LONDRES (apro).- El gobierno de coalición que encabeza el primer ministro conservador David Cameron controlará las llamadas, correos electrónicos y visitas a páginas de Internet de todos los habitantes del Reino Unido. Lo hará amparado por una polémica ley al estilo del “Gran Hermano”, la cual ha generado fuertes críticas en el país, tanto de parlamentarios como de grupos defensores de derechos civiles. Según el plan derivado de esa ley –el cual será dado a conocer en detalle en las próximas semanas–, las compañías proveedoras de servicios por Internet estarán obligadas a dar a la agencia de Inteligencia británica GCHQ acceso a las comunicaciones en tiempo real cuando ésta lo solicite. El Ministerio del Interior británico afirmó que la medida busca luchar contra el crimen y el terrorismo, aunque grupos defensores de derechos civiles en el país sostienen que el plan es una afrenta a los derechos humanos de los británicos. La nueva ley, que será anunciada en mayo próximo como parte del discurso de la reina ante el Parlamento, no permitirá a los detectives y espías del GCHQ acceder a los contenidos de e-mail, llamadas o mensajes telefónicos sin antes obtener una autorización judicial, pero permitirá a los agentes de Inteligencia identificar qué individuo o grupo está en contacto con otra persona o grupo, cada cuánto tiempo y por cuántos días. Bajo directivas de la Unión Europea (UE) aprobadas en 2009, los proveedores de servicios de internet están obligados a guardar durante 12 meses detalles de usuarios de la web, así como correos electrónicos y llamadas telefónicas a través de internet. Aunque el contenido de dichas llamadas no se guarda, sí lo son los detalles de la persona que envía y recibe el correo o llamada, la hora de la comunicación y el sitio geográfico desde donde se envía el correo o se hace la llamada. La propuesta legislativa extenderá esos requerimientos a las cada vez más populares redes sociales como Facebook, Twitter y Bebo, y a servicios telefónicos por internet, incluido Skype. En un comunicado dado a conocer por el Ministerio del Interior el pasado 2 de marzo, el gobierno indicó que la acción “es necesaria para mantener el control de las comunicaciones a medida que cambia la tecnología”. “Es vital que la Policía y los servicios de seguridad puedan obtener información sobre comunicaciones en ciertas circunstancias con el propósito de investigar delitos serios y prevenir actos de terrorismo, como también proteger a la población”, destacó un vocero oficial. “Como dejó en claro la Revisión de Seguridad y Defensa Estratégica, nosotros vamos a legislar cuando nos permita el cronograma parlamentario, para garantizar que el uso de información de comunicaciones sea compatible con las políticas del gobierno en materia de libertades civiles”, agregó. La ministra del Interior, Theresa May, dijo que los controles ayudarán a llevar ante la justicia a “criminales, pedófilos y terroristas”. May señaló que registros telefónicos son utilizados frecuentemente por la Policía para resolver delitos, como los asesinatos en serie en 2002 de las llamadas “niñas de Soham” por parte del criminal Ian Huntley, así como la muerte del niño de 11 años Rhys Jones, en 2007, en Liverpool, por parte de una pandilla. Temores Las garantías ofrecidas por la ministra no fueron suficientes y generaron preocupación en muchos parlamentarios y grupos defensores de derechos civiles. Uno de ellos, Nick Pickles, director de Big Brother Watch, grupo que hace campaña por las libertades civiles y de privacidad, calificó el plan como “medida sin precedente”; y dijo que verá a Gran Bretaña adoptar el mismo tipo de vigilancia que existe en China e Irán. “Este es un ataque total a la privacidad online y es muy improbable que mejore la seguridad pública, aunque sí sumará costos significativos a los negocios por internet”, destacó el activista. La previa administración laborista, encabezada por Gordon Brown, intentó introducir una base de datos central a cargo del gobierno con la información de todas las llamadas telefónicas y e-mails, aunque debió archivar la propuesta por una fuerte oposición conservadora y de los liberales democráticos. El entonces ministro del Interior en la sombra, el conservador Chris Grayling, afirmó que el gobierno de Brown creó "una cultura de la vigilancia que va más allá de las políticas antiterroristas y contra los delitos serios". En tanto, para el portavoz de Asuntos de Interior de los Liberales Democráticos, Chris Huhne, cualquier legislación que requiera a los proveedores de comunicación mantener registros de contactos, necesitará "fuertes salvaguardas para el acceso", y deberá garantizar un "balance cuidadoso" entre las agencias de Inteligencia y seguridad del país y el derecho a la privacidad de los británicos. Sin embargo, Nick Clegg, jefe de esa agrupación y viceprimer ministro británico, salió a poner paños fríos al asunto: indicó que las medidas "no son tan draconianas como han sido retratadas" en los medios de comunicación; y dijo que se crearon "muchos mitos" al respecto. "Vamos a garantizar absolutamente las salvaguardas para las libertades civiles y de privacidad de los habitantes", dijo Clegg, quien enfrenta una fuerte división dentro de su agrupación por los planes oficiales al estilo “Gran Hermano”. “Cualquier medida que tomemos, será por supuesto proporcionada y no vamos a sacrificar las libertades civiles de las personas, ni crearemos una mega base de datos en el gobierno”, agregó. Chris Fox, ex jefe de la poderosa Asociación de Oficiales de la Policía (ACPO, por sus siglas en inglés), sostuvo que la propuesta "implicará una enorme intervención del Estado en las vidas privadas de las personas". "Si se investigan crímenes hay blancos específicos de la investigación. La propuesta del gobierno es totalmente desproporcionada para el 99.9% de la población que cumple con la ley", afirmó el experto. Entre los críticos al plan también está el exministro del Interior, David Davis, quien sostuvo que para accederse a toda esa información personal las agencias de inteligencia “deberían pedir autorización a un juez o magistrado”. “Eso los forzará a enfocarse en los verdaderos terroristas en lugar de hacer que Gran Bretaña se vuelva una nación de sospechosos”, agregó. Para su colega, el conservador Dominic Raab, se trata de un plan "para privatizar la vigilancia al estilo de Gran Hermano". Raab obtuvo un documento escrito en octubre de 2010 por la oficina del Comisionado para la Información, Christopher Graham, que no justifica la implementación de dichas políticas de vigilancia en el país. El informe también advierte que dicha información confidencial "será como un tarro de miel ya que revelará los hábitos de internet de celebridades, políticos y demás figuras públicas". Incluso el opositor Partido Laborista se mostró cauto ante la propuesta del gobierno. Admitió que los servicios de seguridad deben mantenerse actualizados con nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, agregó, tienen que existir "controles claros y balances" en cómo investigan. El jefe laborista, Ed Miliband, sostuvo que el tema "es muy sensible" y agregó que fue "espectacularmente mal manejado" por el gobierno, algo que según el parlamentario ha llevado a temores de intrusión en la vida privada de los británicos. Incluso si la propuesta legislativa es anunciada por la Reina Isabel II en mayo próximo, una eventual ley debería ser aprobada antes por el Parlamento, donde se estima que enfrentará fuerte oposición tanto en la Cámara de los Comunes como en la de los Lores. Según la Asociación de Proveedores de Servicios de internet, cualquier cambio a las medidas vigentes deberá ser "proporcionado, respetar la libertad de expresión y a privacidad de los usuarios". Queda por verse si Gran Bretaña, que ya es el primer país del mundo por número de cámaras de seguridad de circuito cerrado (CCTV) en sus calles, se convertirá además en un peligroso Estado ‘Gran Hermano”.