Aspectos elementales como descripciones detalladas de los activos y pasivos de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro siguen siendo escamoteados por el gobierno de Felipe Calderón, que en octubre de 2009 disolvió el organismo descentralizado y trasladó su infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad. Este ocultamiento de cifras correspondientes a los estados financieros de LFC prevalece no obstante la reciente desclasificación de algunos de los documentos relativos al proceso de extinción, los cuales muestran ya, con todo, evidencias claras de la naturaleza perversa del decreto calderonista.

A punto de que se cumplan tres años del decreto mediante el cual el presidente Felipe Calderón extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, prevalece la opacidad en lo relativo a los inventarios de la infraestructura de la empresa y la incógnita respecto de lo qué sucederá en octubre próximo, cuando venza la entrega en comodato de los bienes del organismo descentralizado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El pasado 22 de febrero, la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y un grupo de diputados del PRD lograron que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) ordenara la desclasificación de una serie de documentos sobre la extinción de LFC, toda vez que el gobierno de Calderón había determinado mantenerlos en reserva por un periodo de 12 años, lo que fue considerado improcedente por el IFAI.

Entre la información desclasificada figura el convenio mediante el cual el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) asumió la administración de LFC y de un plumazo la otorgó en comodato a la CFE.

El comodato es un tipo de contrato consistente en otorgar a una persona física o moral el usufructo de un bien de manera gratuita pero con un plazo establecido de restitución. Para este caso, el comodato vence en octubre próximo y, de no haber ninguna acción en contrario, se prorrogará por tres años más.

La operación de extinción de LFC se inició con la negativa de la Secretaría del Trabajo, el 5 de octubre de 2009, de conceder la toma de nota al dirigente del SME, Martín Esparza. El mismo día la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación dictaminó en secreto la extinción.

Durante los primeros minutos del 11 de octubre de 2009, Calderón  emitió el decreto referido mientras miles de policías federales y soldados tomaban las instalaciones del organismo que abastecía de electricidad a la región centro del país y se realizaban los trámites administrativos para la extinción, considerados inconstitucionales por la dirigencia del SME.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)