MANAGUA (apro).- El juez Julio César Arias fijó para el próximo 3 de diciembre, a partir de las 9:00 horas, el juicio oral y público en contra de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua, quienes enfrentan cargos de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que se sancionan con más de 20 años de prisión. Rodrigo Zambrana, fiscal subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público de Nicaragua, presentó un escrito de intercambio de información y prueba de 34 páginas de extensión, en el cual se incorporaron nuevos elementos probatorios contra la banda mexicana que se movilizaban por Centroamérica, amparándose en vehículos con los logotipos de Televisa. En el documento de la Fiscalía, además de los testimonios de los detectives que intervienen en las investigaciones policiales, desde su retención el pasado 20 de agosto, se presentaron nuevos testigos, entre ellos gerentes y empleados del hotel Holiday Inn de Managua, donde se hospedaron al menos en dos ocasiones anteriores, al pasar por Nicaragua sin ser detectados en ese entonces. Estos empleados hoteleros confirmaron que el grupo de mexicanos reservaba entre ocho y nueve habitaciones dobles, que eran pagadas en efectivo por Raquel Alatorre, la presunta jefa de la banda mexicana. Nunca exigieron factura y en una ocasión hasta dejaron sin reclamar un cambio de 130 dólares. Los 18 mexicanos se mantienen detenidos en Nicaragua desde el pasado 24 de agosto, fecha en que los presentaron públicamente en la sede central de la Policía Nacional, a bordo de seis vehículos Chevrolet, modelo 2011, identificados con el logotipo y los colores de la cadena mexicana Televisa. En los vehículos trasladaban ocultos más de 9.2 millones de dólares. Defensores minimizan pruebas y cargos Los defensores solicitaron al juez dar a la Fiscalía el plazo estipulado por la ley para mejorar las pruebas, pero esta petición no fue concedida. Según Ricardo Martínez, defensor de tres de los 18 mexicanos, el Ministerio Público no presentó ayer “indicios probatorios” sobre los tres delitos impugnados. “La Fiscalía pretende convertir un delito de tipo administrativo aduanero, en uno de tipo penal, ¿qué pretende demostrar con esas actas de reconocimiento?, ¿qué pretende demostrar con el hecho de que (un testigo) reconoció a mi representado? Sólo son informes, recibos de ocupación, actas de detención. Si bien es cierto, es amplio, este intercambio de pruebas es subjetivo y especulativo. Que traiga pruebas de verdad”, argumentó Martínez. Los abogados defensores de los 18 mexicanos adujeron que los 9.2 millones de dólares incautados a sus representados sólo constituyen una falta administrativa, porque al ingresar al país no declararon que llevaban esa cantidad de dinero. Las normas aduaneras obligan a declarar más de 10 mil dólares. Al final de la audiencia el juez ordenó remitir a un médico internista, un otorrinolaringólogo y un ortodoncista a cuatro de los mexicanos acusados, mientras los abogados defensores solicitaron que sus representados sean trasladados de la Dirección de Auxilio Judicial, donde están presos, a la cárcel Modelo de Tipitapa. En esta ocasión, a diferencia de las dos comparecencias anteriores, los 18 mexicanos llegaron bañados y con una vestimenta limpia. Raquel Alatorre, presunta jefa del grupo, se mantuvo con el semblante serio, aunque a veces se le notó sonriente. Todos ellos fueron fuertemente escoltados por tropas especiales de la Policía Nacional.