PUEBLA, Pue. (apro).- Los integrantes del movimiento #YoSoy132 denunciaron que, además de golpes, decomiso de sus propiedades, detenciones arbitrarias e incomunicación, sufrieron vejaciones por parte de agentes policiacos, quienes les bajaron los pantalones, los obligaron a quitarse ropa interior y a firmar declaraciones falsas, luego del desalojo del que fueron objeto la madrugada del 15 de septiembre. En rueda de prensa, en la que estuvo presente el secretario general del gobierno del estado, Fernando Manzanilla Prieto, algunos de los 63 detenidos relataron los supuestos excesos cometidos por policías municipales que desalojaron el plantón que los activistas instalaron en el zócalo, previo a la ceremonia del Grito de Independencia. Hilda Vázquez, doctora egresada de la BUAP, se presentó con un collarín debido a un esguince cervical que sufrió porque una mujer policía le quiso atar las manos con un chal que llevaba puesto al cuello. "Le dije, ‘me estás asfixiando’, y me respondió: ‘¡me vale madre!’, para qué vienes". Vázquez, quien fue una de las dos participantes en el campamento que resultó herida, dijo que a ella y a otros manifestantes los agentes les bajaron los pantalones. Otras de las detenidas contaron que cuando llegaron a las demarcaciones policiales, las obligaron a quitarse el sostén, supuestamente para prevenir que se fueran a suicidar. También contaron que les fueron decomisados sus celulares, cámaras fotográficas y de vídeo, para que no tuvieran imágenes de lo que ocurrió esa madrugada. Asimismo, los inconformes fueron despojados de las casas de campaña, pertenencias y una planta de luz que tenían en el campamento. "Cuando nos dimos cuenta de la presencia de los policías, de inmediato formamos una cadena humana, gritamos ‘sin violencia’, como lo marcan nuestros protocolos de seguridad, para evitar que nos golpearan, para pedirles un diálogo, pero llegaron con órdenes de reprimirnos; sin mediar nada, empezaron a empujarnos y a llevarnos detenidos por la fuerza", expuso uno de los participantes. Incluso, mencionaron que una de las jóvenes fue arrastrada por la plaza. Ya en los juzgados calificadores, agregaron que sin la presencia de un abogado les negaron comunicarse con sus familiares, no les dejaron pasar alimentos y los obligaron a firmar declaraciones falsas, en las que supuestamente reconocen que ellos fueron quienes agredieron a los policías, que estaban ingiriendo bebidas o drogas. Uno de los jóvenes detenidos narró que incluso el juez calificador se notaba nervioso, pues constantemente hacía llamadas para consultar sobre el procedimiento a seguir. De la misma forma, señaló, se dieron cuenta que trataron de "plantarles" evidencia, cuando supuestamente encontraron en la bolsa de una joven una navaja y un cuchillo. Hubo detenidos que se negaban a firmar las declaraciones falsas y se pronunciaban por mantenerse en los separos hasta que se aclarara la situación, pero las autoridades les advirtieron que si alguno no firmaba, tampoco el resto sería puesto en libertad. A final de cuentas, ni siquiera supieron de qué delitos se les acusaba. Uno de los afectados expuso que el objetivo fue retirarlos del zócalo para que no desluciera la ceremonia del Grito, que encabezó el gobernador Rafael Moreno Valle. "Cuando nos liberaron, nos advirtieron: ‘los vamos dejar ir, les vamos a condonar la sanción de 3 mil pesos, por alteración al orden público, pero la condición es que este día no se manifiesten, ya no hagan nada porque se les volverá a detener", añadió el activista. De cualquier forma, decenas de jóvenes se concentraron en el cócalo y cumplieron la encomienda de gritar esa noche: "¡Viva México sin PRI!" y "¡Fraude, fraude!" Una de las voceras del movimiento dijo que interpondrán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por todas estas irregularidades, y además tramitarán amparos para cada uno de los activistas. También, los integrantes de #YoSoy132-Puebla leyeron un comunicado, en el que exponen: "De acuerdo con el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quisimos exigir la garantía de seguridad al edil poblano, Eduardo Rivera Pérez, quien se negó a establecer el diálogo directamente con nosotros, mientras que un miembro del ayuntamiento, Miguel Méndez, nos dio respuestas ambiguas y nos dijo que garantizaría la absoluta paz para todos los ciudadanos. "Al vivir los hechos de represión, queremos preguntar: ¿mintió el gobierno de Eduardo Rivera o simplemente, nosotros, los manifestantes, no somos sus ciudadanos?", se advierte en el documento. En el comunicado también hacen responsables a las autoridades del ayuntamiento de haber violentado el derecho que tenían los manifestantes para usar el espacio público, así como de la utilización "excesiva de la fuerza pública" para desalojarlos, el hostigamiento y el decomiso de sus pertenencias. "El espacio público le pertenece a todos los ciudadanos sin discriminación de clase, partido o afiliación política, creencia religiosa o espiritual, género o raza, el gobierno municipal violentó este principio básico para la democracia". Por su parte, el secretario general de Gobierno se mantuvo en silencio durante la exposición de los integrantes del colectivo, y sólo a pregunta de los medios dijo que se investigarán los señalamientos. Aunque en el comunicado no se hacen acusaciones contra el gobierno estatal, algunos de los integrantes se negaron a dar por sentado que la administración de Moreno Valle esté libre de responsabilidad en los hechos. Recordaron que el gobierno estatal incluso presentó una denuncia penal en contra de activistas de #YoSoy132 por la toma de la caseta de la autopista de Atlixco a Puebla, realizada en agosto anterior.