MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones no gubernamentales chihuahuenses que se dedican a la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, acusaron al gobernador de ese estado, el priista César Duarte, de emprender una campaña de “linchamiento” moral en su contra. A su vez, la organización irlandesa Front Line Defenders reprochó al mandatario que ponga en riesgo a los activistas al asegurar que lucran promoviendo una mala imagen de Chihuahua, por lo que le pidió retractarse. El “linchamiento”, del que lo acusan 36 importantes organizaciones sociales de Chihuahua y Ciudad Juárez, se originó a raíz de la audiencia que Duarte consiguió el pasado 22 de marzo en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, D.C., donde presentó la versión oficial --contraria a la presentada por las organizaciones--, sobre la estrategia gubernamental para contrarrestar la violencia, y donde aprovechó para acusar a las organizaciones de “vivir de” “lucrar” con atacar al gobierno. Apoyadas por la Red Todos los Derechos Todos y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, las organizaciones sociales impugnaron la versión en la que el gobernador publicitaba que habían bajado los feminicdios, la violencia y la tortura. Señalaron que “en Chihuahua no ha disminuido, sino se ha exacerbado la violencia contra las mujeres, pues tiene posiblemente la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres, 15 veces más alta que la tasa de homicidios en el mundo. Tan sólo de 2011 a la fecha se cuentan más de 400 desaparecidas en el estado, y existen pruebas de que la tortura está lejos de desterrarse de la práctica de los cuerpos policíacos como el de Ciudad Juárez”. Las organizaciones criticaron a la CIDH por haber hecho un reconocimiento público al gobierno chihuahuense y por haber recibido a Duarte, “fuera de su programa de audiencia” y sin las organizaciones de la sociedad civil estuvieran presentes. Entre las organizaciones firmantes en rechazo a las declaraciones del gobernador se encuentran el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), El Barzón, el Frente Democrático Campesino, Justicia para Nuestras Hijas, Casa Amiga, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Red Mesa de Mujeres, así como organizaciones eclesiásticas, de abogados, indígenas, migrantes, feministas, artistas, infancia y movimientos ciudadanos, populares, artistas y pacifistas. Ante los señalamientos, Duarte acusó que las organizaciones –entre las que se encuentran las más reconocidas del Estado-- buscan “establecer intereses meramente electorales (…) para acceder al poder” y “alimentar intereses partidistas o particulares, que van en detrimento de la función de las organizaciones legítimas”. La confrontación ha llegado a tal grado que Adam Shapiro, el director de Campañas de la organización Front Line Defenders, reprochó las afirmaciones de Duarte. Dijo que con sus señalamientos, el gobernador ha puesto los defensores de los derechos humanos de su estado en grave riesgo. “Aunque puede sentirse frustrado por la violencia en su estado y la aparente incapacidad de las fuerzas policiales y de seguridad al obtener nulos resultados al respecto, el gobernador Duarte Jáquez no debería arremeter contra aquellos que sólo buscan justicia. Defensores de Primera Línea pide encarecidamente al gobernador Duarte Jáquez retractarse de su declaración, y reafirmar el compromiso de su gobierno con los derechos humanos y a la protección de los defensores de los derechos humanos en el estado de Chihuahua”, indicó la organización. A su vez, el jesuita Javier Ávila, director de Cosyddhac, señaló en una carta pública, en nombre de las organizaciones: “No nos interesa ni lucrar ni atacar, mucho menos vivimos ‘de eso’, según sus palabras. Tampoco es necesario ir a la CIDH para sustentar nuestro trabajo ni demostrar lo que es patente y ha venido sucediendo desde hace años en nuestro estado. Basta con abrir los ojos y estar cerca del pueblo. ¿O acaso debemos ver, oír y callar? No podemos aceptar que en México nuestros derechos se conviertan en favores.”