COLIMA, Col., (apro).- Elementos de corporaciones policiacas de la entidad vulneraron los derechos a la integridad y dignidad personal, trabajo digno, así como a la libertad de expresión e información de los reporteros Sergio Uribe Alvarado y Marcos Elizarrarás Mendoza, determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC). A través de dos recomendaciones dadas a conocer este día, el organismo humanitario instó a la procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, y al secretario de Seguridad Pública, Raúl Pinedo Dávila, a iniciar procesos internos de investigación para dilucidar la posible responsabilidad en que habrían incurrido agentes de la Policía Estatal Acreditable y una agente del Ministerio Público del fuero común en los atropellos sufridos, en hechos distintos, por los periodistas del Diario de Colima en mayo del presente año. En el primero de los casos, Sergio Uribe fue detenido la tarde del 1 de mayo mientras realizaba la cobertura periodística de un operativo policial en la colonia Fátima de la capital del estado, y permaneció una noche encerrado en los separos de la PGJE, acusado de violar el cerco perimetral del operativo y de supuestos golpes con una cámara fotográfica a la agente del MP. Sin embargo, ante la intervención del presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, y la movilización de sus familiares y de un grupo de reporteros, al día siguiente Uribe Alvarado fue puesto en libertad. Por su parte, el reportero gráfico Marcos Elizarrarás fue agredido físicamente por un militante priista el 19 de mayo siguiente mientras cubría una marcha antiPeña Nieto, momentos antes de que el entonces candidato presidencial encabezara un mitin en el jardín principal de esta ciudad. El ataque contra Elizarrarás se produjo en el momento en que un grupo de golpeadores que se reivindicaron como priistas disolvió violentamente la manifestación de los antipeñistas y, aunque minutos después se presentaron agentes de la Policía Estatal, no intervinieron en contra de los agresores. Pese a que el reportero presentó denuncia penal poco después de los sucesos, pasaron varios meses para que la Procuraduría consignara por lesiones al agresor material, sin indagar más a fondo el asunto. En una de sus recomendaciones, el ombudsman estatal sugirió al general Raúl Pinedo Dávila girar instrucciones para que se realice una evaluación técnica jurídica para corroborar o determinar si la actuación de los elementos de la Policía Estatal Acreditable fue apegada a sus obligaciones y, en su caso, se inicie un procedimiento administrativo en contra de los agentes César González Rizo, Dany Jesús Aguilar García, Beatriz Peralta Licea y Alma Delia Huerta Romero, por haber violado los derechos humanos de Uribe Alvarado. En este mismo caso, el organismo recomendó a la procuradora Yolanda Verduzco girar instrucciones para que se realice una evaluación técnica jurídica para corroborar o determinar si la actuación de la titular de la mesa primera de la Agencia del MP del fuero común de esta ciudad fue apegada a sus obligaciones y, en su caso, se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra por haber violado los derechos humanos de Sergio Uribe, y que inicie la averiguación previa correspondiente de los delitos que pudieran desprenderse de este asunto. También recomendó a Pinedo Dávila emprender “las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia, que para tal efecto se implementen estrategias que garanticen la seguridad e integridad personal de las y los reporteros, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, y todos los miembros de los distintos medios de comunicación”. En el caso de Elizarrarás Mendoza, la CDHEC consideró que los elementos de la Policía Estatal Preventiva “incumplieron con las obligaciones derivadas de su relación jurídica existente con el estado, de salvaguardar la seguridad personal de la población, en específico de las personas que ejercían libremente su profesión periodística, afectándose los derechos humanos a la integridad, dignidad y seguridad personal, así como, libertad de expresión”. Hizo notar que al momento de la agresión del reportero gráfico no se encontraban presentes los elementos de la corporación, “siendo obligación de la Policía Estatal Preventiva garantizar la seguridad, y más en este tipo de sucesos, en los que se debieron haber tomado las medidas correspondientes”. Por lo tanto, el ómbudsman estatal recomendó al titular de la SSP emprender “las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia”.