OAXACA, Oax. (apro).- En vísperas del retorno del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, Amnistía Internacional (AI) aseguró que la situación por la que el prelado dejó el país “no ha cambiado sustantivamente y continúa significando un alto riesgo para su integridad y para la continuación de sus importantes labores en defensa de los inmigrantes irregulares en México”. Ante ello, consideró necesario el reforzamiento de las medidas de seguridad por parte del gobierno federal para el padre, su equipo y la población inmigrante que atiende en el albergue “Hermanos en el Camino”. Además de AI, integrantes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Brigadas Internacionales de Paz y Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, demandaron a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad y justicia al sacerdote Alejandro Solalinde en su retorno a México, programado para el próximo lunes 9. Ante la llegada del cura, los representantes de las organizaciones mencionadas sostendrán reuniones con la procuradora general de la República y con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para hablar sobre el reforzamiento de las medidas de seguridad. Asimismo, solicitarán información específica del avance en las investigaciones, por parte de la PGR, sobre las amenazas que recibió Solalinde en mayo pasado. “Las autoridades mexicanas deben concluir las investigaciones que han iniciado en relación a las amenazas de muerte en contra del padre Solalinde y consignar a los responsables, de lo contrario estarán enviando un lamentable mensaje a los perpetradores, en el sentido de que estás prácticas pueden ocurrir en México sin consecuencias”, manifestó el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera Aragón. Añadió: “Hoy más que nunca, Amnistía Internacional permanece vigilante de la seguridad del padre Solalinde y del albergue que dirige, recordando a las autoridades federales y del estado de Oaxaca que es su obligación garantizar su seguridad”. Piden frenar agresiones contra activistas Una misión del Comité Nacional de Abogados por los Derechos Humanos de Estados Unidos (National Lawyers Committe for Human Rights, NLCHR) expresó su preocupación por los recurrentes casos de abuso a los derechos humanos y las agresiones contra defensores en el estado de Oaxaca. La delegación internacional hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para poner fin a la impunidad y acelerar la investigación de las agresiones vinculadas con la defensa del territorio y recursos naturales, para lo cual –apuntó– resulta imprescindible que se respete el debido proceso y se garantice la sanción de los autores materiales e intelectuales de los ataques. Integrada por los abogados David Baluarte y Jennifer More, la misión reiteró que en las reuniones sostenidas durante su primera visita a México ha manifestado su “seria preocupación por la grave situación de los defensores de derechos humanos en Oaxaca”. “Lo que nos parece preocupante es que los defensores viven con tanto riesgo que se les han otorgado medidas de protección tanto del Estado como de los sistemas internacionales, y aunque les han otorgado cierta seguridad de manera demorada, lo que no se ha hecho es investigar de dónde provienen los ataques a los defensores”, puntualizó. Asimismo, remarcó que los defensores de derechos humanos son el pilar fundamental de la democracia, y si finalmente se va a dar un proceso de transición en Oaxaca, debe resguardarse la seguridad de los mismos como primera prioridad. La misión internacional visita México desde el 2 hasta el 7 de julio para documentar casos de abuso a los derechos humanos y agresiones a defensores, así como el estado de las investigaciones. Su objetivo es apoyar a los abogados y activistas de derechos humanos que se encuentran en peligro debido a sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos en México. Para ello, la delegación de la NLCHR realiza una auditoría independiente e imparcial de la situación de derechos humanos en Oaxaca y a nivel federal, pero evalúa de manera particular el acceso a la justicia, así como la respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones internacionales y la capacidad de los abogados y defensoras y defensores de los derechos humanos de ejercer libremente su vocación. Luego de su reunión con el gobernador Gabino Cué Monteagudo, el procurador estatal, Manuel de Jesús López López; la comisionada de derechos humanos, Eréndira Cruzvillegas; el titular de la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social, Samuel Castellanos, y el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, éstos manifestaron a la misión que hay disposición de atender la problemática planteada. De acuerdo con la delegación internacional, “hemos conocido las últimas amenazas y ataques en contra de defensores y defensoras en el estado y la completa impunidad de los agresores”, y adelantaron que sostendrán una entrevista con el padre Alejandro Solalinde Guerra. A nivel federal, los representantes de la misión informaron que sostendrán reuniones con el subsecretario y la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría Gobernación, Max Diener Salas y Omeheira López Reyna, respectivamente, así como con representantes de la Procuraduría General de la República. Al término de la misión darán seguimiento a las acciones acordadas con la sociedad civil y con las autoridades estatales y federales para constatar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales adquiridos en torno de la protección de quienes defienden los derechos humanos.