Además de formar una de las organizaciones más violentas y de consolidar cada vez más su dominio a lo largo del territorio nacional, en los últimos años Los Zetas han impuesto su ley en la mayoría de los penales del norte del país. En esos lugares cooptan a directivos y custodios e incluso organizan fugas masivas, como la del lunes 17 en el Cereso de Piedras Negras, para liberar a sus miembros y simpatizantes y reponer a los cuadros que pierden en su guerra contra el Cártel del Golfo y en el combate con las fuerzas militares y policiacas del gobierno. SALTILLO, COAH. (Proceso).- Los Zetas controlan la mayoría de los penales del norte del país y durante los últimos cuatro años –en complicidad con sus directivos– han organizado fugas masivas en Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila. En la más reciente, el lunes 17, fueron 131 los reos que salieron del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras por la puerta principal. En ese lapso el grupo criminal organizó la evasión de 546 sicarios o simpatizantes, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que le permitió reponer a sus miembros caídos. En la fuga del Cereso de Piedras Negras los internos salieron a la calle, donde los esperaban dos autobuses para trasladarlos, admitieron el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, y el titular de Seguridad Pública local, Jorge Luis Morán Delgado. Según ellos el túnel que cavaron sólo fue una pantalla para “encubrir a los funcionarios” penitenciarios que facilitaron la evasión. El ardid no funcionó, por lo que un juez de Río Grande otorgó una orden de arraigo por 40 días contra 16 personas señaladas como probables responsables del delito de evasión de reos, entre ellos el director del Cereso, José Miguel Pérez Reséndiz; el jefe y el subdirector de Seguridad y Custodia, Héctor Miguel Anguiano Rosales y Saúl Francisco Ambriz Jacques, respectivamente, además de varios custodios. De acuerdo con las autoridades estatales, varios de los internos fueron trasladados a Tamaulipas y a otras entidades para reforzar a Los Zetas en su guerra contra el Cártel del Golfo (CDG). La penúltima fuga fue la de la madrugada del pasado 19 de febrero en el Cereso de Apodaca, Nuevo León. En esa ocasión 37 reos subieron a la torre seis desde donde se deslizaron, usando cuerdas, a la calle, donde ya los esperaban hombres armados a bordo de varias camionetas. Previamente habían sacado del ambulatorio Delta a 44 miembros del CDG para matarlos a golpes en el patio de la prisión, mientras los guardias les brindaban protección. El gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina Cruz declaró al día siguiente que los custodios de la torre seis estaban siendo interrogados. Poco después fueron arraigados los directivos de la prisión y 29 custodios, quienes confesaron que recibían dinero de Los Zetas para permitirles tener celdas de lujo, vender droga, extorsionar a internos y tener fiestas amenizadas con mariachis y mujeres. Jorge Domene, vocero de seguridad de Nuevo León, informó que el director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, recibía sobornos de la organización criminal por alrededor de 35 mil pesos cada mes, mientras que los jefes de guardia obtenían entre 20 mil y 25 mil, los jefes de turno 10 mil y los custodios de 4 mil a 6 mil. Los prófugos fueron trasladados por Los Zetas a un rancho en el municipio de Anáhuac, en el norte del estado. Entre ellos había tres capos, quienes fueron reasignados como jefes de zona; otros formaron células en la zona metropolitana de Monterrey y en municipios rurales del estado. Entre los líderes estaban Óscar Manuel Bernal Soriano, El Spider; Rogelio Chacha Quintanilla, El Yeyo, y José Ricardo Barajas López, El Bocinas. Hasta la fecha han sido recapturados 17, entre ellos El Yeyo, y dos cayeron muertos en enfrentamientos con militares. El Bocinas sigue prófugo pero altos mandos del Ejército lo señalan como el coordinador de la ejecución de 49 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en Cadereyta en mayo pasado. Dicen que incluso grabó la ejecución con su celular y posteriormente subió el video al portal de Youtube, donde sólo estuvo algunas horas. La mayor fuga masiva organizada por Los Zetas ocurrió la madrugada del 17 de diciembre de 2010 en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esa ocasión llegaron al menos dos vehículos –una camioneta y un autobús escolar– para recoger a 151 reos. Días después el gobernador Eugenio Hernández Flores aseguró que el escape se realizó en complicidad con los custodios: “Fue una traición a la confianza que se depositó en ellos”, declaró. Informó que el director de los reclusorios del estado, Horacio Sepúlveda –el séptimo que ocupó ese cargo en su administración–, y el director del Cedes, Efraín Hernández, con sólo dos meses en el cargo, estaban desaparecidos. La Procuraduría General