MÉXICO, D.F. (apro).- La alcaldía de Purísima del Rincón, Guanajuato, que preside el panista Abraham Collazo Dimas, despidió al trabajador discapacitado José Vázquez Beltrán –sin tomar en cuenta que contaba con una incapacidad expedida por el IMSS–, por el hecho, según le confiaron sus compañeros de trabajo, de que daba “mala imagen” al municipio. Vázquez Beltrán ingresó a laborar en el municipio de Purísima del Rincón el 13 de mayo de 2002. Fue adscrito a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Se le asignó la categoría 01, la más baja en el escalafón municipal. Fue designado “jardinero” de un campo de futbol municipal. Su labor consistía en mantener en buen estado las canchas de juego. José Vázquez Beltrán (número de empleado 00180), quien padece de parálisis cerebral por complicaciones de una meningitis desde los 11 años, sufrió una recaída el domingo 4 de marzo; al día siguiente, lunes 5, acudió a la clínica 27 del IMSS, ubicada en Purísima del Rincón, donde le expidieron una incapacidad inicial de cinco días. Cuando Vázquez Beltrán –quien por consecuencias de su parálisis cerebral sufre de atrofia en su columna vertebral– se presentó a su trabajo para entregar la incapacidad, se encontró con la novedad de que estaba despedido. De nada le valió su incapacidad. Entre balbuceos, Vázquez Beltrán explica que cuando llegó a la Dirección de Ecología fue trasladado a una oficina donde lo esperaba el director jurídico del municipio, Rigoberto Márquez Márquez, quien lo presionó para que estampara su huella digital en un contrato de terminación de relaciones laborales. Al funcionario municipal no le importó que el trabajador tuviera una incapacidad laboral expedida por el IMSS. “Si no firmas, será peor para ti”, le advirtió. El municipio le ofreció 26 mil 358 pesos de finiquito por 10 años de servicios. A finales de febrero, en declaraciones a El Heraldo de El Bajío, Márquez Márquez reconoció que la salud de Vázquez Beltrán “está en riesgo de deteriorarse más, y eso es lo que menos desea” el municipio. “Él tiene un problema físico muy serio, su columna se está dañando y si sigue haciendo un esfuerzo puede quedar paralítico”, dijo el funcionario municipal en esa ocasión. Sin embargo, 10 días después él fue el encargado de presionar al trabajador para que firmara el contrato de terminación de relaciones laborales. El argumento del municipio, explicó Vázquez Beltrán, fueron sus constantes ausencias, mismas que en todo momento estuvieron amparadas por incapacidades médicas expedidas por el IMSS. Ello no importó a la presidencia municipal. Sin embargo, sus compañeros le confiaron que la verdadera razón por la que fue dado de baja fue porque daba “mala imagen” al municipio. Vázquez Beltrán relata que en sus 10 años de servicio fue víctima de “mobbing laboral” (acoso equivalente al “bullying” escolar) con burlas y mofas hacia su condición física, en especial de una compañera que lo acusó, incluso, de “meter mujeres a los campos”. Vázquez Beltrán, de 43 años, está casado con una mujer discapacitada; es el único sostén de su familia y ahora que ha sido despedido corre el riesgo de perder su casa de interés social, adquirida a través de un crédito del Infonavit. En busca de una solución, José recuerda que acudió a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PDHEG), que encabeza Gustavo Rodríguez Junquera, donde se negaron a recibir su queja; se limitaron a “recomendarle” que aceptara la liquidación que le ofreció el municipio; que era lo mejor para él. La PDHEG pasó por alto que fue despedido porque, según los argumentos de sus compañeros, “daba mala imagen” al municipio. Por si fuera poco, el IMSS se ha negado a autorizarle una pensión por incapacidad parcial, debido a que su estado de salud cada día se deteriora (acusa ya problemas de columna debido a las dificultades que tiene para caminar). De acuerdo con José, en la clínica 27 han argumentado que si el municipio lo contrató fue porque tiene la capacidad para moverse; es decir, que no tiene problemas para continuar su vida laboral. La agencia Apro solicitó una entrevista con Márquez Márquez para conocer su versión; en su oficina prometieron que se comunicarían más tarde pero hasta el momento de escribir este texto, no había una respuesta del municipio. Vázquez Beltrán pide que sea restituido en su puesto de trabajo porque su despido fue producto de presiones y, sobre todo, porque en franca violación a sus derechos, fue despedido cuando estaba vigente una incapacidad laboral; y demanda que el IMSS le otorgue una pensión por su deteriorado estado de salud. Advierte que está dispuesto a recurrir a las instancias que sean necesarias para defender sus derechos, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).