XALAPA, Ver. (apro).-La entrada en vigor del operativo Veracruz Seguro, con el patrullaje constante de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como las labores de investigación de la Procuraduría General de la República, ha venido a exhibir el grado de colusión de los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y de policías municipales con la delincuencia organizada. Cuerpos policiacos de Veracruz, preventivos del delito y de la seguridad en el estado han sido corrompidos en varios municipios del suelo veracruzano, por organizaciones delictivas, la mayoría de las veces, por Los Zetas. Además de la detención el pasado 22 de septiembre de 35 policías de Veracruz -19 de ellos adscritos a la nueva Policía Estatal Conurbación Xalapa-, por una orden de presentación de la Procuraduría General de la República (PGR) y ejecutada por la Secretaria de Marina en el cuartel de San José en la capital del estado, hay que sumar otras detenciones en los municipios de Tres Valles, Fortín de las Flores, Tierra Blanca y Cosamaloapan en los últimos dos años. Extraoficialmente, la Marina-Armada de México y elementos castrenses también han hecho requisas a las policías municipales de Isla, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba y Minatitlán. En la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín la policía intermunicipal fue desmantelada el pasado 21 de diciembre del 2011, por un acuerdo del gobierno federal con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en donde la Policía Naval quedó a cargo de la seguridad. “Esta tarea sólo es temporal, no definitiva, y por ello se dio de baja a todos los uniformados de la Policía Intermunicipal, liquidándolos conforme a la ley; se formarán nuevos cuadros de policías que tengan los instrumentos y elementos que sean confiables en esta función”, señaló Duarte en aquella ocasión. Aunque la firma de dicho anexo, era por ocho meses, la dilación en la depuración de los cuerpos policiacos ha hecho que la Semar continúe a cargo de las labores de prevención del delito, seguridad y combate frontal a la delincuencia organizada. Historial de corrupción El 16 de marzo del 2010, en un aparatoso operativo por parte del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Veracruzana de Investigación, 98 policías del municipio de Tierra Blanca fueron detenidos para ser investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la investigación ministerial, 13 policías quedaron arraigados por su presunta participación en los delitos de secuestro y extorsión a ilegales, la mayoría de ellos centroamericanos, quienes cruzan por territorio veracruzano en vías de ferrocarril para llegar a la frontera con Estados Unidos. El 25 de septiembre de 2011, 17 policías municipales de Cosamaloapan fueron detenidos en la madrugada, luego de sostener un altercado con elementos de la Policía Federal de Caminos; extraoficialmente se dio a conocer que iban en compañía del exalcalde, Juan Rene Chiunti. En un retén establecido en la entrada a este municipio los policías preventivos fueron detenidos por elementos de la Armada de México, luego de que el expresidente municipal y los policías preventivos se negaron a una revisión de rutina. El 27 de abril del 2012, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a nueve policías del municipio de Tres Valles por su presunta vinculación con el crimen organizado; la orden de aprehensión se fraguó en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE). El 16 Marzo del 2012, la Marina-Armada de México se llevó a cuatro elementos de la Policía Municipal de Tierra Blanca.En un comunicado, el ayuntamiento terrablanquense refirió que los marinos acudieron a la Comandancia de la Policía Preventiva Municipal y solicitaron la presencia de cuatro elementos. Los policías que fueron detenidos son Andrés Albañil Organista, segundo comandante de la corporación; Pedro Frías Zepahua, policía cuarto; Ignacio Cruz Castro, policía cuarto; y Fernando Monroy Gómez, policía tercero administrativo. Se trató de la segunda detención en el municipio de Tierra Blanca, pues exactamente dos años antes el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 98 policías municipales. El 12 de julio de 2012 la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)y la Policía Federal realizaron investigación en los municipios de Córdoba y Fortín de las Flores, arraigando a varios policías veracruzanos por posibles nexos con el narcotráfico, confirmó el Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón. El funcionario estatal omitió dar información sobre el número de policías sujetos a investigación. Extraoficialmente, trascendió entre fuerzas del orden federal que fiscales de la SIEDO allanaron la inspección de la Policía Municipal de Córdoba para retener a un centenar de los elementos hasta lograr la identificación de 30 oficiales. El macro operativo se ubicó en el Centro de Atención Ciudadano ubicado en la Colonia Linda Vista, en donde detectives de la SIEDO detuvieron al excomandante de la Policía Municipal de Fortín, José Manuel Arzola, y en ese entonces, jefe de grupo de la subsede de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI). Dos funcionarios públicos de ese municipio, Rafael Herrera González y Daniel Emilio Moreno León fueron detenidos por estar ligados a una banda de secuestradores con nexos criminales en el estado de Querétaro, donde eran reclamados por la procuraduría de esa entidad. El 12 de mayo del 2012, Raúl Lucio Hernández “El Lucky”, jefe del grupo criminal “Los Zetas” en el centro del país, fue detenido en