GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Policía Preventiva de León violó el derecho a la libertad de expresión y ejerció un uso desmedido de fuerza contra jóvenes manifestantes del movimiento #YoSoy132 que participaron en una protesta efectuada en esa ciudad el pasado 22 de julio, determinó la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. El organismo envío, por tal motivo, seis recomendaciones al alcalde panista de león, Ricardo Sheffield Padilla, para que sancione a los responsables. El 22 de julio seis jóvenes fueron detenidos cuando marchaban por el bulevar Adolfo López Mateos con rumbo a la plaza principal Mártires 2 de Enero. Decenas de elementos de Seguridad Pública Municipal contuvieron y posteriormente enfrentaron a los integrantes del contingente; capturaron a cuatro mujeres y dos hombres, los cuales fueron “paseados” durante un tiempo en las patrullas, y posteriormente trasladados a un centro de detención. Hoy la Procuraduría de los Derechos Humanos dio a conocer la resolución al expediente de queja 284/2012-A, mismo que fue iniciado por los jóvenes detenidos, los cuales fueron liberados varias horas después. En principio, el organismo recomendó al presidente municipal dar inicio a un procedimiento administrativo para esclarecer y determinar la responsabilidad del director de Operaciones Policiales, José Luis Herrera García, y del primer comandante Sergio Valdivia Solís, por ejercicio indebido de la función pública, al violar el derecho a la libre expresión de los seis quejosos, cuando dieron instrucciones de arrestarlos durante la marcha contra Enrique Peña Nieto. La PEDH estableció como premisa fundamental “que la crítica de una institución constitucional se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión y cualquier acción indebida que la limite vulnera derechos humanos”. También le recomendó al edil dar instrucciones para que se determine la responsabilidad de los funcionarios Jesús Aurelio Jaime Hernández y de Isidro Hurtado Sánchez, quienes son señalados como los responsables de la retención indebida de los jóvenes, al “pasearlos” durante un lapso luego de detenerlos. Las recomendaciones también alcanzan al oficial calificador Esteban Rodríguez Romero, y a los policías “que ejercieron un uso desproporcionado de la fuerza en la detención”. En tanto que se pide a Ricardo Sheffield que instruya por escrito al director general de la Policía Municipal, Juan Manuel Reynoso Márquez, y al asesor jurídico de la Dirección General de Gobierno, Rodrigo Reynoso Mena, para exhortarlos “a respetar la premisa fundamental de que la crítica de una institución que se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión --garantía protegida por el marco constitucional vigente-- y que cualquier acción indebida que la limite, vulnera derechos humanos” y para que tomen medidas a fin de que el personal a su cargo se abstenga de conductas violatorias a este derecho.