PUEBLA, Pue. (apro).- El Sindicato de Investigadores y Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la supuesta destrucción y alteración de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, escenarios de la Batalla del 5 de Mayo. La denuncia formal está firmada por Enrique Echenique March, secretario general de la Delegación D-II-IA-1 del Sindicato de Trabajadores de INAH; y va dirigida contra el gobernador Rafael Moreno Valle; el director del INAH, Alfonso de María y Campos, y el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos, Arturo Balandrano Campos. También se señala como presuntos responsables al coordinador nacional de Obras y Proyectos, Jesús Enrique Velázquez Angulo; al delegado del INAH-Puebla, Víctor Hugo Valencia Valera; al titular de Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, Arturo Cortés; a la coordinadora nacional de Arqueología, Nelly Robles García, y a Pedro Francisco Sánchez Nava, presidente del Consejo de Arqueología, consultivo de la Dirección General del INAH y los demás integrantes de ese consejo. A estos funcionarios se les señala como responsables del delito de daños y menoscabo de propiedad federal como se menciona en el artículo 397, fracción IV del Código Penal Federal y 52 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Para Echenique March, quien es apoyado por investigadores, académicos y restauradores del INAH, las obras realizadas en la zona de los Fuertes por el gobierno de Rafael Moreno Valle, como parte de la celebración por el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, no sólo violaron la legislación federal, sino también las cartas internacionales de Atenas (1931), Venecia (1964) y Cracovia (2001). En la denuncia se afirma que las obras realizadas por el gobierno estatal, con autorización del INAH, constituyen una “notoria y pública” destrucción, alteración y aniquilación de una de las porciones más emblemáticas de la zona de monumentos históricos de Puebla. Entre los presuntos ilícitos, menciona la cesión de 32,433.36 metros cuadrados de propiedad federal, que eran una franja de protección envolvente a los Fuertes, y que fueron donadas al gobierno estatal para la construcción de un parque. Igualmente, expone, la destrucción, alteración y anulación física, visual y volumétrica de los fuertes de Loreto y Guadalupe, pasando por modificaciones geomorfológicas y deforestación sin precedentes del cerro de Acueyametepec, y el cambio de sentido cívico-histórico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Agrega que las obras realizadas por el gobierno poblano implicaron una tergiversación del espacio histórico geográfico del cerro de Acueyametepec y de los Fuertes. En detalle, se menciona la realización de trabajos de remozamiento y no de restauración en el fuerte de Loreto; el cambio del discurso museográfico del Fuerte de Loreto, terminando con el discurso cívico-histórico que se tenía que exhibir para rememorar la Batalla de 1862. Asimismo, se destaca entre las supuestas irregularidades: “la desaparición de las características física-materiales del Fuerte de Guadalupe, al impostarle o sobreponerle una estructura moderna, que por una parte visualiza la localización precisa del fuerte, acción totalmente contraria a la que encontró el ejército invasor francés y que fue determinante para que no pudieran atacarlo a modo para su toma, según el dicho del propio príncipe Bibesco”. La denuncia apunta que los trabajos constructivos se realizaron sin una investigación arqueológica; que se remozaron los fosos de los fuertes, que fueron decisivos para que no pudieran hacerse de ellos el ejército invasor; también quitaron las troneras para uniformizar el espacio a modo de tener ahora una visual rítmica que en nada corresponde a las circunstancias de espacio, tiempo y lugar con que encontraron los franceses en 1862. “Con la tala de árboles alrededor de los fuertes y en el área de protección, y que fueron tan importantes para que en esas áreas se pudieran llevar a cabo las batallas de tipo casi guerrillero –cuerpo a cuerpo– que impidieron el avance libre del ejército invasor como lo refieren varias narrativas”, añade el escrito presentado por el sindicato del INAH. Entre los fundamentos se hace referencia a los acuerdos internacionales firmados por México, donde se compromete a la conservación de los monumentos históricos. La semana pasada, el gobernador Moreno Valle defendió los trabajos realizados en el supuesto rescate de monumentos históricos: “Hay quienes dejaron que se cayeran, pero cuando se hace algo, se lanzan a criticar sin fundamento”.