Durante los 20 años que lleva operando, Mexicana de Lubricantes (Mexlub) ha obtenido millonarios dividendos a costa de Pemex, con la anuencia de las autoridades federales. Y pese a las indagatorias emprendidas por Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación para documentar sus tortuosas actividades, el director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, habla de “normalizar” la asociación con esa firma. Algo así como “borrón y cuenta nueva”. MÉXICO, D.F. (Porceso).- Después de trabajar casi 20 años con Petróleos Mexicanos (Pemex) –a la que le adeuda más de mil millones de pesos por utilidades no pagadas–, de tener más de 50 litigios en su contra, de acusaciones por un presunto desfalco fiscal por 40 mil millones de pesos y de daño patrimonial por más de 12 mil millones de pesos al erario federal, la empresa Mexicana de Lubricantes (Mexlub) será beneficiada con un “borrón y cuenta nueva” antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón. Creada en 1993 por la firma Impulsora Jalisciense y Pemex Refinación, en un proceso de licitación calificado de “fraudulento” por la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) –como señala un documento interno de 2006 obtenido por Proceso–, Mexlub ha operado durante casi dos décadas sin contratiempos. A pesar de las innumerables irregularidades y de la corrupción documentada a lo largo de su existencia, desde finales de 2011 se pretende “normalizar” la sociedad entre Pemex Refinación e Impulsora Jalisciense en el Consejo de Administración de la paraestatal. El tema Mexlub lleva tres meses pendiente de resolución en el Comité de Auditoría de Pemex. En la Expo Pemex celebrada la semana pasada, el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, informó a varios empresarios su intención de “normalizar” el caso de esa firma en la sesión del próximo miércoles 22. Entre las opciones de Suárez Coppel está la de “transparentar” la relación comercial de la paraestatal con Impulsora Jalisciense, propietaria de casi la mitad de las acciones de Mexlub. Se busca finiquitar la sociedad entre esta empresa, propiedad del jalisciense Salvador Martínez Garza, evitando cualquier responsabilidad penal por el presunto desfalco. Y aun cuando la compañía tiene varias investigaciones abiertas y decenas de litigios en tribunales, se les pretende dar “carpetazo” desde la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR se inició una investigación contra Mexlub el 7 de junio de 2006 a raíz de una denuncia de hechos por administración fraudulenta interpuesta por Pemex Refinación. El 4 de marzo de 2011, al término de una junta, peritos de la PGR y de Pemex Refinación concluyeron que “por el concepto de perjuicio económico por los sueldos pagados a funcionarios sin autorización, Pemex Refinación tenía derecho al pago por un monto de 169 millones de pesos” y “el monto del daño patrimonial que ha sufrido Pemex Refinación como socio de Mexicana de Lubricantes asciende a la cantidad de 12 mil 87 millones de pesos, equivalentes a 46.85% de su participación accionaria”. El Ministerio Público federal envió citatorios al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a Mexlub. No hubo respuesta. El MP volvió a girar recordatorios a ambas “sin que hasta la fecha se tenga respuesta”, consigna el informe elaborado por auditores independientes el 31 de diciembre de 2011, cuya copia obtuvo Proceso. Hace dos años la ASF inició una investigación contra Mexlub por pérdidas de 630 millones de pesos en siete años de gestión fraudulenta (1993-2000) y por omitir la entrega de estados financieros de 2001 a la fecha. La empresa no ha cumplido con los requerimientos del máximo órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados. En mayo de 2011, durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, Suárez Coppel prometió fincar responsabilidades penales, administrativas y civiles contra funcionarios omisos en su actuación o que hayan incurrido en irregularidades en la administración de esta empresa que se convirtió en una “caja chica” de millonarias irregularidades. Hasta la fecha no ha cumplido. En la trama para legalizar el desfalco cometido al presupuesto público de Pemex Refinación, a accionistas minoritarios y al fisco intervienen prominentes personajes del entorno panista, como el exdirigente nacional de Acción