Cuarenta víctimas de la lucha contra el narcotráfico, encabezadas por Javier Sicilia, recorrerán durante un mes el territorio de Estados Unidos para llevar un mensaje a los ciudadanos y al gobierno de ese país: que ellos –como adictos a las drogas, lavadores de dinero y vendedores de armas– también tienen responsabilidad por cada uno de los muertos y desaparecidos de la guerra calderonista. La Caravana por la Paz cumplirá su tarea en un momento políticamente delicado, cuando se aproxima la elección presidencial estadunidense y cuando en México aún no se aclara el proceso del 1 de julio. Para el poeta y activista Javier Sicilia exigir al gobierno y al pueblo estadunidenses que asuman su responsabilidad en la guerra contra las drogas en México –que en los últimos cinco años ha causado cerca de 70 mil muertes, 10 mil desapariciones y 250 mil desplazados– es dar un paso adelante en la búsqueda de la paz y la reconciliación. Así lo harán 40 mexicanos que han sufrido la pérdida de un familiar en los últimos años y que formarán una inédita caravana que recorrerá Estados Unidos. El propósito: hacer visible en ese país el sufrimiento de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México y pedirle a Washington que modifique su estrategia basada en la violencia, pues además de muertes y desapariciones ha creado más adictos y ha hecho crecer la corrupción en muchos países. “Mientras ellos consumen la droga y venden las armas, nosotros ponemos los muertos”, dice Sicilia en entrevista previa a la Caravana por la Paz, que llegará a 25 ciudades estadunidenses en 31 días a partir del sábado 11. En 2007, según información del gobierno de Estados Unidos, el consumo de drogas y sus consecuencias le costaron 193 mil millones de dólares a ese país, que el año pasado gastó 10 mil millones de dólares para apoyar programas de reducción de la demanda y 88 millones para prevenir el uso de drogas. Sin embargo, la población de consumidores no baja y actualmente es de 23 millones, 9% de la población estadunidense. Encabezadas por Sicilia, las víctimas mexicanas le plantearán tres demandas al gobierno de Barak Obama y a la clase media estadunidense: control férreo del tráfico de armas, ataque al lavado de dinero y establecimiento de una política incluyente y humana con los migrantes. “El gran reto de la caravana es cómo poner en la conciencia del ciudadano promedio norteamericano la responsabilidad que tiene en esta guerra, cómo detrás de cada uno de sus adictos están nuestros muertos, nuestros desaparecidos, la pérdida de nuestra democracia. Cómo detrás de sus armas están también nuestros muertos y desaparecidos”, señala el poeta, cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado en marzo de 2011. Democracia en riesgo Hace cuatro meses el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) comenzó a organizar la caravana a Estados Unidos, que partirá de San Diego, California, y culminará en Washington el 12 de septiembre, tras recorrer más de 9 mil 400 kilómetros. Los mexicanos se reunirán con diversas agrupaciones sociales, sindicales y de derechos humanos estadunidenses y latinas. Con ellas intercambiarán información en torno a la violencia en México y Estados Unidos. Además tienen previstos encuentros con representantes de iglesias comprometidas con la protección de los migrantes y de los grupos sociales marginados. “Vamos a apelar a la defensa de la democracia norteamericana, a la defensa de los derechos civiles que la guerra contra el crimen organizado está poniendo en peligro y que se da cuando se criminaliza a las poblaciones afroamericanas y latinas”, explica. La idea de la caravana se concibió a principios de este año a partir de pláticas del MPJD con agrupaciones estadunidenses como Global Exchange. Sicilia viajó varias veces a California a fin de amarrar los apoyos económicos y organizar la agenda en las distintas ciudades a visitar. Así se lo hizo saber al embajador Anthony Wayne para que no hubiera sorpresas ni malentendidos, precisa. A lo largo del año se lograron apoyos de organizaciones sociales y personajes como George Soros, que dieron recursos y ofrecieron alimentos y lugares para hospedaje. A la caravana se sumarán miembros de Gente Unida, el Hotel Migrante, Nayaritas California, la Universidad Estatal en San Diego, la Universidad de San Diego, Misa Azteca y Ocupe; también la Comisión de Asuntos Fronterizos y el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Son 80 las agrupaciones de distintos perfiles que apoyan la Caravana por la Paz; ésta constará de 40 víctimas y 30 personas más, entre periodistas y equipo de apoyo, y todas harán el viaje en dos autobuses. La caravana se realiza en un momento político complicado: luego del proceso electoral mexicano del 1 de julio y antes de las elecciones en Estados Unidos, en noviembre, y con la circunstancia adversa para el MPJD de que los principales compromisos que Felipe Calderón adquirió con las víctimas –integrar una procuraduría especial, el memorial y la Ley de Víctimas– no han sido cumplidos. –¿Por qué ir a Estados Unidos si en México no se consiguió mucho? –Hacer visibles a las víctimas, hacer explícito que declarar la guerra al narcotráfico fue una estupidez, un absurdo basado en un equívoco, ha sido importante. De ahí se han desencadenado procesos que ya nadie va a parar. Aunque Calderón quiera parar la Ley de Víctimas, aunque quiera construir un monumento como elogio a su violencia, aunque la Procuraduría de Víctimas no esté a la altura de las circunstancias, el proceso tiene que seguir para detener esta guerra. Advierte que los orígenes de esta política están en la guerra contra el narcotráfico declarada por Nixon en 1971: “Uno de los temas en Estados Unidos es la necesidad de regularizar la venta de las armas que están alimentando esta guerra tanto a nivel legal, con el Plan Mérida, como de manera ilegal con el crimen organizado. No hay un solo procesado por el tráfico de armas”. Indica que el otro tema que se tratará es el de los migrantes, a quienes se está criminalizando en los dos países. Es el mismo caso de los consumidores: También abordarán el tema del lavado de dinero. Sobre el particular, Sicilia afirma: “Es ridículo que no hayan hecho nada con el problema del lavado de dinero en HSBC. Fueron 17 mil millones de dólares lavados, pero no hay un solo funcionario procesado o detenido por ese motivo”. Pero según el activista el fondo del problema es más grave: se está poniendo en riesgo la permanencia de la democracia. “El pueblo norteamericano, que ha sido un baluarte de la democracia y de las sociedades abiertas, con esta política antidrogas está destruyendo la democracia, abriéndole el camino a los gobiernos autoritarios y corruptos, a nuevas formas del totalitarismo”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1867, ya en circulación)