de petróleo crudo para venderlo en el extranjero. Documentos de Pemex –de los que Proceso tiene copia– evidencian cómo de 1998 a la fecha se ha incrementado el robo de los combustibles que viajan por las entrañas del país a través de los ductos y por las carreteras en autotanques, así como la sustracción ilegal de gas y productos condensados. Tampoco quedó a salvo el crudo. Por estos datos se puede establecer que los grupos criminales hurtan gran cantidad de hidrocarburos y los venden ilegalmente en las zonas más controladas por los cárteles de la droga, aunque no se señala cuáles grupos cometen este delito. Sin embargo se sabe que en Michoacán predomina La Familia Michoacana y ahí se registra el mayor robo de autotanques; en Veracruz, territorio zeta, y en la región noreste, cuna del Cártel de Sinaloa, la “especialidad” es la sustracción de gasolina de los poliductos. También se sustrae petróleo crudo a gran escala en los oleoductos que van de Nuevo León-Matamoros hasta Brownsville, Texas; en los que van de Tamaulipas a Nuevo León y los que llevan el hidrocarburo de Tamaulipas a Hidalgo; estas últimas, zonas con gran presencia del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Para mitigar este delito en 2004 el gobierno de Fox decidió establecer un programa especial llamado Combate al Mercado Ilícito de Combustibles (CMIC), a cargo de la subsidiaria Pemex-Refinación. De entonces al presente año las dos administraciones federales panistas destinaron aproximadamente 2 mil 117 millones de pesos a esa medida, pero tan sólo en los primeros cuatro años y seis meses de la gestión de Felipe Calderón fueron robados crudo, gasolinas y diesel por 19 mil 706 millones de pesos.   Daño millonario   Históricamente el consumo nacional de combustibles tenía un comportamiento análogo al crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo en la minuta de una reunión de seguimiento al programa contra el robo de hidrocarburos realizada el 2 de agosto de 2007, se especifica que “a partir de 1997 las ventas nacionales advierten una disminución respecto a la tendencia del PIB, esto debido principalmente a un creciente mercado ilícito de combustibles”. Para dimensionar la magnitud de ese mercado negro, en el documento se dice que la disminución proporcional de ventas “es estimada de 4.5 a 6 mil millones de dólares desde su repunte en 1998 hasta el 2002, lo cual representaría un volumen del orden de 52 mil barriles diarios en promedio”. En junio de 2004 el gobierno federal decidió poner en práctica nueve sistemas que se utilizan a escala internacional para evitar el robo de combustibles. Con ellos se pretendió llevar “el control de inventario de producto en estaciones de servicio, la operación remota del sistema de transporte por ducto para la detección oportuna de fugas del sistema y el control terrestre de autotanques a través de tecnologías basadas en geoposicionamiento”. Todo esto se reunió en el proyecto CMIC. El costo de los nueve programas se estimó en 988.47 millones de pesos iniciales y 2 mil 415 millones para la operación, es decir la renta de los servicios y la instalación del software. En 2004 se tenía conocimiento de varias modalidades de estos delitos: adulteración y dilución por contrabando de productos de menor calidad (en este caso generalmente están implicadas una o varias partes); cambio de grado (“generalmente el o los dueños de las estaciones de servicio venden Pemex magna como Pemex Premium o adulteradas mediante solventes”) y desvío de subsidios (“venta de diesel marino en lugar de Pemex diesel, debido a que el primero tiene un subsidio fiscal). Asimismo se identificaban las importaciones ilegales (“se han detectado cargamentos con productos de contrabando introducidos por las fronteras o los litorales de productos similares o sustitutos”) y el “robo de productos” (“se presenta a gran escala por tomas clandestinas en poliductos y robo de autotanques, y en menor escala en ordeña de pipas”). La gasolina robada, según Pemex-Refinación, “generalmente se vende en estaciones de servicio o distribuidores a precio inferior al valor en el mercado” o se transporta para “su venta en expendios clandestinos”. En esos reportes, que abarcan hasta el 2 de agosto de 2007 –primer año del gobierno de Felipe Calderón– no figuraba aún el robo de petróleo crudo, que sólo se puede vender a refinerías porque no está procesado para ningún uso. Conforme se diversificaron los cárteles de la droga y se intensificó la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado, surgió el robo de crudo y se dio a conocer en los medios. También se señaló a los ladrones: los grupos del narcotráfico. Por ejemplo en 2009, cuando Los Zetas aún eran el brazo armado del Cártel del Golfo, salió a la luz su participación en el robo de crudo. Igualmente el 31 de marzo de ese año se anunció con gran despliegue propagandístico que el dirigente del PRD en Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue detenido presuntamente por encabezar una banda vinculada con Los Zetas. También se dedicaba al robo de crudo y lo vendía en refinerías estadunidenses. El comisionado de la Policía Federal (entonces Preventiva) en Tamaulipas, Rodrigo Esparza, y la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora general de la República, Marisela