Nacional, Germán Martínez; el asesor ejecutivo de Pemex, Agustín Portal, y Alma Rosa Moreno, colaboradora de Francisco Gil Díaz cuando éste estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda. En el Senado se documentó también que Consultora Akya, de Fernando García de Luca, y Germán Martínez fungieron como asesores jurídicos para la firma de un “memorándum de entendimiento” que permita vender la empresa en mil 544 millones de pesos y evitar más responsabilidades penales. El abogado general de Pemex, Marco Antonio de la Peña, envió el 29 de octubre de 2010 el oficio OAG/GCPJ/1760/2010 a Pemex Refinación para condonar la denuncia penal interpuesta contra Mexlub, si se aprueban los estados financieros reformulados desde 2001 hasta la fecha. El caso se considera de “alta prioridad” porque están implicados prominentes funcionarios de administraciones priistas y panistas, como José Antonio Ceballos, exdirector de Pemex Refinación, quien fue vicepresidente de Mexicana de Lubricantes en abierto conflicto de intereses; o como Francisco Rojas, director de Pemex en el salinismo y quien firmó como “testigo de honor” el contrato de coinversión del 19 de enero de 1993, considerado el origen de las irregularidades; o el actual director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.   Los orígenes   De entrada las bases establecidas el 18 de enero de 1993 para constituir la empresa Mexlub y el contrato de coinversión celebrado por Pemex Refinación e Impulsora Jalisciense, del empresario Salvador Martínez Garza, fueron el origen de la serie de irregularidades. Un negocio como la venta de lubricantes, que dejó utilidades netas a Pemex por 225 millones de dólares en 1991, fue vendido un año después en menos de 50 millones de dólares (508 millones de pesos) a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las mismas bases de licitación, según establece un análisis la SFP de noviembre de 2006. Según ese documento: “Es de destacar que tanto Grupo Industrial Martínez Garza, S.A. de C.V., fue constituido el 8 de enero de 1993 e Impulsora Jalisciense, S.A. de C.V., fue constituida el 11 de enero de ese año, lo que hace evidente que dichas personas morales fueron creadas en fecha posterior al cierre del proceso licitatorio y adjudicación del contrato respectivo (emitido el 7 de diciembre de 1992)”. En su parte medular agrega: “Pemex Refinación ha intentado ejercer su derecho de compra de 51% de las acciones de Mexlub sin resultados, por lo que podría emprender acciones de carácter penal contra los directivos de la firma de lubricantes, en virtud de que no han cumplido con el contrato de coinversión de fecha 19 de enero de 1993”. Otras irregularidades enumeradas por la SFP fueron: “Altos costos a cargo de Pemex por los procedimientos administrativos y legales que confronta por los casos derivados de Mexlub; alto impacto en los resultados de Mexicana de Lubricantes por pagos de honorarios y costos de procedimientos judiciales en que se encuentra envuelta, lo que representa una doble carga para la paraestatal; falta de fiscalización por parte del gobierno federal y manejo ventajoso por parte de accionistas mayoritarios que compromete la inversión del Estado. “Denuncias o investigación por prácticas monopólicas, ya que en los contratos de suministro y franquicia existe cláusula de exclusividad que obliga a las estaciones de servicio a comprar exclusivamente los aceites y grasas lubricantes marca Pemex o de aquellas empresas en las que tenga participación social.” El documento de la SFP destaca la contradicción más fuerte: una empresa que le dejó utilidades netas por 225 millones de dólares anuales a Pemex, después de 15 años de sociedad con Impulsora Jalisciense acumulaba una pérdida de 3 mil 375 millones de dólares, equivalentes a 371 mil 250 millones de pesos según la tasa de cambio de 2006. La copia del escrito obtenido por Proceso refleja que desde antes de su toma de posesión Felipe Calderón tenía información sobre las irregularidades y el daño patrimonial contra Pemex Refinación. Los “focos de preocupación” establecidos en el diagnóstico de la SFP subrayan que Mexlub se constituyó “de manera fraudulenta” y opera “bajo una administración fraudulenta, producto de la composición de su capital social, lo que implica que Pemex participe en las pérdidas, pero no en las utilidades, ya que nunca se ha pagado a Pemex en su calidad de socio minoritario la participación accionaria que le corresponde”. Y aporta otro elemento del fraude: Mexlub contrató con Banpaís un crédito por 60 millones de dólares, “recursos que utilizaron los socios mayoritarios para fines distintos”. Y remata: “El crédito no fue pagado en la forma convenida y el monto final del pago del mismo fue muy superior al establecido originalmente en perjuicio del patrimonio del gobierno federal”.   