MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón presumió que hasta este día su gobierno ha capturado o abatido a 22 de los 37 líderes criminales más poderosos de México, lo que, a su juicio, permitió “desarticular las estructuras logísticas y operativas de muchas de las organizaciones de la delincuencia organizada más peligrosas del país. Al encabezar la XXXIII reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Palacio Nacional, el presidente Calderón festinó también que en el primer semestre del año se redujo 7% la incidencia de homicidios dolosos en el país, respecto al mismo periodo de 2011. Admitió que esta disminución fue posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. En lo que se refiere a los casos de homicidios presuntamente atribuibles a rivalidad delincuencial, Calderón afirmó que la baja es cercana al 15%. En esta reunión del CNSP, asistieron por primera vez, Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; Alejandro Martí, presidente de México S.O.S; Arturo Valenzuela Zorrilla, coordinador de la Mesa de Seguridad Pública del programa Todos Somos Juárez; Julia Monárrez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte; y María Elena Morera, presidenta de la asociación Causa en Común. Como ha sido costumbre en estas reuniones, el titular del Ejecutivo federal defendió, una vez más, su estrategia de seguridad contra el crimen organizado. “Al iniciar el gobierno, lo que encontré fue un creciente deterioro de las condiciones de seguridad en el país. Poblados o, incluso, ciudades enteras eran presas de la violencia. ¿Qué había sucedido? Una combinación de factores nacionales, como también una dinámica global nueva, formaron por décadas el caldo de cultivo para la proliferación de la delincuencia”, señaló. Explicó que la economía globalizada abrió nuevas rutas al crimen organizado transnacional y a sus actividades ilícitas. Para consolidar y mantener tales mercados, los grupos criminales se valieron de la cooptación o la intimidación de ciudadanos y autoridades a través de la violencia, con la cual nulificaban la acción de tales autoridades y mantenían a raya, a la vez, a grupos criminales rivales. Añadió que esta expansión del crimen tomó por sorpresa a instituciones de seguridad y justicia obsoletas. México padecía las consecuencias de un modelo de seguridad que terminó por ser inoperante y, también, propiciatorio de la corrupción. Señaló que ante esa crítica situación, y sin instituciones de seguridad capaces de hacer frente a ese nuevo fenómeno delincuencial, era una obligación ética, política y constitucional del Ejecutivo federal cumplir y hacer cumplir la ley en defensa de los ciudadanos. “Emplear los recursos del Estado para garantizar la seguridad de las familias mexicanas era, como he dicho antes y lo sostengo ahora, un imperativo categórico para el Estado”, agregó. Calderón Hinojosa dijo que por eso se diseñó una estrategia integral en el Gobierno federal para “enfrentar con determinación a todas las organizaciones criminales a fin de proteger a nuestras comunidades, dándole prioridad a aquellas mayormente afectadas por el fenómeno delincuencial”. “Gracias a esta labor de todos, se ha logrado la desarticulación de las estructuras logísticas y operativas de muchas de las organizaciones criminales más peligrosas”, señaló. Calderón estuvo acompañado por los integrantes del gabinete de seguridad nacional, del que forman parte los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré Romero; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez. Rechazan cifras alegres En su oportunidad, Héctor Larios Santillán refutó las cifras alegres del presidente Calderón sobre la disminución de los homicidios dolosos. Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, reconoció una tendencia a la baja en la comisión de este delito, pero señaló que no resulta estadísticamente relevante, para que la ciudadanía recupere la percepción de seguridad como sociedad. Aseguró que hay serias deficiencias e inconsistencias en los datos que proporcionan los gobiernos estatales y el federal, así como una situación asimétrica en las estadísticas. Comentó que en el análisis de enero a abril del presente año, hay mil 140 homicidios sobrantes o faltantes, pues la información de los estados y del gobierno federal no concuerdan. La intervención de Larios Santillán obligó al presidente Calderón a intervenir por segunda vez en la sesión. Rechazó que la disminución en la comisión de homicidios dolosos sea irrelevante, pues eso le interesa al conjunto de la sociedad. En todo caso, es opinable y solicitó a Oscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revisar las estadísticas.