ROSARIO (apro).- “La campaña antiargentina es llevada a cabo por los fondos buitre, que son los mismos que embargaron la fragata Libertad ilegalmente”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves 1 durante un acto en Casa de Gobierno. “Hay una campaña orquestada para que no paguemos”, dijo, refiriéndose a los próximos vencimientos de la deuda externa. “Pero les tengo una mala noticia, vamos a pagar. Y vamos a pagar en dólares, porque hemos acumulado reservas. Qué ejemplo es para el mundo un país que haciendo lo contrario a lo que dicen que hay que hacer, pagar sus deudas, genera trabajo, genera protección social”, dijo Fernández, oponiendo su programa de gobierno a las políticas de ajuste fiscal que Argentina adoptó en los noventa y que hoy se aplican en la Unión Europea. “Jamás vamos a pagarles a los fondos buitre. El que cree otra cosa, no ha entendido nada”, había dicho el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, durante un encuentro en Buenos Aires el 30 de octubre. “No es casual lo de la fragata y el fallo de Nueva York –sostuvo–: son ataques a los que no siguen el libreto, ya que hay sectores que no asimilan el éxito del desendeudamiento” que desde 2005 lleva adelante el gobierno argentino. El ministro recalcó su negativa ante los reclamos de estos fondos de capital de riesgo puramente especulativos. Los denominados fondos buitre son hedge funds que compraron bonos de deuda pública argentina, a un precio irrisorio, mientras el país atravesaba una crisis política y social sin precedente. El 23 de diciembre de 2001, Argentina declaró formalmente, por primera y única vez en su historia, la cesación de pagos de su deuda externa. En 2005 y 2010 el gobierno propuso canjes de deuda que hoy reúnen a 93% de los acreedores. Algunos fondos buitre no aceptaron el ofrecimiento. Actúan judicialmente en diferentes Cortes internacionales para generar un clima político que les permita cobrar el valor nominal de los bonos. Libertad La fragata Libertad es el buque escuela de la Armada argentina. Desde el 3 de octubre se encuentra retenida en el puerto Tema, al este de Accra, la capital de Ghana. La justicia del país africano hizo lugar a un pedido de embargo realizado por NML Capital Limited, controlada por Elliot Management, y Huntlaw Corporate Service. Estos dos fondos buitre intentan cobrar de este modo los dictámenes favorables que obtuvieron en los tribunales de Nueva York. El escándalo le ha costado el puesto al jefe de la fuerza en Argentina, almirante Luis María González Day, a dos subalternos de alto rango y a la titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, Lourdes Puente Olivera. “Mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país, no se va a quedar nadie”, había advertido la primera mandataria el 22 de octubre, recalcando su compromiso de no ceder ante la presión de los hedge funds que aún poseen bonos argentinos. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, dijo que el gobierno litigará en tribunales internacionales para intentar rescatar el buque escuela. “Hasta el embargo de la fragata Libertad, los fondos buitre lograron trabar embargos contra 28 bienes del Estado nacional”, admitió durante una intervención en Casa Rosada el 25 de octubre. “En todos los casos el Estado recuperó los bienes sin negociar con los fondos buitre”, aseguró el ministro. “Me imagino que la fragata Libertad vale unos cuantos millones y es invaluable como patrimonio sentimental de los argentinos. Este último factor es lo trascendental de esta jugada y lo que la hace relevante. En la realidad, la estrategia no tiene peso cuantitativo, considerando las cifras multimillonarias que la Argentina dejó de pagar, y tampoco tiene mayor posibilidad de éxito legal. Sea como fuere, el poder de los fondos buitre es muy acotado”, escribió el presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Sturzenneger, el 19 de octubre en el diario La Nación. “El caso no tiene posibilidad de ser exitoso porque la legislación sobre inmunidad soberana es clara acerca de lo que debiera acontecer con los activos militares de un país”, continúa Sturzenneger, quien es miembro del PRO, la fuerza de centro derecha que gobierna en la capital argentina y se opone al gobierno central. Fallos El fallo de un tribunal de apelaciones de Nueva York –al que se refería el ministro de Economía, Hernán Lorenzino– es más grave para los intereses de Argentina. Allí se exigió al Estado argentino, el 26 de octubre, a que brinde a tres fondos buitre un “tratamiento igualitario” al que reciben los acreedores que sí aceptaron los canjes de la deuda de 2005 y 2010 y que han cobrado regularmente cada vencimiento. Lorenzino rechazó la posibilidad de que el gobierno kirchnerista “le haga caso a la justicia estadunidense, desconociendo la ley argentina”, que impide cualquier tipo de pago a este tipo de acreedores. “Vamos a seguir pagándoles a 93% de los acreedores que entraron al canje”, dijo. Lorenzino denostó también el accionar de dos agencias calificadoras de riesgo, que se sumaron a la presión, bajando la nota de la deuda argentina. El fondo buitre NML Capital Limited, controlada por Elliot Management, está detrás del fallo neoyorquino y del embargo de la fragata. El fundador y responsable de Elliot Managment es Paul Eliott Singer, a quien el diario español El Mundo, en su edición del 23 de octubre calificó como “El ‘buitre’ de Mitt y Ann Romney”. Según datos de la revista Forbes, de septiembre de 2012, Singer posee una fortuna de 1.1 billones de dólares. Es “el mayor contribuyente individual a la campaña presidencial de Romney para las