Morales, declararon a la prensa que la banda sustraía el crudo en campos de recolección de la Cuenca de Burgos para después ingresarlo en pipas a Estados Unidos. “Se vendía a refinerías estadunidenses mediante pagos que depositaban en cuentas trianguladas”, dijo Esparza. Las autoridades federales informaron esa vez que, como parte de la investigación, durante 2007-2008 se contabilizaron movimientos y pérdidas para Pemex por 46 millones de dólares y 750 millones de pesos. El 8 de agosto de 2007, sólo una semana después de la mencionada reunión de seguimiento del programa, los encargados del CMIC establecieron que se habían invertido hasta ese momento mil 89 millones de pesos en nueve programas que “no han tenido los resultado que la institución requiere, que incluso el propio Consejo de Administración solicitó que se reorientaran las estrategias aplicadas, ya que existe la percepción de la opinión pública, que las acciones tomadas no son eficaces”. Incluso se informó que el robo de gasolina ya había pasado a segundo término y que ahora la sustracción estaba ocurriendo en los “oleoductos”, es decir, que se estaba perdiendo petróleo crudo, por lo que se determinó incluir esa red en las revisiones con los programas de alta tecnología. Se decidió mantener las revisiones aéreas, sobre todo en Veracruz e Hidalgo, y que “por la forma en que se encuentran operando los grupos delictivos y por los atentados que sufrieron las instalaciones de ductos en días pasados (las explosiones en los ductos de Guanajuato en julio de 2007) se tiene pensado proponer recorridos” aéreos “no tripulados con cámara infrarroja”.   Rutas fijas   El robo de hidrocarburos, específicamente de gasolina en ductos subterráneos, se mantuvo relativamente constante en el sexenio de Fox. De acuerdo con los documentos de Pemex, los grupos delictivos hicieron las siguientes tomas clandestinas: en 1999 se detectaron 189; en 2000 fueron 152; en 2001, 131; en 2002, 155; en 2003 bajaron a 152; en 2004 a 110; y en 2005 volvieron a subir a 136. El sexenio de Calderón es más dramático. Ya no sólo se cometieron robos de gasolina sino también se practicaron tomas clandestinas con robo de petróleo: en 2006 se ubicaron 220 tomas; en 2007, año de la declaración de guerra de Calderón, se detectaron 323. En 2008 fueron 396; en 2009 llegaron a 462 y tan sólo en el primer semestre de 2010 llegaron a 330. De acuerdo con un informe que la Secretaría de Energía entregó el mes pasado a la Cámara de Diputados –cuya copia tiene Proceso–, de octubre a diciembre de 2010 se denunciaron 219 tomas clandestinas, que sumadas a las reportadas en el primer semestre en el documento de Pemex-Refinación, suman 549 tomas clandestinas en 2010. En 2011 se encontraron 402. En 2009 los estados con mayor incidencia del hurto de hidrocarburos fueron: Veracruz (113 tomas), Nuevo León (66), Estado de México (57), Tamaulipas (31), Coahuila (18) y Sinaloa (17). En el primer semestre de 2010 Veracruz presentó 62 tomas clandestinas, Nuevo León 37, Sinaloa 29, el Estado de México 28, Tamaulipas 27, Baja California y Puebla 17 cada entidad, y Coahuila 14, entre poliductos y oleoductos. Los informes de Pemex-Refinación contienen otro dato revelador: presentan las tomas clandestinas detectadas y ya clausuradas, así como las “bajas de presión”, que son muchas más. Una baja de presión es el primer indicio que tiene Pemex de que se está presentando una futura toma clandestina, y no siempre alcanza a cubrirla o cerrarla. En el primer semestre de 2010 se detectaron 2 mil 79 bajas de presión y sólo 290 tomas clandestinas. Los oleoductos con mayores bajas de presión y más tomas clandestinas son el tramo Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta y Nuevo Teapa-Salamanca-Tula. Los poliductos en esa circunstancia son: Rosario-Mexicali; Topolobampo-Culiacán; Cadereyta-Matamoros-Brownsville; Satélite-Monclova-Coahuila; Madero-Cadereyta; Satélite-Gómez Palacio; Salamanca-Guadalajara; Chihuahua-Juárez y Minatitlán-Salina Cruz. En tanto que el robo de autotanques que llevan gasolina y diesel por las carreteras se produjo sobre todo en las rutas de Irapuato-Lázaro Cárdenas y Minatitlán-Oaxaca. De 2007 a 2011, en la primera se presentaron 52 incidentes y en la segunda 27. Veracruz y Michoacán son los estados donde más robos se denuncian. El costoso programa de detección no ha podido frenar el millonario robo de crudo, gasolinas y otros procesados, entre otras cosas porque interviene gente de la propia empresa. Como se establece en los reportes de Pemex-Refinación, los aparatos de geolocalización (GPS) que se usan para rastrear los autotanques “dejan de transmitir señal”, no dan “señal de alarma”, “hay falsas alarmas”; el sistema integral de medición y control de terminales no funcionan bien y “es demasiado pobre”. En otros casos “los sensores” que utilizan los laboratoristas “están dañados intencionalmente”. Además se ha establecido que en el sexenio foxista hubo escasas denuncias y cuando se presentaron, hubo casos en que no se sentenció a nadie. El 11 de agosto de 2009 el consejero de asuntos internacionales de la PGR, Ariel Moutsatsos, declaró al respecto que “los cárteles pelean por pedazos de un pastel que se achica. Cuando no te queda pastel… entonces tienes que buscar otro negocio ilegal para pagarle a tu gente”.