TORREÓN, COAH. (Proceso).- En el Hospital de Especialidades número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) médicos, enfermeras, pacientes y derechohabientes entraron en pánico la tarde del lunes 23, luego de escuchar un tronido y observar cómo los pisos cuarto, quinto y sexto quedaban envueltos en llamas. Elementos de Protección Civil comenzaron a acordonar el área del siniestro y a evacuar a las 450 personas internadas. Eran las siete con 45 minutos. Los rescatistas comentaban que el estallido lo causó una fuga de gas. Poco antes, la Policía Municipal informó que el incendio lo provocó la explosión de una balastra. Todo era confusión. Varias enfermeras aseguran a Proceso que horas antes comenzaron a recibir mensajes anónimos en sus celulares en los que les advertían que no se presentaran a trabajar porque “el hospital estaba amenazado”. Y cuando el nosocomio estaba en llamas las advertencias se repitieron: “Esto es sólo el comienzo”... Un par de enfermeras deambulaban por las inmediaciones del hospital, ubicado en avenida Revolución. Iban abrazadas e intentaban darse ánimos. Cada una revisaba su celular para ver si había más mensajes. La movilización de socorristas continuaba. El sonido de las sirenas de ambulancias envolvió el ambiente. A las 20:30 horas las ambulancias y los bomberos de los municipios aledaños continuaban arribando al nosocomio. Adentro reinaba el caos. Los camilleros, enfermeros y asistentes ayudaban a los pacientes a desplazarse; algunos portaban cables, tanques de oxígeno, las sondas con las que les suministran suero y otros medicamentos. “Cuando comenzamos a recibir los mensajes intimidatorios, algunas compañeras solicitaron su cambio a la clínica 16”, ubicada en la misma avenida Revolución, muy cerca del Hospital de Especialidades que atiende a la gente de la Comarca Lagunera, dice una de ellas. El incidente del lunes 23 fue el segundo del mes. El primero se registró recientemente, cuando un grupo de sicarios llegó hasta el cuarto piso para rematar a un hombre herido en una refriega y al escolta que lo cuidaba. El martes 24 la Policía Municipal emitió un segundo comunicado en el cual aclaró que “la conflagración” fue provocada por un “cortocircuito general”. Con respecto al “conato de incendio”, el propio personal del hospital lo controló de inmediato, concluyó el comunicado. El desalojo de los 450 enfermos del hospital 71 es el incidente más grave en los últimos dos años. De entonces a la fecha, los aproximadamente 700 mil habitantes de esta ciudad capital viven inmersos en una crisis social. Les preocupa, dicen, que la región lagunera se haya convertido en el tercer sitio con más asesinatos violentos del país, detrás de Ciudad Juárez y Acapulco. “La Laguna es ahora el mejor ejemplo para conocer cómo la corrupción y complicidad de las autoridades con el crimen organizado hunden a una sociedad en la desesperanza y la zozobra”, dice a Proceso un empresario local que pidió no ser identificado. Hoy, la vida nocturna en esta ciudad es mínima. Los pequeños y medianos negocios fueron los primeros en cerrar a causa de las extorsiones de Los Zetas; luego siguieron los establecimientos de las avenidas del centro, como la Morelos. Los intentos policiacos por frenar la violencia instrumentados en 2011 sólo tuvieron efectos mediáticos. En octubre de ese año, semanas antes de su muerte en un accidente aéreo, el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora anunció el Operativo Laguna Segura. La primera acción fue renovar a los mandos medios y superiores en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón; luego arribaron a la entidad 746 efectivos del Ejército. Pero la violencia no disminuyó. Al concluir el año los crímenes superaban los 740. Los primeros meses de 2011 los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada fluctuaban entre 30 y 40 por mes. Con el operativo se dispararon hasta 50; al mes siguiente eran 60. En el último trimestre el promedio era de 80. Al iniciar 2012 la estadística se disparó. En La Laguna, la delegación de la fiscalía estatal informó que este año podría ser más violento, ya que el índice de homicidios se incrementó 14% en el primer bimestre, con 102 asesinatos. De acuerdo con las autoridades, 80% de las muertes violentas se derivan de las pugnas entre los cárteles de la droga por la plaza; 15% las provoca el Ejército en sus enfrentamientos con las bandas criminales; aunque algunas son “bajas colaterales”, el resto son crímenes del fuero común. La red de corrupción La Laguna es codiciada por el Cártel de Sinaloa, cuyos sicarios controlan varios municipios duranguenses, entre ellos Gómez Palacio y Lerdo, y Los Zetas, quienes mantienen un férreo control sobre Torreón, Matamoros y San Pedro. Desde su llegada a Coahuila, Los Zetas contaron con la protección de autoridades de todos los niveles de gobierno. Incluso varios líderes asentaron su residencia en el estado. Desde aquí coordinan los operativos de Monterrey y otras plazas de la región. Capos como Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Juan Oliva Castillo, La Rana, quien ordenó el atentado al casino Royale, y Alberto José González Xalate, El Paisa, detenido en abril de 2012, tenían su centro de operaciones en Saltillo. En su edición del 26 de febrero de 2012, Proceso documentó la forma en que Los Zetas infiltraron el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, la fiscalía y las corporaciones policiacas estatales. La detención de cuatro líderes zetas destapó la complicidad de altos funcionarios, a quienes el grupo delictivo pagaba fabulosos sueldos. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 salió a relucir que el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa de Coahuila, protegió a Los Zetas (Proceso 1843). También resultó implicada la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue destituida. De acuerdo con la misma información, entre los altos mandos del Ejército que recibían sueldos del narco figuran los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores. Cada uno recibía 50 mil pesos al mes. Su compañero Marcos Augusto Pérez Cisneros sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”. Según la averiguación referida, la red de corrupción incluía a subtenientes, sargentos y cabos, cuya función era servir de enlace para transmitir las órdenes de Los Zetas a los mandos militares. La indagatoria indica que la corrupción alcanzó también a mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), algunos de los cuales tenían “narcosueldos” de 100 mil pesos mensuales. Un comandante segundo recibía 70 mil; el agente José Guadalupe Ballesteros Huescas, 50 mil pesos, en tanto que cinco ministerios públicos federales cobraron entre 25 mil y 30 mil pesos. Algunos también obtuvieron lujosos vehículos como regalo. La averiguación también señala que Humberto Torres, hermano del titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, recibió sobornos de hasta 100 mil dólares y automóviles BMW y Mustang cuando se desempeñaba como director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy se encuentra prófugo. Añade que todos esos funcionarios y militares permitieron a Los Zetas erigir un imperio de venta de drogas, así como extorsionar y secuestrar a empresarios en la entidad. Mientras, desde Durango, las huestes del Chapo Guzmán les “calentaban la plaza” con constantes enfrentamientos. Debido a que la mayoría de los choques ocurrieron en la zona centro de Torreón, ya que los sicarios de Sinaloa sólo tenían que cruzar el río Nazas, pronto sus calles lucieron desoladas con decenas de comercios cerrados. Durante la narcoguerra en esta ciudad capital se han registrado tres masacres: la del bar Ferry, donde fallecieron ocho hombres a finales de enero de 2010; la del 15 de mayo siguiente, durante la inauguración del bar Juanas, en la cual murieron 10 personas, y una tercera, en Quinta Italia Inn, la madrugada del 18 de julio de ese mismo 2010, donde fueron acribillados 17 jóvenes. La PGR informó que en esas masacres se utilizaron rifles de asalto oficiales, pertenecientes a custodios del Cereso Dos de Durango, dirigido entonces por Margarita Rojas Rodríguez. La funcionaria y varios de sus colaboradores fueron acusados por la procuraduría de haberle permitido a un grupo de reos salir por la noche, usar el armamento de los custodios y vehículos oficiales para realizar “actos de venganza”. Con la captura de algunos funcionarios corruptos se redujeron los enfrentamientos, pero aumentaron las desapariciones y secuestros en la parte coahuilense de La Laguna. Lo mismo dice el empresario Alejandro Gurza Obregón, quien asegura que las extorsiones a negocios se han incrementado, aunque admite que lo más grave son los plagios. La inseguridad y violencia también provocó que se fueran de la ciudad una gran cantidad de empresarios y comerciantes, concluye Gurza. El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi asegura que desde 2010 la principal problemática que atiende está relacionada con personas desaparecidas. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) tiene registradas más de 230 desapariciones, pero la comisión estima que quizá sean 600, aunque muchos no se han denunciado. “Constantemente nos llegan personas que no están organizadas y que nos piden asesoría. Tenemos casos de los municipios de Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Cuencamé”, dice Antonio Esparza, vocero de Fundec. Al organismo, dice, también llega información de los secuestros de migrantes durante su trayecto a Estados Unidos. La violencia no cesa. A principios de junio pasado se registró una matanza más en el Centro de Readaptación Tu Vida sobre la Roca A.C., donde fueron asesinados 11 internos. *Aviso a los lectores.- Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley en prácticamente todo el páis. Proceso asume la política de proteger a sus reporteros y corresponsales presentando -de manera excepcional- ciertas notas y reportajes relacionados con el narcotráfico sin su frima. DEl contenido de esos trabajos se hace responsable nuestra casa editorial.