MÉXICO, D.F. (apro).- En dos meses entrará en operación a Policía Federal Ministerial (PFM), la cual, sustituye a la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada el 1 de noviembre de 2001. De acuerdo con las reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) publicado este lunes 23 de julio. Igual que cuando fue creada la AFI, la PFM se oficializa entre quejas de cerca de dos centenares de agentes del Ministerio Público federal y peritos despedidos de la PGR, debido a que incurrieron en responsabilidades administrativas graves, reprobaron exámenes de control de confianza y porque presuntamente están involucrados en delitos de delincuencia organizada, contra la salud y homicidio calificado, entre otros. De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los agentes cesados, quedaron inhabilitados para ingresar a cualquier otra institución del ramo, ya sea federal, estatal o municipal. El documento recién publicado, según establece la organización y el funcionamiento de la Procuraduría, la PFM será como un órgano desconcentrado. En su capítulo Octavo, artículo 24, la Ley Orgánica establece que la Policía auxiliará de manera directa al Ministerio Público de la Federación y, con independencia de las atribuciones conferidas a la PFM y a sus unidades administrativas, cualquiera de los agentes que estén adscritos a ésta estará facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales. En 2009, se decretó la desaparición de la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin embargo, ésta no se había echo efectiva debido a la demora en la publicación del decreto. Entre otros aspectos, la persona que encabece la PFM, se encargará de dirigir y coordinar los procesos de información policial que permitan ubicar a las personas, grupos, organizaciones, zonas delictivas y modos de operación, con la finalidad de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales y ministeriales. También tendrá facultad de proponerle al titular de la PGR esquemas de organización regional de la Policía, para atender la incidencia delictiva, los mapas delincuenciales, las necesidades en las entidades federativas para la atención de mandamientos judiciales y ministeriales, así como supervisar y evaluar dichos esquemas. El nuevo documento normativo, señala en su artículo VI transitorio, que subsistirán las funciones de la Coordinación General de Investigación y continuará conociendo de las averiguaciones previas y procesos penales relacionados con los homicidios de José Francisco Ruiz Massieu y el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo hasta su conclusión. En el caso de las averiguaciones previas y procesos penales relacionados con el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, señala que, de igual manera, pasarán al conocimiento de la Coordinación de referencia hasta su conclusión. La AFI, entonces dirigida por Genaro García Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entró en funciones el 1 de noviembre de 2001, con el propósito de desterrar los vicios que adquirió la Policía Judicial Federal (PJF): En un texto sobre el tema publicado por la revista Proceso, el 2 de diciembre de 2001, se hace referencia a un estudio que reveló que en una escala del 1 al 10, la PJF tenía una calificación de 3. En esa época, se descubrió muchos agentes nunca asistieron a un curso de capacitación y que tenían por lo menos cinco años de no realizar pruebas de puntería con armas de fuego. El diagnóstico fue ordenado por el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y el responsable de realizarlo fue el director de la PJF, García Luna. Las partes medulares del estudio fueron dadas a conocer por la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien declaró: "Desde hace muchos años se sabe que la Policía Judicial Federal fue penetrada por el narcotráfico, algunos agentes están prófugos y los andamos persiguiendo, y otros más trabajan para los cárteles de la droga en diversos estados. "Había un director que carecía de estructura y que tenía en masa a toda la policía; operaba como una agencia de colocaciones y su política era: 'mándame dos agentes aquí, envíame tres allá...', todo en desorden y sin un proyecto claro de política criminal", explicó entonces. Sin embargo, a su desaparición, la AFI también enfrentó serios problemas: Entre mayo y noviembre de 2000, dio de baja a 3,500 agentes federales, debido a que el 98% reprobó los exámenes de polígrafo y otros más el toxicológico, y de entorno social, establecidos como obligatorios durante la gestión del procurador Jorge Madrazo. De esos 3,500, por lo menos 750 ganaron amparos que obligaron a la PGR a reinstalarlos y pagarles sus salarios caídos.