TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El organismo Amnistía Internacional-México (AI) hizo hoy un llamado al Senado de la República para que no ratifique el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) recientemente firmado por un representante del gobierno federal. El pasado 11 de junio, el embajador de México en Japón, Claude Heller, firmó el ACTA en ese país depositario del documento, según lo dio a conocer ese día el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Según el IMPI, el ACTA pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas. Sin embargo, para Amnistía Internacional, el ACTA no garantiza un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso que deben garantizar los Estados. “Es legítimo el esfuerzo de los Estados por preservar los derechos de propiedad intelectual, pero nunca a costa de una restricción tan significativa a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso”, dijo hoy Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México. Explicó que a pesar de los polémicos antecedentes en la redacción y discusión de este tratado por las consecuencias que podría traer para la libertad de expresión, en particular en lo relativo al uso del internet como medio de intercambio de información. “El libre flujo de información a través del internet ha significado una importante herramienta para la participación de la población en asuntos públicos y ha permitido una amplia movilización social para exigir una gran variedad de derechos; por ello, ningún instrumento legal debe poner en riesgo la libertad de expresión vinculada al uso de redes virtuales”, dijo Herrera. Para que el ACTA entre en vigor se requiere la ratificación de este tratado por al menos seis Estados. La firma de este instrumento por parte del presidente Calderón es un primer paso dirigido hacia su ratificación, cuya facultad última recae en el Senado de la República.