GUANAJUATO, Gto., (apro).- Al entrar en vigor este martes las reformas a la Ley General de Salud aprobadas hace tres años, las procuradurías locales podrán perseguir y sancionar el delito de narcomenudeo. “Lo que se busca con esta reforma es ampliar la capacidad del Estado para atender el tema relacionado con los narcóticos”, señaló el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Alfonso Fragoso Gutiérrez. En entrevista, el magistrado detalló que los asuntos menores serán atendidos por las autoridades estatales, tomando en consideración los montos de las sustancias, y los asuntos ya relacionados con delincuencia organizada seguirán manejándose a nivel federal. No obstante, dijo, serán los propios estados los que absorberán los gastos por esta nueva competencia, dado que la Federación no otorgará presupuesto adicional para ello. Fragoso Gutiérrez aclaró que los temas que manejarán los juzgados de cada entidad no son de delincuencia organizada, sino de posesión o distribución de cantidades mínimas, “por ejemplo los que andan en las escuelas o en los tendajones”, dijo. Si hay evidencias de que existe participación de la delincuencia organizada, agregó, esos asuntos serán puestos bajo el conocimiento de los jueces de distrito, como ocurre actualmente. En el caso de Guanajuato, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, el promedio anual de asuntos por narcomenudeo que atienden los juzgados de distrito asciende a 600 al año. Se trata de una carga que podrán absorber los 49 juzgados locales, además de los nuevos juzgados de oralidad que han entrado en funciones de forma escalonada en territorio guanajuatense, puntualizó Fragoso. Subrayó que el narcomenudeo “será un delito más para los jueces, que en algunos casos han manejado delitos mucho más graves que esos, como secuestros y homicidios”. Además, precisó que los jueces no tendrán a cargo el manejo de las sustancias ilícitas, ya que éstas permanecerán en custodia del Ministerio Público y serán manejadas por los peritos. En aquellos asuntos en que se perfile alguna atención especial, dijo, habrá una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, para que a los jueces les sea brindada la protección que necesiten y operen los esquemas de vigilancia que requieran.