MONTERREY, N.L.(apro).- Familiares de las víctimas del Casino Royal protestaron esta tarde frente al inmueble siniestrado, luego de observar que elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) irrumpían en el lugar como parte de una diligencia, según dijeron. Samara Pérez, quien perdió a un hijo en la tragedia del 25 de agosto de 2011, donde perecieron asfixiadas 52 personas, señaló que el cateo efectuado hoy era indebido, pues si los investigadores alteraban el escenario, los deudos no podrían cobrar dinero de indemnizaciones que aún está en litigio. En entrevista para la televisión, Samara Pérez, quien es una de las líderes del movimiento que busca justicia para los fallecidos en el ataque incendiario perpetrado por Los Zetas, dijo que aún buscan contratar a un perito privado para que haga un dictamen imparcial sobre las causas del siniestro en el lugar. “Eso es lo más delicado. Si no nos permiten hacer la inspección y si el Ministerio Público federal ya está desmantelando el área, cómo podemos demostrar que hubo puertas que no estaban abiertas y cosas así”, señaló. Los familiares de las víctimas siguen señalando que hubo negligencia de las autoridades por permitir que el lugar funcionara sin salidas de emergencia, así como de los casineros, por no prever contingencias como la que registrada ese 25 de agosto pasado. A las 17:00 horas, en el exterior del inmueble ubicado en la avenida San Jerónimo, del fraccionamiento del mismo nombre, habían en funcionamiento una grúa y una planta de luz, y los afectados ahí reunidos preguntaron por ello a policías, quienes refirieron que en el interior había agentes del MP federal, integrantes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ella, junto con otros seis deudos, se enteró de que la persona que encabezaba la diligencia era el licenciado Ramón Guzmán. “Le dije que se esperara, que nosotros éramos afectados, víctimas y que teníamos derecho a una inspección por parte del gobierno de Nuevo León. Cómo es posible que nos ignoren de esa manera y alteren la escena: Me dijo, ‘no estoy alterando nada, estoy haciendo mi trabajo y la muestra está en que todas las sillas están adelante del casino’”, contó la afectada. La dirigente señaló que Ramón Guzmán le dijo que la diligencia tenía como objetivo liberar el inmueble, lo que implicaría que quien tome posesión de él podría disponer del interior a su voluntad, y el peritaje que esperan contratar los familiares ya no se realizaría. Cuando los inconformes comenzaron a preguntar sobre la actuación de los agentes de la PGR en el edificio aún ennegrecido en el exterior, abundó, los funcionarios se retiraron. “No nos quiso decir a quién se lo entregaría. Salieron inmediatamente y es muy grave que hayan hecho eso. Yo ya le hablé al procurador (Adrián de la Garza Santos) y no me toma la llamada”, se quejó Samara Pérez. En el incendio, la mujer estuvo acompañada de su hijo Brad Xavier Muraira. Ella pudo escapar, pero su hijo perdió la vida entre las llamas y el humo.