MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la justicia civil debe investigar los delitos cometidos por militares cuando la falta no atente contra la disciplina castrense. En un segundo caso sobre conflicto competencial, la SCJN resolvió por 8 votos a 2 la competencia a favor de la justicia federal un caso en el que tres militares están acusados de falsedad en declaraciones para justificar la detención de un civil en Morelia, Michoacán, en marzo de 2010. Los militares sembraron un saco de mariguana en el automóvil que conducía Jesús Piedra Villalobos, por lo que fueron acusados de obstrucción a la justicia, clasificado como un delito civil y no militar. La decisión de la Corte implica que el expediente quede radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Michoacán y no en el Juzgado Militar adscrito a la Quinta Región Militar, con sede en Jalisco. La mayoría de ministros determinó que el caso debe quedar en la justicia ordinaria a pesar de no haber víctimas civiles y que por tratarse de empleados federales debe ser conocido por la justicia federal. El presidente de la Corte, Juan Silva Meza, explicó que el fuero militar sólo es aplicable por delitos que afecten el orden castrense, "pero cuando se lesionan derechos humanos de civiles, en absoluto", tal y como lo estableció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano en el caso Radilla, detenido y desaparecido por efectivos del Ejército en 1974. "En este caso, los hechos no afectan la disciplina castrense, sino la administración de la justicia, un delito del orden común, por lo que el asunto debe ser remitido al juez de distrito que corresponde", añadió. El ministro José Ramón Cossío recordó que no sólo a la SCJN le corresponde interpretar los alcances del fuero militar, sino que también el Poder Legislativo debe revisar el Código de Justicia Militar, de acuerdo con el fallo de la CoIDH. Como en la votación de la semana pasada, sólo los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos se opusieron a que el caso quedara en la justicia civil. En esa votación, la mayoría de ministros resolvió que el caso de la tortura y muerte del civil Jethro Ramsés Santana Sánchez a manos de militares debe ser investigado por la justicia federal.