GINEBRA, Suiza, (apro).- Al revisar esta mañana la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reprobó el uso del arraigo en México, figura jurídica por excelencia creada por el gobierno de Felipe Calderón. La eliminación del arraigo es una de las múltiples recomendaciones que han hecho ocho dependencias de la ONU, incluida el Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), cuyos integrantes consideraron injustificable su aplicación, aun cuando los representantes del gobierno de Calderón argumentaron su necesidad para combatir el crimen organizado. Nueve de los diez integrantes del CAT cuestionaron duramente el posicionamiento de la delegación mexicana, integrada por 34 funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores (SRE), Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad Pública (SSP), así como de los gobiernos de los estados de México, Puebla, Campeche, Baja California y el Distrito Federal, además de miembros del Poder Judicial de la Federación. Dicha delegación está encabezada por la suprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Ruth Villanueva, y el director de Derechos Humanos de la SRE, Alejandro Negrín. Al leer el informe, Villanueva habló de una “verdadera revolución jurídica” al referirse a las reformas de derechos humanos y del sistema de justicia, así como a las modificaciones a la ley de amparo y a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SCJN), además de la resolución para que las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército mexicano sean sancionadas por órganos civiles. Entre las cifras que mostró a los expertos del CAT como un avance en el respeto a los derechos humanos, y en específico a la disminución de la tortura, Villanueva aseguró que de 2007 a 2012 se consignó a 74 servidores públicos por tortura. Asimismo, dijo, se aplicó en 169 ocasiones el Protocolo de Estambul para determinar actos de  tortura contra personas detenidas, que dieron lugar a 127 confirmaciones. De 2005 a 2012, apuntó, los jueces mexicanos emitieron seis sentencias por tortura, 143 por abuso de autoridad, 60 por abuso en el ejercicio de funciones y 305 por uso abusivo de atribuciones. La funcionaria aceptó que en los últimos cinco años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 65 recomendaciones por tortura, 51 de las cuales se dirigieron a la Sedena, ocho a la Semar, cinco a la SSP y una a la Procuraduría General de la República (PGR), todas las cuales, aseguró, fueron aceptadas Sobre el mecanismo de prevención de tortura, sostuvo que en el mismo periodo se realizaron 2 mil 407 visitas y se concluyeron 35 informes, además de que la justicia militar declinó competencia a favor del fuero civil en 231 averiguaciones y 76 causas penales. Villanueva aseguró que la figura del arraigo es “temporal  y excepcional”, y una vez que sea implementada plenamente la reforma de justicia penal en el país, prevista para 2016, dejó entrever que será eliminada. Hoy, apuntó, puede ser impugnada mediante amparo. De 2008 a la fecha, subrayó, los jueces federales han recibido 6 mil 102  solicitudes de amparo contra el arraigo, pero sólo 188 procedieron. La funcionaria mexicana explicó que la figura fue aprobada “por el Congreso de la Unión, no sólo por el Ejecutivo ni un partido en particular”, al considerar que México “vive circunstancias en las que el crimen organizado se ha convertido en una fuente de enorme preocupación para la sociedad”. En su oportunidad, el presidente del grupo de expertos del CAT, el chileno Claudio Grossman, elogió “la gran capacidad jurídica en México”, así como a la gruesa delegación, y preguntó si ante la “revolución jurídica” de la que habló la funcionaria calderonista, “los abusos y la posibilidad extensa para detener a la gente”, derivados de la promulgación constitucional del arraigo en 2008,  “no está violando el espíritu y la letra de las enormes transformaciones de su país”. De su lado, la marroquí Essadia Belmir consideró que el arraigo “viola los cimientos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y su ejecución –dijo– es similar a una desaparición forzada, porque durante 80 días una persona puede estar detenida sin comparecer a un juez”. A los integrantes de la delegación mexicana, Belmir preguntó: “¿Qué pasa con esa persona que va a estar en 80 días detenida? ¿Qué va a pasar con esa figura? ¿Se va a perpetuar? ¿Es tan pertinente seguir utilizándola?”. El experto de Mauritania, Satyabhoosun Guph Domah, resaltó que el problema de la violencia y el crimen organizado “preocupa a muchos países y no sé cómo se puede justificar  el sistema de arraigo cuando todos esos problemas se podrían resolver recurriendo a un sistema de respeto a las convenciones internacionales”. Por su parte, el español Fernando Mariño preguntó si la ausencia de sentencias contra funcionarios públicos se debía a una incapacidad de los jueces o a la aplicación de las leyes para sancionar a los responsables de los abusos, ante la existencia de numerosas denuncias por tortura frente a sólo seis sentencias emitidas en contra de servidores públicos. Además, cuestionó la autonomía de los peritos forenses encargados de determinar la tortura y la incapacidad de los procesados de recurrir a peritos independientes para determinar los abusos. Los expertos de CAT también se refirieron a la falta de tipificación de la tortura en el estado de Guerrero, en específico al caso de Israel Arzate, torturado en Ciudad Juárez, así como a los temas de Atenco y la represión a estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, además de los abusos en centros de retención migratoria y hospitales psiquiátricos.