Activistas "incómodos" en Chihuahua

viernes, 13 de abril de 2012 · 21:16
MÉXICO, D.F. (apro).- El próximo 19 de mayo, Esmeralda Castillo cumplirá tres años desaparecida; desde ese hecho, su padre, José Luis Castillo, emprendió una búsqueda incansable. Ha recorrido palmo a palmo el barrio de La Merced en el Distrito Federal, su estado natal, Chihuahua, y también ha presentado denuncias ante las autoridades y medios de comunicación. José Luis Castillo ha increpado a quien se dice gobernador del estado, César Duarte, y un intento más por recibir ayuda para localizar a su hija lo realizó el pasado 1 de abril, en Ciudad Juárez. Ese día, el aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto visitaba la ciudad como parte de su campaña. El candidato llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los elementos del Ejército que lo custodian todo el día y el resto del equipo de seguridad impidieron que José Luis Castillo se acercara al mexiquense. Y aunque le bloquearon el paso, logró entregar a algunos miembros de la comitiva de Peña Nieto una carta en donde pedía ayuda para encontrar a su adoración, su pequeña hija, quien contaba con 14 años cuando desapareció. Peña Nieto fue ese día a Juárez para promover su candidatura y convencer a los juarenses de que voten por él, pues según él tiene la fórmula para acabar con el crimen organizado. Asegura que sólo escuchando a la gente y estando cerca de ella es como se podrá ganar la guerra a la delincuencia; dice que habla de cara ante la ciudadanía, pero la verdad es que, en los asuntos verdaderamente importantes para el mexicano común y corriente, el candidato ha cerrado la puerta. No se acerca con ellos, no los escucha y, cuando éstos pretenden hacerlo, como intentó el padre de Esmeralda, se les bloquea el paso; por eso José Luis Castillo sólo pudo entregar una carta en la que implora a Peña Nieto “se sirva ordenar la búsqueda y localización de nuestras hijas y jovencitas desaparecidas”. Diez días después de este “atrevimiento” ante el candidato mexiquense, el padre de Esmeralda tuvo como respuesta de las autoridades priistas de Chihuahua… ¡su encarcelamiento! Efectivamente, César Duarte, el gobernador del PRI que intentó por todos los medios, y lo consiguió, que José Luis Castillo no se acercara a Peña Nieto, solicitó la detención y encarcelamiento del padre de familia por su presunta participación en un robo ocurrido ¡¡hace cuatro años!! Se trata de un asalto a un negocio de masajes registrado en 2008; el activista social, José Luis Castillo, fue exculpado del ilícito, pues se comprobó que nunca participó en dicho robo; sin embargo, hoy las autoridades locales sostienen que sí lo hizo, que llevaba en sus manos un arma y su hijo una metralleta Uzi, con las que supuestamente asaltaron el lugar. Son las mismas autoridades que desde hace tres años, tiempo en que inició la búsqueda de su pequeña, han tratado de disuadirlo para cese en su empeño. Las mismas autoridades que hoy han encarcelado al activista son las mismas que le han dicho desde hace tres años que no siga en su denuncia, pues “por su culpa nadie quiere invertir en Juárez”. Son las mismas que le han dicho desde hace tres años: “Si no tiene miedo a que lo maten”. Y a las mismas a las que el propio José Luis ha respondido: “¡Qué miedo voy a tener, si ya estoy muerto en vida!”. A la angustia que José Luis Castillo ha padecido en los últimos tres años, hoy se suma su encarcelamiento y la de su hijo por un delito del que fueron exculpados hace cuatro años, pues el verdadero asaltante ya confesó que el activista y su vástago nunca participaron en el robo. Por como están sucediendo las cosas, pareciera que todo está “fabricado” por el gobierno del estado, que ya no sabe cómo frenar a un activista que no está dispuesto a dejar a su hija en el olvido. Y más raro resulta todo eso si reparamos en lo que ha dicho la abogada de Castillo, Carla Michel Salas: “Efectivamente, el señor Castillo fue detenido junto con su hijo y otra persona que declaró que ni el señor ni su hijo estaban vinculados en el asunto. Fueron unas horas, los detuvieron en la calle; efectivamente, iban acompañados de esta persona vinculada a un robo; los trasladan y esta persona señala que ellos no tenían vinculación con el asunto, por eso les dejaron en libertad”. Otro dato revelador que ofrece la defensora es que justamente quien hoy está haciendo los señalamientos contra José Luis Castillo es la dueña de las casas de masajes denominadas Sirena y Roma, “donde se ejerce la prostitución. Hay que recordar que las redes de trata de mujeres no funcionan sin las complicidad de las autoridades”. Y por si fuera poco, el viernes pasado una mujer presentó otra acusación en contra del activista, al asegurar que ese mismo año, 2008, fue asaltada cuando estaba en una estética. Ella identifica a Castillo como el agresor; ahora resulta que las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que si reconoce al activista como participante en otros delitos, acuda a denunciarlo. Las acciones del gobierno del estado hacen pensar que todo forma parte de un montaje para quitarse de encima a los “activistas incómodos” que, como don José Luis, se atreven a increpar al gobernador priista César Duarte. Los activistas acusan directamente al mandatario de no resolver los casos de niñas desaparecidas y, sobre todo, se atreven a intentar pedir ayuda “al candidato” presidencial, el mismo que asegura que está “cerca de la gente” y quien no fue capaz de darle cinco minutos a un padre de familia que, desde hace tres años, vive la angustia e impotencia de no encontrar a su hija. Esmeralda Castillo forma parte de las 150 jovencitas desaparecidas por las cuales lucha el comité de madres y familiares de niñas y mujeres desaparecidas. Hoy, mientras ella sigue desparecida, su padre y hermano han sido encarcelados por un delito del que fueron exculpados, y justamente son perseguidos por un gobierno que no ha sido capaz de dar seguridad a sus propios ciudadanos. El caso de Castillo resulta inquietante, como en su momento lo fue el de Marisela Escobedo, por el sinnúmero de amenazas que padeció la activista, asesinada impunemente en diciembre de 2010 y quien evidenció la ineptitud de las autoridades de Chihuahua para hacer justicia a su hija Rubí. El priista César Duarte debería mejor dedicarse a gobernar el estado y no a criminalizar a los activistas sociales. Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

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