Las milicias consolidan el control de las favelas con la connivencia de las élites

RÍO DE JANEIRO,(apro).- Las autoridades de Río de Janeiro emprendieron desde 2008 una sonora y mediática operación para retomar el control de las favelas (barrios bajos), que desde hacía décadas estaban en manos de facciones del narcotráfico como Comando Rojo (CV, Comando Vermelho), Amigos de los Amigos (ADA) o Tercer Comando de la Capital (TCC).

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) eran la iniciativa “estrella” de una nueva política de seguridad que, según el gobernador Sergio Cabral, acabaría con décadas de abandono de las favelas y restauraría el orden en las comunidades.

La idea era que la policía no entrara en la favela para después salir, sino que ocupara el morro (colina) y se instalaría allí.

Sin embargo, políticos y grandes medios de comunicación, con la poderosa Red Globo a la cabeza, silenciaron durante años el que, según Marcelo Freixo, diputado del estado de Río de Janeiro por el Partido Socialista y Libertad (PSOL) y veterano militante en derechos humanos, es “el mayor problema de seguridad de Río de Janeiro”: las milicias.

Así se llamó a los grupos paramilitares formados por agentes o exagentes de la policía, el Ejército o los bomberos –un cuerpo armado en Brasil–, que se han ido haciendo con el control de buena parte de las favelas cariocas, a menudo con la connivencia de la clase política y las elites económicas.

Las milicias son una evolución, más estructurada y poderosa, de los ‘grupos de exterminio’ que surgieron en los años 70 y que, valiéndose de la extorsión, la tortura y el asesinato, exigían ser pagados para garantizar la seguridad en los barrios bajo su dominio.

Esas milicias fueron ampliando su cartera de negocios y ahora ya controlan, en 30% de las casi mil favelas cariocas, el tráfico de drogas y la distribución irregular de servicios como el transporte, el gas, la televisión por cable o internet. Sólo el servicio que hace las veces de transporte público en esos barrios (pequeños autobuses no oficiales) movilizan alrededor de 60 mil millones de reales al año (unos 25 mil millones de euros).

Los milicianos se han ganado a pulso su fama de brutalidad, al tiempo que han consolidado sus conexiones con el poder político y la cadena de mando policial, ante la mirada temerosa de los pocos jueces que se han animado a hacerles frente.

En 2008, luego de que en la Asamblea Legislativa de Río se realizó la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para buscar respuestas sobre las milicias, aproximadamente 500 milicianos y políticos fueron a la cárcel, pero en los últimos tres años han ampliado su poder en Río de Janeiro y se han extendido a otros estados como Bahía o Minas Gerais.

“Las milicias conforman un proyecto económico y de control del territorio. No acabaremos con ellas si no se ataca también su infraestructura económica”, dice Freixo a Apro.

Para el diputado del PSOL, los narcotraficantes del CV o de ADA “son peligrosos y muy violentos, pero no tienen tanto poder. Las milicias son el crimen organizado en Río de Janeiro. Son ellas las que tienen una estructura de poder económico y político”, asegura.

Los argumentos de Freixo desmontan la visión maniqueísta –forjada por las elites a lo largo de décadas, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación– de las fuerzas de seguridad contra los narcotraficantes, en una “falsa y peligrosa oposición entre bien y mal”, como lo señala el sociólogo y escritor Luiz Eduardo Soares, exsecretario de Seguridad, en el libro Elite da tropa, del que es coautor.

Aunque las investigaciones y los tribunales han evidenciado el poder de las milicias, la Red Globo y los diarios las siguen omitiendo de sus crónicas, centradas casi siempre en los combates entre la policía y los narcotraficantes, y también encubren la violencia policial al dibujar como un intercambio de tiroteos lo que a menudo son verdaderas ejecuciones sumarias.

El narcotráfico cambia de manos

En noviembre de 2010, dos mil policías y militares emprendieron el asalto y la ocupación del Complejo del Alemán, un enorme archipiélago de 16 favelas. Las imágenes de los narcotraficantes huyendo morro arriba y los vehículos blindados cercando la favela, acción que cubrió la TV Globo con todo un despliegue mediático, quedaron grabadas en la memoria colectiva de los brasileños.

Un año después el espectáculo se repitió. En noviembre pasado, alrededor de mil 500 policías y militares invadieron la Rocinha, una de las favelas más emblemáticas de la ciudad por encontrarse junto a uno de los barrios más prósperos de Río de Janeiro, São Conrado.

La prensa describió una incursión limpia y eficaz, aunque poco después salieron a la luz denuncias de los vecinos por los abusos cometidos y los saqueos. En cualquier caso, pocas voces se desmarcaron del clima general de euforia, para aclarar que no asistíamos al principio del fin del tráfico de drogas en Río de Janeiro, sino apenas a un cambio de modelo.

Los expertos han señalado que el proceso de reconfiguración de la geopolítica del crimen en Río de Janeiro se ha producido desde hace años.

