IFE, sin facultades para castigar compra de votos: Valdés Zurita

MÉXICO, D.F. (apro).- “El IFE carece de atribuciones para investigar o sancionar los delitos electorales establecidos en el Código Penal Federal”, como la compra y coacción del voto, atajó este miércoles Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral.

Ya no aguantó más el IFE el duro y tupido golpeteo a que lo han sometido los medios de comunicación desde la jornada electoral del pasado 1 de julio.

Desde la prensa, en todas sus variantes, y enfáticamente en las redes sociales, el IFE ha sido acusado de omiso, autocomplaciente, ciego, lento y un sinfín de calificativos, en su mayoría provenientes de la ignorancia de la ley, pero muchos también del dolo y la mala fe.

Este miércoles, el instituto tuvo que salir al paso del bombardeo inclemente e informar de sus acciones en los temas más polémicos del proceso electoral, como los gastos de los candidatos presidenciales y sus partidos, y el financiamiento irregular de las campañas.

Acompañado de los consejeros electorales, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, leyó en la sala de prensa un texto de cinco páginas –“El IFE vigila y fiscaliza los recursos de los partidos políticos permanentemente. Todas las quejas y denuncias son investigadas y resueltas sin excepción”– en el que hace la relatoría de sus acciones en materia de gastos e ingresos de las campañas electorales.

Da cuenta, por ejemplo, que desde diciembre pasado y hasta el cierre de las campañas, 27 de junio, se realizaron mil 183 visitas de verificación, directamente en los lugares donde se desarrollaron los actos públicos de precandidatos y candidatos.

Que, mediante sorteo, “fueron vigilados permanentemente 50 distritos electorales y ocho entidades federativas completas, que cubrieron 220 fórmulas a diputados y 37 de senadores, en tanto que para las campañas presidenciales el IFE atestiguó y fiscalizó 172 actos públicos de la candidata y los candidatos a la Presidencia”.

Valdés Zurita también informó que mediante un procedimiento llamado Análisis de personas políticamente expuestas, “el Instituto revisó y continuará revisando los expedientes de 7 mil 805 personas para establecer si éstas han sido reportadas por el sistema financiero por efectuar operaciones inusuales o relevantes para prevenir y detectar lavado de dinero”.

Parte de las tareas que ha llevado a cabo, dijo, es que “el IFE cuenta también con un inventario preciso de proveedores y prestadores de servicios de los partidos políticos, entregado por los propios partidos, de los cuales se verifica su situación fiscal y legal.”

Respecto de los polémicos espectaculares con la imagen de los candidatos presidenciales, que el Movimiento Progresista –que impulsó a Andrés Manuel López Obrador– y también el PAN tomaron como argumento para documentar los gastos excesivos de la campaña del priista Enrique Peña Nieto, el consejero presidente expuso:

“Esta institución desplegó un monitoreo de espectaculares en prácticamente todo el territorio nacional, a través de recorridos conjuntos con las juntas locales y distritales, así como con los partidos políticos, lo que permitió obtener el registro fotográfico de espectaculares, bardas, mantas o parabuses, mismos que se ordenaron en una plataforma de Google Maps para obtener su localización exacta.

“De ese modo, el IFE tiene el registro de más de 26 mil espectaculares, que está siendo confrontado con los informes de gastos de campaña que presentan los partidos políticos”.

Valdés Zurita agregó que “los medios impresos, diarios, semanarios, así como revistas nacionales y locales fueron monitoreados también para obtener evidencia de inserciones en prensa de partidos políticos, coaliciones, sus precandidatos y candidatos.

“Hasta el 29 de junio de este año –dijo– se tienen registrados un total de 3 mil 551 testigos de prensa, originales e individuales. Estos datos también se confrontan con los informes presentados”.

Hizo referencia también al Acuerdo de fiscalización anticipada, aprobado por el Consejo General –del que forman parte los representantes de los partidos y los del Poder Legislativo–, que permitió la realización de auditorías a las finanzas de los partidos políticos antes de la presentación de los informes de campaña.

