WASHINGTON (apro).- El Banco Mundial arrancó la semana pasada en Washington una nueva edición de su “asamblea de primavera” con un nuevo presidente, pero con el discurso de siempre: luchar contra la pobreza global, la que, a pesar de sus multimillonarios programas, sigue castigando a una enorme porción de la humanidad. Con base en la estrategia de la Casa Blanca de darle una cara más “humana” al Banco Mundial, el gobierno del presidente Barack Obama instaló al frente del organismo al médico de origen coreano Jim Yong Kim, un especialista en la lucha contra el sida. Estados Unidos tiene más del 15% del poder de voto en el Banco Mundial y tradicionalmente ubica a uno de sus ciudadanos en el sillón de presidente, mientras que Europa lleva a uno de sus representantes a la dirección del FMI. Al completarse el mandato de Robert Zoellick, el exrepresentante comercial estadounidense elegido en el 2007 por el entonces presidente George W. Bush para remplazar a Paul Wolfowitz –quien se vio obligado a dejar el cargo después de verse involucrado en un escándalo de romance y favoritismos-, el Banco Mundial abrió una presunta “competencia abierta” para designar al nuevo presidente. La exministra de Finanzas nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala y el exministro de Economía colombiano José Antonio Ocampo se presentaron a la carrera, pero sus esfuerzos fueron meramente simbólicos, porque nadie en Washington tomó en serio a los rivales del candidato de Obama, cuyo triunfo apareció seguro desde el momento en que fue nominado, en marzo pasado. “La presión diplomática de Estados Unidos para instalar a un norteamericano como nuevo presidente del Banco Mundial desperdició una oportunidad de oro para promover una nueva era de gobernabilidad global y para dejar de lado las prerrogativas occidentales”, escribió el analista Patrick Stewart, del Council on Foreing Relations. La designación de Kim al frente del Banco Mundial en cierta forma reflejó el malestar y las inquietudes que rodearon el año pasado la instalación de la francesa Christine Lagarde como nueva directora del FMI, en reemplazo de su compatriota Dominique Strauss-Kahn, caído en desgracia a causa de un escándalo sexual. En aquel momento quedó en el camino el mexicano Agustín Carstens, cuya derrota reforzó las críticas al control que los países más ricos ejercen sobre las organizaciones de Bretton Woods. Con la nominación en el bolsillo, Kim comenzó rápidamente a presentar su pensamiento ante el público y el mundo político. “Mi propia vida y mi propio trabajo me llevan a creer que el desarrollo inclusivo, la inversión en los seres humanos, es un imperativo económico y moral”, dijo el médico, nacido en Corea del Sur, en un artículo publicado por el Financial Times a fines de marzo. Kim dijo que llegaría al cargo con un “mensaje sencillo: una era de extraordinaria oportunidad exige una institución mundial extraordinaria”. “Deseo escuchar lo que tienen que decir los países en desarrollo así como aquellos que proporcionan una amplia participación de los recursos para el desarrollo, para explorar cómo podemos construir juntos un Banco Mundial más inclusivo, que responda y que sea más abierto”, prometió el jefe electo. Según Kim, “un Banco Mundial más inclusivo tendrá los recursos para impulsar su misión fundamental de reducir la pobreza”. El Banco Mundial asegura que esa “lucha contra la pobreza” es su principal objetivo, su razón de ser. Grandes cartelones con ese tema aparecen en el frente de su enorme edificio central en la ciudad de Washington y en los caros folletos y libros que publica continuamente. Pero los programas que pone en marcha para sostener esa meta son habituales centros de las críticas de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. Críticas El jueves 19, durante una conferencia de prensa en Washington, Zoellick dejó entender que su gestión no registró ningún “fracaso”. En una de sus últimas apariciones frente a la prensa como presidente del organismo, el exfuncionario de Bush prefirió elaborar una larguísima respuesta en la que exaltó la nueva orientación del Banco (focalizada en las “necesidades de los clientes”, explicó), en lugar de meditar sobre posibles errores de gestión. Y no es que falten “errores” a señalar, como aquellos apuntados en un reciente reporte de la organización Stop Corporate Abuse que pasó lista a varios proyectos de privatización de aguas que contaron con el entusiasta apoyo de la International Finance Corporation (IFC), el “brazo