de la República consignó a 41 custodios por su presunta complicidad en la fuga. El 19 de mayo de 2009 hubo otro rescate de presos en el penal de Cieneguillas, Zacatecas. Esa vez huyeron 53. El operativo quedó documentado en un video en el que se observa la facilidad con que Los Zetas tienen acceso a las prisiones para sacar a sus cómplices. Las cámaras del exterior y de la recepción grabaron el momento en el que 10 camionetas llegaron al estacionamiento de servicios sin mostrar ningún documento; los guardias del acceso principal tampoco alertaron por la radio a sus superiores sobre la llegada del convoy. El video muestra la entrada de un grupo de sicarios, quienes encerraron a los custodios. Minutos después se ve que salen corriendo todos los presos. Suben a las camionetas y abandonan la prisión. El entonces secretario de Gobierno, Carlos Pinto Núñez, relató a Proceso que los guardias facilitaron el escape: “Los custodios no oponen resistencia y se dejan encerrar… Desde el principio supusimos que había complicidad, ni siquiera estaban bien encerrados, pues podían abrir y cerrar la celda”.   Sistema de reclutamiento   Un coronel que dirige las operaciones de “fuerzas especial” en el noreste del país describe a Proceso, a condición de omitir su identidad, el crecimiento exponencial de Los Zetas desde la administración de Vicente Fox. Al principio, asegura, el grupo se consolidó en Nuevo Laredo, donde fueron enviados en 2001 por Osiel Cárdenas para defender la plaza e impedir que los sicarios de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, del Cártel de Sinaloa, se asentaran en la zona. De ahí se expandió rápidamente a las principales ciudades de la entidad y de Nuevo León. Comenzó a reclutar miembros entre las corporaciones policiacas municipales, quienes se encargaban de cuidar las narcotienditas “que en ese momento se reproducían como hongos”, dice. Durante la administración de Fox la disputa Zetas-CDG contra sus rivales del Cártel de Sinaloa y otros grupos menores provocó 10 mil muertes, incluidos jefes policiacos y uniformados. “En esa etapa –expone la fuente– Los Zetas tuvieron a su alcance a cientos de sicarios adiestrados en las corporaciones policiacas municipales y estatales”. Menciona que en algunos municipios de la zona metropolitana de Monterrey “cártel” era sinónimo de “corporación policiaca”. Comenzó la purga en las policías de Nuevo León: en el municipio de García, 99% fueron despedidos; en Escobedo, 90%; en Guadalupe, más de 70%, y en Santa Catarina y Monterrey, más de 60%. Los Zetas cambiaron su método y comenzaron a reclutar sicarios, halcones y estacas entre las miles de pandillas de las zonas marginadas. Ahí encontraron una veta interminable de “carne de cañón”, pero sin experiencia en el manejo de armas de fuego, añade el coronel. Además, dice, organizan fugas masivas en los penales que controlan para reponer a sus miembros caídos.   Control de penales   La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos –fundada el 23 de abril de 1993 entre las comunidades eclesiales de base de Ciudad Guadalupe, Nuevo León– trabajó varios años con los internos en penales de la entidad. Su directora, Consuelo Morales, cuenta a Proceso que la asociación abandonó ese trabajo pues los penales están controlados por la delincuencia organizada. Todos saben, dice, que las autoridades penitenciarias trabajan para el CDG o Los Zetas, ya sea por amenazas o por sobornos. Quienes mandan en el interior son capos. Ellos controlan desde el tráfico de droga, que se cotiza a precios carísimos, hasta los espacios del suelo para dormir. Ellos han impuesto un sistema de terror al grado que familiares de los reos deben pagarles cotidianamente para que no los golpeen. En penales como Topo Chico Los Zetas obtienen hasta 15 millones de pesos cada mes por sus actividades ilícitas, comenta el coronel. La diócesis de Saltillo, representada por el obispo Raúl Vera López, también cuenta con una pastoral que realiza trabajo en los penales, pero en los últimos meses su labor ha sido obstaculizada por la mafia. “Sabemos que los penales de nuestra región están en poder del crimen organizado. A nadie se nos olvida lo que ha pasado en otros reclusorios donde ha habido fugas como ésta” (la del lunes 17 en Piedras Negras), declaró Vera López a los medios locales el miércoles 19. “Las cárceles tienen leyes y gobiernos propios, impuestos por la delincuencia organizada, lo que hace sufrir a los reos comunes. Ya no hay orden de legalidad y de justicia, mucho menos un estado de derecho en el que podamos confiar”, destacó. Para modificar esa situación, dijo, se requiere honestidad en la administración de los penales desde las más altas esferas. Y concluyó: “Es lamentable el grado de desorden al que hemos llegado y parece que las cosas podrían seguir peor, ya que no se ve que con el cambio de régimen la corrupción se vaya a acabar”.