El PRI regresará a Los Pinos de la mano del Tribunal Electoral. Los magistrados electorales renunciaron a sus facultades constitucionales y reducidos a sí mismos a la condición de jueces de legalidad validaron el triunfo de Enrique Peña Nieto en medio de las acusaciones de financiamiento irregular, rebase de topes de campaña y construcción mediática de su candidatura.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con su aval a un proceso electoral que repitió la inconformidad de 2006, los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedaron aún más en entredicho que sus antecesores, los que le dieron el triunfo a Felipe Calderón.

De nueva cuenta los principios constitucionales de elecciones libres y auténticas fueron desestimados por el árbitro electoral y tras negar el juicio de invalidez de la elección promovido por el Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador, los magistrados hicieron de la calificación de la elección un mero trámite.

Fue una simulación la que hicieron los magistrados de la Sala Superior. Pero esta vez la falta fue mayor pues renunciaron a la facultad constitucional que les dio la reforma de 2007 para investigar e invalidar normas que atentan contra los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y equitativas, aseguran expertos en derecho constitucional y electoral.

El presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos,  levantó la sesión del viernes 31 de agosto a las dos de la tarde tras despachar en apenas hora y media la resolución de cómputo final, validez de la elección y declaración de Peña Nieto como presidente electo. Los magistrados establecieron la “verdad histórica”: Peña Nieto ganó con 19 millones 158 mil 592 votos, contra 15 millones 848 mil 827 de López Obrador.

Los magistrados tenían prisa. Sólo se dieron tiempo para comer y estar listos, en punto de las cinco de la tarde, para entregarle la constancia de mayoría a quien le devolverá al PRI la Presidencia de la República.

Horas antes, la tarde del jueves 30, habían sido implacables con los argumentos de la coalición que pidió invalidar la elección. Le dijeron no a todo. Ni una coma le admitieron. La gracia fue para el PRI y su candidato, a los que limpiaron de toda responsabilidad electoral en las irregularidades denunciadas por López Obrador y los partidos que lo postularon, por segunda vez, a la Presidencia de la República: PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Entre la negativa a invalidar la elección presidencial y la declaratoria de Peña Nieto como presidente electo, Luna Ramos se la pasó en alabanzas a ese órgano jurisdiccional porque con sus resoluciones, “basadas exclusivamente en el derecho y en el material probatorio aportado por las partes, se garantizó en cada una de las etapas del proceso electoral la observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza” previstos en la Constitución.

Lo que omitió en su discurso fue su facultad constitucional de tribunal pleno. No la mencionó porque los magistrados no la ejercieron. Renunciaron a ella y así evitaron investigar las denuncias contra el PRI y Peña Nieto por los actos anticipados de campaña, la utilización de las encuestas como propaganda, el rebase de topes, el uso de recursos no aclarados y la hechura de su candidatura desde los grandes medios, principalmente Televisa.

La televisora puso el guión hasta el último momento. Todavía no había información oficial sobre el día en que el TEPJF resolvería el juicio de inconformidad 359/2012 promovido por el Movimiento Progresista, cuando el conductor del noticiero estelar de esa empresa, Joaquín López Dóriga, informó el lunes 27 de agosto que la entrega de constancia de mayoría a Peña Nieto se esperaba para el viernes 31. Y así fue. La televisora también adelantó que el priista daría un discurso, tal y como ocurrió.

Fue el mismo día del juicio, el 30 de agosto, cuando el tribunal anunció que resolvería la impugnación. Durante más de cinco horas los magistrados se dedicaron a desechar las acusaciones contra el PRI y su candidato porque los argumentos de la coalición opositora fueron “vagos, imprecisos y genéricos”. Y peor aun, porque fue “incapaz de aportar pruebas fehacientes”.

En su resolución, adoptada por unanimidad, los magistrados establecieron que a pesar de que los casos de las tarjetas del banco Monex y de la tienda departamental Soriana fueron “emblemáticos” de la impugnación, “no se pudo demostrar que hayan sido utilizados para la compra y coacción del voto”.

Más bien el PRI “estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios mediante las referidas tarjetas para ser utilizados por las personas que el partido indicara”.

No hubo tampoco un sistema de financiamiento paralelo, dijo categórica la ministra María del Carmen Alanís, quien en abril del año pasado se reunió en su casa con enviados de Peña Nieto en víspera de la solución de un juicio en el que se le acusaba de haber difundido de manera ilegal su imagen a nivel nacional. El entonces aspirante presidencial fue exonerado sin que la magistrada se excusara de votar en el juicio a pesar de que aquél encuentro ya se había hecho público. El resto de sus compañeros la arroparon, pero le costó la presidencial del Tribunal.

“Precipitación torpe”

Para el TEPJF el uso propagandístico de las encuestas no se demostró, lo que hubo fue ejercicio de la libertad de expresión. El rebase en el gasto de campaña tampoco, pues hasta enero de 2013 los partidos políticos darán a conocer sus gastos totales. No hubo desvíos de recursos públicos, sólo contratos firmados por gobiernos priistas con Soriana o con el partido para beneficiar a sus militantes. Y las más de cinco mil tarjetas adicionadas en la demanda sólo demuestran la existencia de las mismas, pero no la compra del voto.

Con ese tipo de argumentaciones, aderezadas por la declaración anticipada de presidente electo de Peña Nieto por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, cada uno de los magistrados fue desechando las pretensiones de la demanda. La coalición no demostró nada, concluyeron.

En menos de 24 horas, sin hacer una evaluación de todo el proceso electoral, declararon presidente electo a Peña Nieto, le entregaron la constancia de mayoría y se sentaron a escuchar el discurso que el priista dio ante los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un acto anticipado de jefe de Estado. Sólo faltó el himno nacional.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1870, ya en circulación)