GINEBRA (apro).- En Sri Lanka –país insular con más de 20 millones de habitantes que en 2004 sufrió un tsunami devastador--, el gobierno de la mayoría ceilanesa llevó a cabo un plan de exterminio contra la minoría tamil, que constituye el 18% de su población (dos tercios nativos, el resto descendientes de inmigrantes de la India). Ello fue mostrado por dos documentales de la cadena británica Channel 4, --lo que le ha valido ser propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz—y obligó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas a reabrir el caso de las masacres en ese país. El conflicto armado en Sri Lanka duró 26 años. Concluyó en 2009 con la derrota militar de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE). Esta organización –la cual figuraba en la lista de organizaciones terroristas elaboradas por la Unión Europea y Estados Unidos—pretendía proclamar un estado tamil independiente en el norte del país. Con el pretexto de aniquilar al LTTE, el gobierno del actual presidente Mahinda Rajapakse, con apoyo de su hermano, el ministro de Defensa, Gotabaya Rajapakse, realizó masacres contra la minoría Tamil. Se le atribuyen alrededor de 300 mil desapariciones y asesinatos, así como torturas generalizadas. El conflicto provocó además el desplazamiento interno de un millón de personas y el exilio de medio millón más. Sólo la ofensiva final realizada por el Ejército de mayo de 2009 causó la muerte de 40 mil civiles, así como incontables mujeres violadas y numerosos niños reclutados por la fuerza. Los dos videos del canal televisivo ingles Channel 4 subidos a You Tube son elocuentes de lo ocurrido: muestran fotos y secuencias de bombardeos a hospitales y centros de la Cruz Roja, así como ejecuciones de prisioneros desarmados. La ONU certificó la autenticidad de las imágenes. Además, recogen declaraciones escalofriantes de protagonistas y testigos, y exponen mapas, documentos confidenciales e imágenes proporcionadas por satelites que confirmaron una verdadera “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, como fundamenta la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor en 1951. Compuesto por 47 Estados que se van rotando anualmente según una distribución por grupos regionales, resultado de la elección secreta por la Asamblea General de Naciones Unidas, el CDH de la ONU constituye la maxima autoridad mundial en materia de derechos humanos. En 2009 el CDH realizó una sesión especial en Ginebra mediante la cual este organismo se inhibió de investigar dichas matanzas. Obtuvo para ello el apoyo mayoritario de los países que lo integran: 29 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. En contraparte, el régimen de los hermanos Rajapakse --surgido de las urnas en 2005—dio su palabra de promover y proteger los derechos humanos y aceptar una asistencia técnica de la ONU, fingiendo una reconciliación nacional. En realidad, consolidó una limpieza étnica, dejó de lado las promesas y simuló una aparente cooperación con Naciones Unidas. Quizá para mejorar las apariencias nombró embajadora en Ginebra a Tamara Kunanayakam, una tamil que se pasó de bando y abandonó la vinculación con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reclamaban el cese de los atropellos contra los tamiles. El pasado 22 de marzo el CDH reabrió el caso. Se apoyó en el informe presentado por la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas en Sri Lanka, el cual señaló que el gobierno de Sri Lanka “no se ocupa adecuadamente de las graves denuncias por violaciones al derecho internacional”. El CDH pidió al gobierno de Sri Lanka "medidas adicionales necesarias para cumplir sus obligaciones legales pertinentes y el compromiso de iniciar acciones creíbles e independientes para asegurar la justicia, la equidad, la responsabilidad y la reconciliación de todos los ciudadanos de ese país”. El enviado especial y ministro polifuncional de Sri Lanka, Mahinda Samarasinghe, se quejó en las deliberaciones de Ginebra pues "nadie nos tiene que decir como arreglar nuestros asuntos". Y advirtió: "los países que viven en casas de vidrio no deben tirar piedras". Sus reclamos no frenaron la resolución de condena, que obtuvo 24 de los 47 sufragios. Se opusieron 15 países y otros ocho se abstuvieron. Cuba piloteó la resistencia en nombre de la supuesta soberanía de las delegaciones adversas a la presunta injerencia de la ONU. Alegó que no se han agotado las instancias internas de Sri Lanka para resolver los problemas heredados de las hostilidades, y que "Estados Unidos no desmanteló el campo de concentración de Guantanamo", según señaló su embajador en Ginebra, Rodolfo Reyes Rodríguez. Lo secundaron en una declaración conjunta China, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Bielorusia, Pakistán, Argelia, Sudán, Irán, Zimbabwe, Filipinas, Myanmar y Vietnam. La réplica la asumió México, país que fue abundantemente puesto en evidencia durante esta primera sesión anual del CDH finalizada en marzo pasado, el cual demostró estar abierto a debatir sus falencias, retos y desafios en la ONU. El embajador mexicano en Ginebra, Juan José Gómez Camacho, recordó que los organos de derechos humanos de la ONU no son tribunales ni estan atados a jurisdicciones nacionales que deben recorrer los Estados antes de ser expuestos a la mirada externa, sino foros para mejorar el respeto de los derechos humanos a través del dialogo y la persuasión. Argumentó que la defensa de esos derechos es sin fronteras y no implica ningun avasallamiento de soberanía para nadie, en el entendido que se busca proteger a las poblaciones civiles. En medio de un clima de difamación e intimidación contra defensores de los derechos humanos, objeto de hostigamiento, espionaje e intimidación tanto en Sri Lanka como en Ginebra, y al calor de las movilizaciones de la diáspora tamil en el exilio frente al Palacio de las Naciones en esta ciudad, la ONU exhortó al gobierno de los hermanos Rajapakse a presentar "con la mayor rapidez posible un plan general de acción en el que se detallen" las disposiciones adoptadas y por adoptar para erradicar la impunidad. El Consejo le encargó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que le informe sobre la evolución de la situación, una tarea que se anuncia ardua por las alegaciones de parcialidad de Sri Lanka contra Pillay a raíz de los conocidos origenes tamiles de su familia antes de emigrar de la India a Africa del Sur, donde ella nació en 1941.