Al final de un sexenio caracterizado por la militarización del combate al narcotráfico, que trajo altos costos sociales, económicos e institucionales al país, la detención de tres altos mandos del Ejército por vínculos con la delincuencia organizada pone en entredicho toda la defensa que Felipe Calderón ha hecho de su estrategia y su “legado” en materia de seguridad. A unos meses de abandonar el poder, con la narcoviolencia en auge y la elección presidencial en puerta, el segundo mandatario panista hace política con los instrumentos del Estado…

El Ejército Mexicano es el gran perdedor en la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón. La detención de tres generales por supuestos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en una acción evidentemente  política realizada a mes y medio de la elección presidencial, es el mayor golpe que ha recibido la fuerza armada en su historia reciente.

Ya cuestionado por los resultados de esa guerra, entre ellos el marcado incremento en la violación a los derechos humanos, el Ejército acaba el sexenio sometido a una fuerte presión desde el propio gobierno de Calderón, que en su “legado” de combate al narcotráfico dejará a la institución dividida y a su liderazgo en entredicho.

El golpe ya está dado y no hay nada que lo pueda revertir, coinciden militares y analistas en seguridad nacional, quienes también advierten que el escándalo provocado por la detención de tres generales y la búsqueda de otro jefe militar puede acabar en una pifia más de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el gobierno de Calderón, como el llamado michoacanazo y la detención del exalcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon.

Mediante una “orden de localización y presentación”, el general de división en retiro y subsecretario de la Defensa Nacional en los dos primeros años de Calderón, Tomás Ángeles Dauahare, fue detenido la noche del martes 15 en su domicilio de la Ciudad de México. Efectivos de la Policía Judicial Militar lo llevaron al Campo Militar número 1. Después fue entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

Lo mismo ocurrió con el general brigadier en activo Roberto Dawe González, quien en este sexenio trabajó en el Cuerpo de Guardias Presidenciales, donde estuvo a cargo de la seguridad perimetral de la residencia oficial de Los Pinos.

Apenas se había anunciado el arraigo de ambos generales por 40 días –el plazo se cumple el 26 de junio, cinco días antes de las elecciones generales del 1 de julio–, la PGR anunció la “retención” de un tercer militar de alto rango, el general de brigada Ricardo Escorcia Vargas, quien al principio del mandato de Calderón era el comandante de la 24 Zona Militar en Morelos.

A diferencia de la detención de otros generales también acusados de proteger a narcotraficantes, la aprehensión y arraigo judicial del general Ángeles Dauahare ocurre cuando el gobierno de Calderón está por terminar, y en medio de los acomodos dentro y fuera de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para influir en la designación del sucesor del general secretario Guillermo Galván Galván.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1855, ya en circulación)