Como si fueran crueles dioses, los codiciosos empresarios de la minería, así como las autoridades del ramo y las organizaciones gremiales, requieren de muchas muertes sacrificiales como tributo para apenas voltear hacia el dolor humano… Si bien los más recientes accidentes ocurridos en el estado de Coahuila comienzan a traducirse en clausuras de instalaciones, en la minería nacional siguen prevaleciendo los intereses económicos, políticos y sindicales, por encima de la integridad de los trabajadores y sus familias. La mañana del 25 de julio pasado, Gloria Arellano se enteró de que su hijo José Fidencio Sánchez Arellano había muerto en un accidente minero. Era el primer día de trabajo del joven en un pocito carbonero de la Compañía Minera Progreso que semanas antes había sido inspeccionado en 16 ocasiones. Por no tener salida de emergencia, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la clausuraron.   Federico Quintanilla, exalcalde priista de Progreso, Coahuila, es el dueño de la empresa y no le importó la clausura. Siguió bajando mineros hasta el fondo sin medir la presencia de gas grisú, que por su explosividad es una de las principales causas de accidentes. La operación ilegal de la mina ocasionó la explosión que mató a José Fidencio y a seis de sus compañeros. Ésta no fue la primera ocasión en que los pocitos carboneros enlutaron a Gloria. Dos años antes, el 30 de julio de 2010, Ramón, otro de sus hijos, perdió la vida en el rudimentario e inseguro pocito Boker. Los tres huérfanos que dejó quedaron al cuidado de Gloria, quien desde entonces participa en la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) exigiendo seguridad en las minas. El luto es comunitario. La región carbonífera –integrada por cinco municipios y alrededor de 170 mil habitantes– tiene como motor económico la minería, y la tragedia se repite una y otra vez en los mismos pueblos y las mismas familias. La comunidad de La Florida, donde se ubica el pocito letal ha registrado al menos cuatro accidentes mortales en distintas exploraciones a lo largo de un lustro. El accidente del 25 de julio es uno de los cuatro que provocaron el fallecimiento de 15 trabajadores en 15 días. Desde la explosión en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos –ocurrida el 19 de febrero de 2006 y donde perecieron 65 obreros– hasta la fecha, suman ya 148 muertos por inseguridad laboral en los procesos del carbón. El 20 de julio, en la comunidad mineral de Agujita, murieron dos trabajadores en un túnel propiedad de las familias González Garza y Montemayor, en cuyas instalaciones hubo otro percance, el 3 de mayo de 2011, que ocasionó la muerte de 14 trabajadores y la amputación del brazo de un menor (Proceso 1801 y 1805). El siniestro más reciente ocurrió el viernes 3 y cobró la vida de seis personas. Ese día el estallido fue en la Mina VII “Saltillito”, la más tecnificada y “segura” de la región. El complejo pertenece a Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), que preside Alonso Ancira Elizondo. Si bien la Mina VII supuestamente contaba con todas las medidas de seguridad, apenas el año pasado ocurrió ahí un accidente en el que perecieron dos trabajadores. Las observaciones que hicieron los inspectores eran mínimas y las previsiones fueron insuficientes, pues mientras se encontraban haciendo barrenos –perforaciones de seguridad para detectar presencia de gas– sobrevino una explosión que provocó un alud de toneladas de piedra. Horas después del accidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó que se adoptara como medida precautoria la suspensión de actividades en la Mina VII. A través del Oficio 63246, la Sexta Visitaduría del organismo conminó a la Secretaría de Economía (SE), de la cual depende la Dirección General de Minas, a mantener la suspensión hasta que se verificaran las condiciones de seguridad. La SE acató la recomendación y el lunes 6 ordenó la suspensión por 30 días de los trabajos amparados en el título de concesión 196857, mediante el cual se operaba la Mina VII. Condicionó la reapertura al restablecimiento de las condiciones de seguridad. La mañana del mismo lunes funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llegaron a dicha mina, encabezados por la titular, Rosalinda Vélez. Entre ellos iba el director general de Inspección, Alejandro Alcántara Torres, quien presidió una reunión con dirigentes de la Alianza Minera Nacional (AMN), la agrupación que desplazó al Sindicato Nacional de Mineros (SNM) dirigido por Napoleón Gómez Urrutia. Al término de la reunión los trabajadores de la mina pidieron información a sus representantes, pero éstos les anticiparon que primero acudirían a la empresa. Media hora después, Alcántara los recibió y llegaron a un acuerdo al margen del sindicato: un trabajador de cada sección de la mina ingresaría el martes 7 con los inspectores para verificar las condiciones de la estructura, los equipos y los procedimientos. Ante los mineros, Alcántara aceptó que se recomendara a Minosa modificar los procedimientos de barrenación y los de corte de carbón, y que se capacite a todo el personal durante el tiempo de reconstrucción de la Mina VII. Además, según el expediente 162/000781/2012, en el que se asentó la inspección, se hicieron 123 recomendaciones para reestablecer las condiciones de seguridad. También se acordó que los trabajadores seguirían percibiendo su salario y transportes mientras dure la suspensión. La empresa aceptó que se privilegiara el tema de la seguridad por encima de los conflictos gremiales. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1868, ya en circulación)