privado” del Banco Mundial, desde la Argentina a Filipinas, pasando por Bolivia, Uzbeskistán, Turquía y Vietnam. Según el informe, 90% de la población del planeta consume agua distribuida por sistemas públicos. Y el grupo del Banco Mundial, que representa “la fuente de financiación más importante en el manejo de aguas en los países en desarrollo, está jugando un papel primordial en esta campaña para apoyar de manera desproporcionada la expansión del sector privado” en ese terreno, afirmó el reporte. El escaso éxito general del Banco Mundial en la “lucha contra la pobreza” fue señalado incluso por su propia oficina interna de evaluación, el Independent Evaluation Group (IEG). El año pasado, por ejemplo, el IEG dijo que “la mayoría de los proyectos de inversión del IFC generó retornos económicos satisfactorios, pero no proveyó evidencias de oportunidades identificables para los más pobres”. El informe señaló además que “solamente un tercio de los proyectos” tuvo en cuenta el problema crítico del acceso de los sectores más pobres a los mercados. Otro informe interno, elaborado el año pasado, mostró que los proyectos que el Banco Mundial financió en África en el terreno de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones tuvieron un relativo éxito, pero también fracasaron en un 70% cuando se trató de incrementar el acceso universal entre los más pobres del continente. Una tasa sugestivamente alta si se tiene en cuenta que el Banco Mundial financió programas por unos 4 mil 200 millones de dólares en esa área entre los años 2003 y 2010. Por otro lado, un estudio del IEG sobre los programas de salud, nutrición y población, difundido en el 2009, dijo que dos tercios de los planes en este terreno --que en total contaron con una financiación que pasó de 6 mil 700 millones de dólares anuales entre 1997 y 1999 a 16 mil millones en el 2006-- fueron “satisfactorios”. “Pero en un número de países, en particular en África, el apoyo (del Banco Mundial) no ha funcionado muy bien”, admitió Martha Ainsworth, la encargada del reporte. Ainsworth señaló entre las razones de estos fracasos la puesta en marcha de “proyectos demasiado complicados” y las “capacidades débiles” de algunos de los gobiernos receptores de ayuda. Un informe abundantemente citado por los críticos de los organismos multilaterales es aquel que el IEG publicó sobre los resultados de los programas del Banco en el 2006. Según ese estudio, el organismo “ayudó a muchos países a entrar en una senda de crecimiento a través de una mejor administración económica, pero las estrategias de crecimiento no siempre son suficientes para mejorar las oportunidades de trabajo y las condiciones de vida de los pobres”. En el texto, el director general del IEG, Vinod Thomas, reconoció que “todavía hay por delante un camino largo para reducir el número de personas que viven en la pobreza y la magnitud de sus privaciones”. “Es importante recordar que, globalmente, 400 millones de personas fueron sacadas de la pobreza en los últimos 20 años, pero datos del propio Banco Mundial señalan que el número de personas en el mundo en desarrollo que viven en extrema pobreza –excluyendo China, que disfrutó un gran boom económico- era igual en el 2008 que en 1981, alrededor de mil 100 millones de personas”, señaló a Apro Elizabeth Stuart, una de las voceras de la organización no gubernamental Oxfam. “Y si bien la pobreza estuvo cayendo –continuó Stuart-, la inequidad alrededor del mundo se ha incrementado”. La vocera afirmó que su organización querría ver “al Banco Mundial haciendo más por enfrentar la inequidad”, en especial teniendo en cuenta que, “a menudo, el crecimiento económico falló en alcanzar a los sectores más pobres”. Para Stuart, reducir las desigualdades “no es solamente la acción correcta, sino que también tiene sentido desde el punto de vista económico: mientras que la inequidad era vista en el pasado como un resultado inevitable del progreso económico –indicó-, ahora hay cada vez más evidencia de que funciona como un freno para el desarrollo”. Stuart afirmó que “demasiados gobiernos y diseñadores de políticas oficiales han puesto el crecimiento económico primero y los intereses de la gente segundo, permitiendo que los ingresos de esos sectores caigan todavía más” en comparación con aquellos de los más ricos. Si el Banco Mundial quiere de veras luchar contra la pobreza, concluyó, “entonces tiene que promover políticas que impulsen los ingresos de los más pobres y que los proteja de la degradación ambiental”.