MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal abrió las puertas del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) a cinco representantes de la sociedad civil, quienes se incorporarán a partir de la siguiente reunión programada para el jueves 2 de agosto. Ellos son: Alejandro Martí, Héctor Larios Santillán, Arturo Valenzuela Zorrilla, María Elena Morera y Julia Monárrez. En conferencia de prensa, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), José Óscar Vega Marín, informó que la idea de dar cabida a los representantes ciudadanos es fortalecer la presencia de la sociedad civil en las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Alejandro Martí preside la organización México SOS; Héctor Larios, el Observatorio Nacional Ciudadano; María Elena Morera, Causa Común; Arturo Valenzuela, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, y Julia Monárrez, es académica de El Colegio de la Frontera Norte. Morera y Martí se han caracterizado por apoyar sin reparos la estrategia federal de seguridad. De mayor trayectoria en el activismo por la seguridad, la primera alcanzó notoriedad tras el secuestro de su marido, Pedro Galindo, en 2001. Morera tiene una posición crítica ante la militarización y se pronuncia por atacar las estructuras financieras del hampa. Sin embargo, en corto, ha promovido reuniones privadas entre el Movimiento por la Paz y García Luna. En una entrevista que Eduardo Gallo Tello concedió al reportero Álvaro Delgado, en mayo del año pasado, el activista –cuya hija fue secuestrada y asesinada tras un fallido rescate en junio de 2001– advirtió que los liderazgos son cooptados por el gobierno a partir de una serie de prebendas; en el caso de Morera, uno de sus hijos forma parte del staff del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (Proceso 1801). El martes 16 de agosto de 2011, la Secretaría de Gobernación (Segob) organizó un encuentro con organizaciones civiles y empresariales para discutir la Ley de Seguridad Nacional, y entre otros personajes, invitó a María Elena Morera, de Causa Común, quien en una entrevista radiofónica, se pronunció a favor de la ley, emulando al empresario Alejandro Martí, quien un día antes se había manifestado en el mismo sentido. Hoy, Vega Marín dio a conocer que el CNSP invitará por primera vez a estos cinco ciudadanos a participar en esta reunión de análisis y propuesta. Dijo que Alejandro Martí, presidente de México S.O.S, “aportará una reflexión” sobre los avances en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Otro de los invitados es Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, quien participará con una reflexión respecto a los avances en los compromisos de las entidades con la reducción de la incidencia delictiva de homicidio doloso. También acudirá Arturo Valenzuela Zorrilla, coordinador de la Mesa de Seguridad Pública del programa Todos Somos Juárez, quien dará a conocer su punto de vista sobre la relevancia de la participación permanente de la sociedad en los órganos de decisiones, como es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, entre otros. La académica Julia Monárrez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, quien también ha sido participante activa de Todos Somos Juárez, presentará una reflexión sobre las iniciativas de ley existentes para que la participación ciudadana en la sesiones del Consejo sean de carácter permanente. Vega Marín señaló que uno de los principales objetivos de la sesión del 2 de agosto, radica en que independientemente de las acciones del Congreso de la Unión a este respecto, se tenga listo un método aprobado que garantice la presencia de cinco representantes de la sociedad civil en las próximas reuniones. Finalmente, aclaró que estos cinco ciudadanos no son los candidatos definitivos para conformar el Consejo Ciudadano del CNSP, ya que prevén conformar una terna de 10 mexicanos, la cual, deberá de ser votada por los rectores de las universidades más importantes del país, que alternarán en estos cinco espacios, durante un periodo de dos años cada uno. Ello, de acuerdo a que el Sistema de Seguridad Nacional Pública (SNSP), dio a conocer que con la aprobación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 24 de enero del presente año, se instituye con mayor énfasis y prioridad nacional el trabajo de prevención del delito y la promoción de la participación ciudadana. En conferencia de prensa, Vega Marín destacó que independientemente de los esfuerzos que hace México, a través del programa para fomentar el esfuerzo educativo, la salud y el combate a la pobreza, la actual administración destinó recursos específicos para financiar programas de prevención y de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.