El dictamen de la ASF   En su análisis de la cuenta pública correspondiente a 2010, la ASF hace un duro diagnóstico de las cuentas de Pemex Refinación en Mexlub. Entre 1993 y 2001 la empresa registró más pérdidas que ganancias a pesar de recibir el negocio con ventas netas anuales de 230 millones de dólares, que lo ubicaban como uno de los 40 negocios más grandes del país. Sin embargo en los años siguientes la mayoría fueron pérdidas. Entre 1994 y 2003 los estados contables de Mexlub registraron pérdidas por 543.9 millones de pesos frente a ganancias de sólo 49.6 millones de pesos, tal como se acredita en los resultados enviados por la Unidad de Enlace de Pemex Refinación al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública el 17 de octubre de 2007. La ASF advierte también que en 1993 Pemex Refinación invirtió 178.7 millones de pesos en acciones de Mexlub sin que hasta diciembre de 2011 (fecha de la auditoría) “obtuviera dividendos de esa inversión”. En 2002 Pemex Refinación y Mexlub rompieron relaciones comerciales, lo que ocasionó diversos juicios que están vigentes. El Consejo de Administración y la Asamblea General de Accionistas de Pemex “no han aprobado los estados financieros de 2001 a 2010” y la firma de lubricantes tampoco presentó dictámenes fiscales ante el SAT de 2006 a 2010. Además, advierte el dictamen de la ASF, “Pemex Refinación informó que no cuenta con los estados financieros dictaminados de los ejercicios de 2006 y 2010 en virtud de que la administración de la empresa no los ha remitido, ni en forma provisional”. En sus conclusiones y resumen ejecutivo, la auditoría establece, entre otras cosas, que existe una violación al contrato de licencia de uso de marcas con la empresa Bardahl, firmado el 30 de noviembre de 1994, por un término de 20 años, “en el que se le otorgó en forma gratuita a Mexlub la autorización de uso y explotación de esas dos marcas”. En términos de rentabilidad, durante los nueve primeros años de operación Mexlub “sólo ha mantenido el poder adquisitivo del capital aportado” y no se alcanzaron los planes de negocios y pronósticos de utilidades establecidos de 1996 a 2001. Pemex perdió presencia en el mercado de venta de lubricantes. En 1992 tenía 41% del mercado y para septiembre de 2001 disminuyó a 26%, “por lo que en nueve años se han perdido 15 puntos porcentuales”. Existen irregularidades en el manejo de la nómina de Mexlub. Funcionarios de la empresa recibieron sueldos desde marzo de 1997 hasta septiembre de 2001, “no obstante que ya no se desempeñaban desde esa fecha (marzo de 1997)”. Además no se encontró autorización expresa del Consejo de Administración”.   Otras demandas   El reporte de los estados financieros realizado por auditores independientes al 31 de diciembre de 2011 consigna que desde hace cinco años Mexlub y Pemex Refinación tienen otra demanda de la empresa Bardahl ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil del Tercer Circuito de Guadalajara (expediente 95/2007). Bardahl reclama la nulidad del contrato de licencia de uso de marcas, con fecha del 19 de enero de 1993, así como el pago de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la práctica monopólica consistente en no permitir que esta empresa y otras puedan comercializar sus aceites y lubricantes en las gasolinerías y estaciones de servicio de Pemex. El perito tercero en discordia estableció que el monto de los perjuicios serían de 6 mil 210 millones de pesos. Pemex Refinación recurrió a la resolución contra la paraestatal. Aún está en trámite el proceso jurídico. El informe interno de la SFP estableció que la marca de lubricantes Akron es propiedad de Mexlub y no de Pemex. Por lo tanto, de acuerdo con la licitación pública y una resolución de la Comisión Federal de Competencia, Akron no tendría por qué tener la exclusividad en las estaciones de servicio del país.