MÉXICO, DF, (apro).- Organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a los diputados federales para rechazar el proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), elaborado por la Comisión de Justicia y basado en la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón en septiembre de 2011. En un pronunciamiento, dichos grupos manifestaron su preocupación por ese proyecto, debido a que la iniciativa presidencial, acusaron, es contraria a los parámetros internacionales de derechos humanos y no acata las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sobre la invalidez de testimonios obtenidos bajo tortura. Según los organismos no gubernamentales, la iniciativa presidencial no fue modificada por los diputados, quienes no tomaron en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las de diversos organismos de las Naciones Unidas (ONU). El proyecto, advirtieron, “no debe aprobarse porque es contrario al espíritu del sistema penal acusatorio”. Es por esa razón que piden a los legisladores corregir el texto y orientarlo hacia estándares internacionales, así como abrir discusiones a través de consultas públicas. Denunciaron que la iniciativa deja en manos del Ministerio Público (MP) la discrecionalidad para imponer las medidas cautelares, “en franca contradicción con el artículo 19 constitucional, que prevé que éstas son competencia exclusiva de un juez”. La iniciativa, acusaron, extiende el catálogo de delitos graves, una acción “que excede el techo constitucional del artículo 19, lo que abrirá a abusos en la determinación de medidas cautelares y prisión preventiva”. Entre las medidas que podrían ser ejecutadas sin la intervención del Poder Judicial, puntualizaron, se encuentran los cateos, operaciones encubiertas e infiltración de agentes, sin que exista claridad en “el modo en que habrá control judicial en todo momento, abriendo la posibilidad de acusaciones inverosímiles, fabricación de culpables y allanamientos arbitrarios”. Para las organizaciones, resulta “alarmante” que la iniciativa considere la admisión de pruebas obtenidas ilegalmente. “Nos alarma advertir que el nuevo proyecto de CFPP incorpore tres excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de legalidad y abre la puerta a abusos tan graves como la tortura”, sostienen las agrupaciones sociales. Destacaron que el artículo 291 señala que “no se considerará violatoria de derechos humanos” información que, “aun cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios”, o cuyo vínculo a los actos violatorios de derechos humanos sea “atenuado”, situación que para las ONG resulta “un término ambiguo”. Además, el proyecto prevé la admisión de “una prueba impugnada siempre y cuando la misma se obtenga de alguna fuente independiente de los abusos cometidos, aunque estuviera relacionada con ellos”. Esta excepción, advirtieron, “abre la puerta a que fuerzas federales sigan cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones para después argumentar que habrían llegado a cualquier dato por una vía legal”. Resaltaron que los riesgos son mayores cuando en México la tortura sigue siendo un método utilizado por fuerzas policiales y armadas, y que la prueba de ello es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que en los últimos dos años la práctica se ha incrementado en 550%. Insistieron en que el proyecto, que podría ser aprobado por la mayoría de los diputados, “se aparta por completo de la reforma constitucional de 2008 y de las recientes reformas en amparo y derechos humanos, e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio bajo formalidades que quieren simular un modelo acusatorio”. Es por ello que el grupo de organizaciones recomienda a la comisión legislativa “reorientar el proceso para formular un Código que sí responsa a una lectura integral del marco jurídico mexicano y de las obligaciones internacionales de México”. También demandaron una “consulta pública, informada y plural en torno a esa reforma, que asuma la centralidad del respeto a la institucional democrática, los derechos humanos y el espíritu del sistema acusatorio de justicia penal”. Entre las ONG que respaldan el pronunciamiento destacan la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de los Derechos Humanos (Afadem), Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos (COMDH), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Asimismo, Fundación Diego Lucero (FDL), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como las 72 agrupaciones integradas en la Red Todos los Derechos para Todos (Red TDT).