MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la presente campaña electoral se buscan el impacto, lo llamativo y la espectacularidad de las imágenes. El objetivo es obtener titulares simplificadores o crónicas de tipo deportivo más que información; imágenes que por sí mismas dicen poco y no explican nada, en lugar de discusión razonada, diálogo y crítica de contenidos. Gana el round el que hace más ruido, no el que se define mejor. Se ridiculiza al adversario con aseveraciones sin fundamento o con ataques personales. Se usan las palabras más rimbombantes con los significados más vagos. Así, los discursos comienzan a parecerse, y las posiciones de fondo, a borrarse. La campaña electoral, en lugar de servir de escuela de democracia, se transforma en prolongación de la manipulación mediática más despiadada. Sin embargo, la simulación tiene un límite, y es precisamente más allá de ese límite donde se revela el verdadero programa de los candidatos y sus partidos: en la confrontación entre el hecho y el dicho. Intentemos por un momento romper la algarabía y la lluvia de frases homéricas observando las reacciones de los candidatos en momentos definitorios. Es decir, tratemos de recobrar la razón crítica para elegir primero en la mente y sólo después en las urnas. AMLO tiene una propuesta esencialmente diferente a las del PAN y el PRI, los que defienden otra visión. Se trata de dos concepciones opuestas en la prioridad de los problemas y sus soluciones. Pero esa diferencia no ha penetrado en la opinión pública, porque la modalidad dictada por los medios de difusión impide la percepción de las diferencias esenciales. Con la nacionalización del petróleo en Argentina apareció diáfano el contraste entre Andrés Manuel López Obrador con la izquierda, y los candidatos del PRI y del PAN. El lunes 16 de abril Cristina Fernández anunció la decisión de su gobierno de expropiar 51% de la empresa YPF Repsol. El martes 17 López Obrador declaró: “No tengo por qué definir una postura. Somos respetuosos de la decisión que toman otros gobiernos y de la política internacional de la no intervención y autodeterminación de los pueblos”. Y agregó: “El gobierno federal debe explicar ‘los privilegios’ que ha dado aquí a esa empresa de capital español. La política de Pemex ha sido muy errática…”. Interrogado en una reunión con empresarios, ratificó que, en caso de llegar a la Presidencia, no privatizaría Pemex. En cambio, Peña Nieto y Vázquez Mota se declararon tajantemente en contra de la nacionalización argentina. Peña Nieto dijo: “México ha perdido tiempo y tiene que despartidizar las políticas en materia energética y permitir a los particulares invertir en exploración, explotación y refinamiento”. Vázquez Mota criticó la nacionalización de YPF Repsol y se declaró “dispuesta a bursatilizar poco menos de 51% de las acciones de Pemex mediante bonos ciudadanos para capitalizarlo”. Más explícito, el presidente Felipe Calderón señaló el 16 de abril en el Foro Económico Mundial para América Latina: “No es un acto racional (…) espero que se rectifique esa lamentable acción que no lleva a nada (…) la decisión es violatoria de los acuerdos y tratados que se tienen (…) si se quiere un crecimiento con empleo en los pueblos del continente el camino no es ni el proteccionismo ni las expropiaciones, el camino es el comercio, el intercambio, las inversiones recíprocas (…) esas medidas [las nacionalizaciones] finalmente vamos a acabar lamentándolas”. Si bien el problema es aparentemente de política internacional, en realidad es de principios, o sea referente a la concepción del mundo actual. El presidente panista, además, expresó con bastante claridad: “Evidentemente esa decisión también afecta el patrimonio de los mexicanos, en una medida ciertamente menor (…) A mí me parece que es una cuestión de principios, y también de legalidad un poco, porque se trata de medidas que ya estaban, de alguna manera, descartadas en el contexto de un mundo global y de un mundo de certidumbre”. Es decir, el mundo de “certidumbre” global descarta la soberanía de las naciones sobre sus recursos naturales (que por cierto es un principio aprobado por la ONU). La privatización de Pemex es una de las “reformas estructurales” demandadas desde hace mucho por el FMI, y los cinco presidentes anteriores han tratado de ponerla en práctica abriendo de par en par la empresa estatal a los grandes capitales. Hoy, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota han dejado muy claro que si llegan a la Presidencia seguirán en el esfuerzo por privatizar a Pemex, medida que hasta ahora sólo la vigilancia y la acción popular han impedido. Mientras AMLO se coloca en la defensa de los intereses nacionales, Peña Nieto y Vázquez Mota se alinean con el FMI y el capital trasnacional. A ese ejemplo podrían agregarse el del aumento a la cuota del FMI, que no reporta beneficio alguno a la nación y que el 12 de abril pasó en las Cámaras, fast track, aprobado por la coalición PRI-PAN. También podríamos citar la aprobación, el 28 de marzo, de la reforma al artículo 24 constitucional por el PRI, el PAN y el PVEM, contra el voto de la izquierda. Las dos posiciones están claras: el elector debe elegir una y no fijarse tanto en los exabruptos de la hija de Peña Nieto, en los lapsus lingue de Vázquez Mota o en los silencios de AMLO.