“Lo anterior, para estar en condiciones de presentar un proyecto de dictamen y resolución relativa a la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cinco meses antes de lo que establece la ley”, dijo Valdés.

Ante el reclamo de los partidos y medios de comunicación, en el sentido de que el IFE ha sido omiso respecto de las múltiples quejas que se han presentado ante la institución, el consejero presidente del órgano electoral replicó así:

“En lo que va del año se han recibido 63 quejas en materia de fiscalización, de las cuales 23 han sido ya resueltas por el IFE. Las 40 quejas restantes están siendo desahogadas, de acuerdo a la complejidad de cada caso y de conformidad con las disposiciones establecidas en la normatividad.

“En la página de Internet se encuentra el desglose de las actuaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización en cada una de esas investigaciones”.

Leonardo Valdés presentó un listado de las investigaciones que, a partir de las quejas presentadas, está realizando la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP):

• Rebase de topes de gastos de campaña (presentada el 20 de abril de 2012), por la colocación de espectaculares para promover la campaña del C. Enrique Peña Nieto y por gastos diversos, entre ellos, el uso de aeronaves (interpuesta por el Partido Acción Nacional, los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y otros).

• Recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes establecidos (presentada el 1 de junio de 2012) para financiar la campaña del C. Andrés Manuel López Obrador (interpuesta por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional).

• Obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y movimientos sociales (presentada el 8 de junio de 2012), para financiar la imagen del C. Andrés Manuel López Obrador (interpuesta por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional).

• Aportación de recursos depositados en Monex (presentada el 14 de junio de 2012), para promover al C. Enrique Peña Nieto en territorio estadunidense a través de la cadena de televisión Frontera Televisión Network (FTN) (interpuesta por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática).

• Cuentas bancarias no declaradas (presentada el 26 de junio de 2012), a nombre de la C. Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité de Financiamiento del C. Andrés Manuel López Obrador, destinadas a sufragar gastos de campaña (interpuesta por el Partido Acción Nacional).

• Uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de la entrega de Monederos Monex (presentada el 26 de junio de 2012), para el pago de representantes generales y de casilla del PRI, para la compra del voto a favor del C. Enrique Peña Nieto (interpuesta por el Partido Acción Nacional).

• Uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de la distribución de tarjetas Soriana (presentada el 29 de junio de 2012), para la compra del voto a favor del C. Enrique Peña Nieto (interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática y otros).

Valdés Zurita explicó que para resolver muchos de esos, la UFRPP puede requerir directamente información de cuentas radicadas en instituciones bancarias, así como datos en manos de las autoridades hacendarias, gracias a que la reforma de 2007-2008 la facultó para superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

“Se trata de una importante atribución que frecuentemente ha sido y es utilizada para poder resolver los asuntos que son de su conocimiento. En los últimos cuatro años y medio esa herramienta ha sido utilizada en más de un millar de ocasiones”.

Finalmente, en relación con la compra y coacción del voto –el tema de atención nacional, pero que empañó la correcta conducción del proceso electoral hasta el día de los comicios–, Valdés Zurita reiteró que “el IFE carece de atribuciones para investigar o sancionar los delitos electorales establecidos en el Código Penal Federal, mismos que son competencia plena de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.”

Sin embargo, explicó que el órgano electoral no es ajeno al tema, ni ha sido omiso. “En materia de origen y aplicación de recursos, se ubican en los temas del control, vigilancia y fiscalización de los partidos políticos y sus campañas”.

Y es en ese terreno, dijo, donde el IFE ha actuado en tiempo y forma. “Es en ese campo, y en la investigación de los procedimientos ordinarios sancionadores, iniciados con motivo de actos de los distintos sujetos regulados, que pudieran implicar una presión o coacción del voto, donde el IFE realiza las indagatorias necesarias para emitir una resolución”, concluyó.

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