MÉXICO, D.F. (apro).- La reivindicación de los 70 mil muertos, los 20 mil desaparecidos y los cientos de miles de desplazados seguirá en el limbo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó en definitiva la suspensión de la promulgación y publicación de la Ley General de Víctimas (LGV) que, tras ser aprobada por el Congreso de la Unión, fue vetada por el presidente Felipe Calderón. Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN rechazó el recurso de reclamación interpuesto por la Cámara de Senadores para impugnar la suspensión otorgada el 24 de julio por la Comisión de Receso del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Valls y Fernando Franco. De acuerdo con dicha suspensión, el Ejecutivo no debe cumplir la orden de publicación que le giró el Senado mientras se analiza la legalidad de dicha orden y se aclara si Calderón presentó su veto u observaciones a la LGV dentro del plazo que marca la Constitución. Los ministros consideraron que de no concederse la suspensión, el Ejecutivo tendría que promulgar y publicar la ley, lo que dejarían sin materia a la controversia constitucional. Es probable que el caso sea agendado hasta 2013, ya que la Corte no tiene plazo para resolver el fondo de la controversia y ni siquiera se ha celebrado la audiencia del juicio respectivo. El Ejecutivo ha enfatizado que en esta controversia la Corte no se pronunciará sobre los múltiples puntos polémicos de la ley, ni sobre la competencia constitucional del Congreso de la Unión para expedirla, sino únicamente sobre la cuestión del veto y si fue presentado a tiempo. Por tanto, Calderón presentó el 30 de agosto su propia iniciativa de Ley General de Atención y Protección a Víctimas, que estaría sujeta a que se reforme la Constitución para darle al Congreso federal la facultad de emitir una norma en esta materia obligatoria para todos los niveles de gobierno. Si el Congreso acepta discutir esta iniciativa, es probable que la nueva ley quede lista antes de que la Corte se pronuncie sobre el tema del veto a la ley original.