Córdoba, Veracruz y declaró a policías federales que esta organización invertía 30 millones de pesos en pagar a policías municipales y ministeriales de Veracruz, estas declaraciones fueron filtradas a la prensa, hasta el 30 de mayo. “El Lucky” añadió en aquel entonces que Los Zetas reclutaban a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar hidrocarburos, y que incluso, existía una banda llamada “Los Guachicoleros”. A través de un comunicado y de un desplegado, el hecho fue negado por el Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza y por el líder estatal del PRI, Erick Lagos Hernández, también involucrado en las declaraciones del jefe de Los Zetas. “El puerto de Veracruz (es) el municipio donde más droga se estaba vendiendo hasta que sucedió lo de Los Zetas que aparecieron muertos en el puerto, hasta ese entonces se calentó la plaza y dejamos de vender por orden mía, ya que les dije a la gente que se saliera de allí, que dejaran de vender hasta que terminara el operativo de Marina y los militares”, expresó el Lucky en su declaración a la policía federal y retomados por el periódico Reforma y por Proceso. La colusión de la delincuencia organizada en las fuerzas policías de Veracruz, así como la disputa férrea y encarnizada de Los Zetas y del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado, que incluso, ha derivado en el asesinato de nueve periodistas en lo que va del sexenio y tres comunicadores en calidad de “desaparecidos”, obligó al gobierno de Javier Duarte a solicitar la presencia del Operativo Veracruz Seguro, con presencia de la Marina-Armada de México. A raíz de la entrada de la Marina, el pasado 27 de julio, el Presidente de la República, Felipe Calderón señaló en una ceremonia de graduación de cadetes navales en Antón Lizardo, del municipio de Alvarado: “La Marina evitó que el narco carcomiera las instituciones. La Marina ha enfrentado a los delincuentes más poderosos y violentos que estaban a la sombra de la corrupción y de la complicidad del pasado”. “Es claro, que de habernos quedado cruzados de brazos, quizás en este momento la criminalidad ya hubiera carcomido las instituciones del Estado mexicano que se encontraban en amenaza de deterioro crónico”, el discurso de Calderón Hinojosa incomodo a los funcionarios del Gobierno de Veracruz. A raíz de las visitas frecuentes de Calderón y de las mesas de trabajo para tomar acciones para combatir la inseguridad y al crimen organizado, el pasado 12 de septiembre del 2012, el gobierno de Veracruz concretó la extensión del programa Veracruz Seguro a municipios del norte y sur, como lo son los ayuntamientos de Minatitlán, Tantoyuca y Martínez de la Torre así como a demarcaciones cercanas a estas localidades. El aumento de los secuestros, más de 90 en los últimos 8 meses; el incremento en extorsiones, documentadas en llamadas a los C4 –Comando de Comunicaciones, Computo, Control y Comando-; y las estadísticas de aseguramiento de drogas, armas, combustible e hidrocarburos robados, mismos que ha entregado a los medios de comunicación la VI Región Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional obligaron al Gobierno de Veracruz a extender el operativo Veracruz Seguro. Bermúdez, su policía infiltrada Aunque el titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita no ha dado la cara para ahondar en la detención de 35 policías de su corporación, 19 de ellos, adscritos en Xalapa; la agencia apro recuerda su comparecencia en el Congreso Local, el pasado 18 de noviembre del 2011, cuando se vanagloriaba de la extinción de la Policía Intermunicipal Xalapa, Banderilla, Tlanehuayocan (PIXBT) porqué se trataba de “una bola de delincuentes”, pero que ahora, con la nueva Policía Estatal Conurbación Xalapa, que él creó, la capital del estado tendría una corporación policiaca acreditable y confiable. “La extinta Policía Intermunicipal de Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan estaba integrada por puros delincuentes. Ahora son los mismos, pero ya sin uniforme, las pandillas se alquilan y se rentan a una delincuencia más estructurada”, habría dicho Bermudez Zurita a los diputados locales que asistieron a su comparecencia en el aula Sebastían Lerdo de Tejada. Comparecencia que fue interrumpida a la mitad, pues una balacera entre el municipio de Xico y Coatepec, obligó a comandantes policíacos a partir del Palacio Legislativo. En esa comparecencia, Bermudez Zurita expresaría: “Teníamos una policía realmente corrupta (en alusión a la extinta PIXBT). Ellos seguirán siendo enemigos de la población pero hoy sin uniforme. Hoy sin arma, hoy sin un salario de nosotros. Y que tenemos perfectamente bien identificados quiénes son esos delincuentes o esos malos servidores públicos”. Agregaría: “Yo no era secretario de Seguridad Pública, si hubiera sido, habría hecho algo por sanearlo y respecto por penetración del crimen, es muy claro en todo el país, por miedo, muchos policías son viciados por la delincuencia”. Ayer, el columnista Raymundo Jiménez del portal Al Calor Político y con un prestigió ganado en la entidad, anticipa la próxima renuncia de Arturo Bermúdez, una vez que pase el segundo informe del gobernador, Javier Duarte. “La versión que corre es que Bermúdez renunciaría como titular de la SSP pero seguiría cerca del gobernador Duarte en otra posición de bajo perfil que ya no lo exponga al mismo riesgo que actualmente corre. Hasta la fecha, el funcionario duartista ha intentado cumplir cabalmente con la encomienda recibida del jefe del Poder Ejecutivo estatal, aún a costa de su propia seguridad y la de su familia”.