Sobre el modelo que encarna Comando Vermelho, Soares dijo a esta reportera, en diciembre de 2010, que “es un sistema viejo y caro, basado en el dominio territorial, que necesita armar un pequeño ejército y no puede competir con las milicias”.

Y las milicias son más competitivas porque su cartera de negocios no se limita a las drogas y porque, al formar parte de las fuerzas de seguridad, tienen las armas del Estado y se ahorran el soborno que las facciones criminales deben pagar a los agentes corruptos.

Las favelas controladas por las facciones del narcotráfico, como la Maré, se concentran al norte de la ciudad, mientras que las comunidades asediadas por los milicianos se encuentran principalmente al oeste de la ciudad, en regiones como Japarepaguá y Campo Grande.

En el sur se ubican las playas de Copacabana e Ipanema, Leblon y la Barra da Tijuca, donde se ha plantado la mayor parte de las 14 UPP. Es también la zona que concentrará las inversiones del Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

Por ello, el diputado Freixo cree que “las UPP no son una política de seguridad pública, sino un proyecto de ciudad, de viabilidad de un área estratégicamente escogida”. Un proyecto de ciudad elitista y dual.

Freixo argumenta que con 965 favelas y unos 40 mil agentes, es matemáticamente imposible que Sergio Cabral, gobernador del estado de Río (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, principal aliado del Partido de los Trabajadores en el Congreso), lleve la policía comunitaria a todos los barrios pobres, como anuncia su propaganda. Y la elección de las comunidades escogidas no es neutral.

Policía corrupta y violenta

Si bien es cierto que en muchas de las favelas ‘pacificadas’ u ‘ocupadas’ ha disminuido la violencia, líderes y asociaciones vecinales han denunciado abusos y una actitud dictatorial de los agentes. “El tratamiento de la favela sigue siendo policial”, sostiene en entrevista con Apro Isabel Mansur, activista de la ONG Justiça Global.

En realidad, las UPP están condenadas al fracaso mientras no se produzca esa “refundación de las instituciones policiales” la única vía para erradicar la enquistada y generalizada corrupción policial, señala por su parte el sociólogo y experto en seguridad, Luiz Eduardo Soares.

“La policía carioca es mucho más que cómplice: es protagonista del delito”, dice Soares a esta reportera.
Las propias autoridades admitieron implícitamente que el cesto estaba podrido, cuando para evitar corruptelas en las flamantes UPP decidieron configurarlas con nuevos agentes “vírgenes de pecado”.

Pero, ¿cuánto dura una manzana sana en un cesto podrido? Ya se han documentado casos en los que miembros de la llamada policía comunitaria se han hecho con el control del tráfico de drogas o han establecido conexiones con las milicias.

Por ejemplo, en el Morro da Coroa, miembros de la UPP detuvieron en agosto pasado a cinco jóvenes e intentaron “venderlos” para facciones del narcotráfico, según la denuncia recibida por la ONG Red contra la Violencia y testimoniada por varios vecinos de la favela.

Y en las comunidades de Pavão-Pavãozinho y Cantagalo, favela célebre por su cercanía con la turística playa de Copacabana, los vecinos denunciaron en junio pasado el asesinato del joven André Ferreira, a manos de agentes de la UPP. Éstos aseguraron que Ferreira cayó en un tiroteo.

La Red contra la Violencia acusó también a dos agentes de la UPP de “golpear a jóvenes de las comunidades sin motivo aparente”.

De acuerdo con Freixo, “la policía de Río es la que más mata y más muere en el mundo”.

Los números son contundentes: entre 2003 y 2009, por causa de la violencia policial murieron 7 mil 854 personas en Río de Janeiro, según los datos del Instituto de Seguridad Pública (IPS). Más de mil personas al año, la mayoría hombres jóvenes, pobres y negros.

Por ello, los movimientos de derechos humanos hablan de un lento genocidio que se disfraza de ‘actos de resistencia’ al arresto policial, a veces injustificable.

Un proyecto político detrás

Los milicianos vean con temor que Marcelo Freixo se presente como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de octubre de 2012, porque un hombre como él podría cambiar las cosas.

En octubre pasado, después de una escalada de amenazas de muerte que recibió de los milicianos, Freixo decidió aceptar la invitación de Amnistía Internacional y se exilió en Europa por un mes.

No le faltaban motivos para sentir que su vida estaba en peligro, sobre todo desde que en agosto pasado los milicianos hicieron una brutal ostentación de poder al asesinar a la jueza Patricia Acioli –quien dio la batalla contra el crimen organizado– en la puerta de su casa.

“Han callado a la voz de la justicia con armas del Estado, y eso es muy grave”, afirmó Freixo en esa ocasión.
La prensa brasileña tergiversó la historia del diputado, dando a entender que su viaje nada tenía que ver con las amenazas y lo acusaron de oportunismo.

En el Café Comercial de Madrid, confuso aún por la manipulación informativa, el diputado apuntó como responsable de la sucia campaña al alcalde Eduardo Pães, a quien acusó de tener conexiones con los milicianos.

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