Las dos caras del gobierno calderonista

En el ámbito internacional México aparece como un defensor a ultranza de los derechos humanos. En lo doméstico, sin embargo, la historia es distinta: el país incumple los ordenamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Casos emblemáticos como los del Campo Algodonero o el de Rosendo Radilla, entre otros, siguen sin resolverse año tras año. El gobierno muestra así su doble cara en la defensa de las garantías elementales.

México, segundo lugar entre los países con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presenta en el debate de la reforma del organismo regional con dos discursos: en el plano internacional, respaldo irrestricto; hacia adentro, incumplimiento recurrente de los ordenamientos de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Pese a que hay tres mexicanos colocados estratégicamente en la CIDH y en la OEA –José de Jesús Orozco Henríquez y Emilio Álvarez Icaza, presidente y secretario ejecutivo de la Comisión, respectivamente, y Joel Hernández García al frente del Consejo Permanente del organismo–, defensores de derechos humanos coinciden en que hasta ahora el país no ha podido superar las deficiencias en su sistema de procuración y administración de justicia, lo que hace que muchas personas recurran al SIDH.

Según la CIDH, de 2000 a 2011 hubo 2 mil 115 peticiones de mexicanos para que el organismo interviniera ante violaciones a los derechos humanos.

Con un incremento paulatino año con año, el último informe de labores de la CIDH resalta que aunque en 2011 recibió 273 casos de México –por debajo de Colombia, con 342–, el organismo tenía por analizar mil 11 solicitudes de intervención aquí, en tanto que de Colombia eran mil 658 las pendientes de estudio. La CIDH reportó un rezago de 6 mil 131 casos.

El año pasado, según el documento presentado por Orozco Henríquez ante la Asamblea General de la OEA el pasado 5 de junio en Cochabamba, Bolivia, de las 273 peticiones de México sólo fueron aceptadas a trámite 23.

Se asienta que 108 expedientes mexicanos de otros años están en la etapa de admisibilidad y de fondo, en tanto que de las 62 solicitudes de medidas cautelares enviadas desde aquí sólo fueron otorgadas seis.

 

México ante la Corte

 

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos México ha sido sentenciado en seis ocasiones, y hasta ahora prevalecen quejas del incumplimiento reiterado de los señalamientos del tribunal, sobre todo en lo que tiene que ver con modificaciones legislativas y acceso a la justicia.

Por violaciones a derechos humanos México fue condenado en 2009 por los feminicidios en Ciudad Juárez (caso Campo Algodonero) y desaparición forzada durante la Guerra Sucia (caso Rosendo Radilla).

En 2010 se encontró responsabilidad internacional al Estado mexicano en casos de violación sexual como método de tortura a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y tratos crueles e inhumanos en la fabricación de acusaciones (caso de los Campesinos Ecologistas).

En agosto de 2008 la Corte emitió una sentencia contra México por el caso litigado por el excanciller Jorge Castañeda por la violación a sus derechos políticos, lo que le impidió ser candidato independiente a la Presidencia en 2006.

En el momento de crisis que atraviesa la CIDH, defensores de los derechos humanos como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW); Alejandra Nuño, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y Mariclaire Acosta, directora de Freedom House México, señalan en entrevistas por separado con este semanario en que el país muestra signos ambivalentes.

“Es el país que nos ha permitido mantener a flote el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –comenta Vivanco desde Washington– y si cumple o no cumple, tiene que ver con el récord interno de derechos humanos que retrocedió muchísimo durante la gestión del presidente Felipe Calderón: las violaciones a derechos humanos cometidos con impunidad por agentes del Estado se han incrementado significativamente en el marco de la guerra contra las drogas.”

Nuño refiere que, pese a los avances en reparaciones de daños a víctimas y en la promoción de soluciones amistosas, “lo cierto es que sigue habiendo una gran deuda en el cumplimiento de materia estructural; es decir de incorporar los estándares internacionales de derechos humanos a la legislación”.

Afirma que el gran número de casos de México que año con año ingresan al SIDH “lo que evidencia son las falencias en el sistema de procuración y administración de justicia y que desafortunadamente en México la regla sigue siendo la impunidad”.

Cuenta que la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería reconoce solamente 200 casos pendientes de analizar en la CIDH, cifra inferior a los mil 11 reportados en el informe del organismo en 2011.

Agrega que el embajador Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó en una audiencia en la CIDH “que en la mayor parte de los casos pendientes de revisar, las víctimas eran indígenas que denunciaban la falta de traducción adecuada en los procesos judiciales”.

“Sean 200 o más de mil, lo cierto es que es un indicador de que algo está pasando en México, porque las víctimas están recurriendo cada vez más a los organismos internacionales de derechos humanos en busca de justicia”, puntualiza Nuño.

Los defensores reconocen que el cambio de percepción en México sobre los organismos internacionales de derechos humanos se dio con el gobierno de Vicente Fox, específicamente durante la gestión de Jorge Castañeda al frente de la SRE.

Mariclaire Acosta, exembajadora especial de Derechos Humanos y exsubsecretaria de Derechos Humanos y Democracia con Castañeda, reconoce que fue la presión de organizaciones civiles de derechos humanos mexicanas y extranjeras, la que promovió la apertura de México en los últimos años de la administración de Zedillo, visto “como un gobierno autoritario” por la comunidad internacional.

Durante el tiempo que estuvo en la SRE, de 2000 a 2003, Acosta asegura que México se abrió al escrutinio internacional, se convirtió en un país defensor de los mecanismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la CIDH, se abrió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) y se sentaron las bases para la reforma constitucional de derechos humanos aprobada en julio del año pasado.

Reconoce que durante su gestión tuvo muchos obstáculos de miembros de todos los partidos políticos que consideraban a la observación internacional como violatoria de la soberanía, y ubica como uno de ellos al expresidente de la CNDH José Luis Soberanes, quien “se opuso al diagnóstico de derechos humanos que hicimos con la ACNUDH”.

Del doble discurso que México ha mantenido en materia de derechos humanos, Acosta advierte que el país “corre el riesgo de vaciar de contenido su política exterior”.

Al referirse a la actitud tomada por México en el proceso de reforma de la CIDH sostiene: “La política de derechos humanos es una, no es la de afuera y la de adentro, y no hay mucha consistencia entre lo que decimos afuera y lo que hacemos adentro, pero lo que no podemos hacer es retroceder en lo que decimos afuera tampoco”.

Los entrevistados comparten la preocupación por la actitud que tomará el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a los riesgos de debilitamiento del SIDH y cuál será su política interna de derechos humanos.

Nuño sostiene que “la preocupación principal es qué vendrá a partir de diciembre, cuando tome posesión Peña Nieto. Creemos que es trascendental que el país mantenga la posición de apoyo político al SIDH y la manera más práctica de demostrarlo es dar un ejemplo en el cumplimiento adecuado de sentencias y recomendaciones”.

Para dar credibilidad a la política exterior, considera Acosta, “se tienen que resolver las peticiones de los agraviados, resolver los crímenes del pasado, respetar, promover y cumplir con el derecho que tienen las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño; y no solamente las víctimas de la guerra sucia sino también las de la guerra contra las drogas, y todo eso lo tiene que hacer el gobierno de México… o los gobiernos de México”.

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