elecciones del 6 de noviembre”, según sostuvo el 27 de octubre el Diario Perfil. Ann Romney, por su parte, “invirtió en 2011 una cantidad de dinero que no ha sido revelada (pero que era superior a un millón de dólares) en Elliott”, sostuvo el citado artículo de El Mundo. El juez neoyorquino Thomas Griesa es una figura recurrente en la disputa que estos hedge funds mantienen contra Argentina en los tribunales estadunidenses. Fue justamente un fallo de este juez el que hizo posible el embargo de la fragata Libertad en Ghana. Otro de sus fallos fue confirmado el 26 de octubre por un Tribunal de Apelaciones neoyorquino. Señala que Argentina tiene un trato discriminatorio con los tenedores de bonos de deuda pública que no participaron de los dos canjes de deuda. Argentina había alegado que pagar a los fondos buitre el precio nominal de los bonos sería inequitativo para con 93% de los acreedores que entraron al canje y soportaron la quita. “El tribunal de Nueva York rechazó hoy la apelación y dictaminó que el caso volvía al juzgado de Griesa, para que se detalle un plan de pagos, según la agencia de noticias Bloomberg”, sostuvo Clarín el 26 de octubre. El fallo favorece a los fondos buitre Elliot Managment, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel. Elliott Management posee unos mil 400 millones de dólares en bonos argentinos en default. “El juez neoyorquino tiene un amplio historial en demandas contra el default argentino”, dice Clarín en el citado artículo. Thomas Griesa falló a favor de diferentes fondos buitre que poseen bonos argentinos en 11 oportunidades, a partir de 2003, por un monto de 2 mil 500 millones de dólares. El periódico sostuvo que el juez Griesa ordenó congelar la cuenta que el Banco Central tenía en la Reserva Federal de Nueva York, en abril de 2010, ante una de las tantas demandas de Elliot Managment. “Pero un mes después del congelamiento sobre las cuentas de la entidad, Griesa finalmente rechazó la emisión de la orden de captura final sobre esos bienes”, dijo. En junio de 2010, Griesa ordenó inhibir activos del Banco de la Nación Argentina en Nueva York por 2 mil 430 millones de dólares. La decisión fue apelada con éxito por el gobierno argentino. En ambos casos, el gobierno estadunidense de Barack Obama respaldó con firmeza la posición argentina. Cerrojo El 23 de diciembre de 2001, Argentina declaró el default por 80 mil millones de dólares con acreedores extranjeros de bonos soberanos locales. El país lanzó un gigantesco plan de canje de deuda en 2005, al que adhirió 76% de los acreedores, con una quita significativa de capital. El Congreso argentino votó entonces por amplísima mayoría la “Ley Cerrojo”, con una cláusula por la que se desconocería expresamente la deuda que no ingresara en el canje. Éste se reabrió brevemente en 2010, elevándose el nivel de participación de los acreedores a 93%. A tal fin se suspendió parcialmente dicha cláusula. El 7% restante de los bonos de deuda pública –unos 3 mil 600 millones de dólares de precio nominal, más intereses– está en 90% en manos de fondos buitre. Fueron comprados como bonos basura, a un precio “entre 2 y 2.5 dólares por lámina de cien previo al anuncio de default”, informó el 23 de agosto el diario Página 12. Estos fondos especulan ahora litigando por cobrar el precio nominal de dichos bonos. Como si se tratara de inversores genuinos a los que el Estado argentino estafó en su buena fe. Desde esferas gubernamentales se mantiene la posición de dar batalla judicial hasta la máxima instancia. El pago de los bonos a su valor nominal no entra en los planes. Más probable parece hoy que se produzca una nueva reapertura del canje, que sirva para dejar sin argumentos a estos fondos buitre. Para eso el Congreso debería suspender una vez más la “cláusula cerrojo”. El portal en inglés de Wikipedia define a Paul Elliot Singer como inversor y filantropista. Los fondos buitre, sin embargo, no se caracterizan por ninguno de estos atributos. “Hace 30 años, el dictador Joseph Mobutu tomó un préstamo de Yugoslavia por 30 millones de dólares para levantar una represa que nunca se construyó. Caído el régimen, un ‘fondo de inversión’ (el FG Hemisphere) recompró la deuda impagada por 3 millones”, describió el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, en una columna que publicó el 14 de febrero El Cronista. Este fondo “paseó la demanda contra la actual República Democrática del Congo por tribunales de medio mundo. En diciembre pasado, un fallo en el paraíso fiscal de la isla de Jersey le concedió 100 millones. El 70% de la población congoleña padece malnutrición”. Otro caso emblemático fue sufrido por Perú, a instancias del fondo buitre de Paul Elliot Singer. En 1996, de acuerdo con el mencionado artículo del diario madrileño El Mundo, Elliot Managment “compró por 11 millones de dólares deuda valorada en 20.7 millones de dos bancos peruanos. Lo que siguió fue una batalla legal de cuatro años en Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica. El desenlace llegó en 2000, cuando un juzgado de Bruselas declaró que si Perú no pagaba 58 millones de dólares a Elliott, no podía pagar 80 millones a otros acreedores”. El juzgado belga forzó a Perú a pagar al fondo buitre para no caer en suspensión de pagos. En el caso de Argentina, los tres principales cabilderos en su contra son Keneth Dart, de EM Ltd., Paul Elliot Singer, de Elliot Managment, y Robert Shapiro, de ATFA. “Su trabajo consiste en buscar un juzgado de oportunidad (permeable) para avanzar con la presentación.”, señaló el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, en una nota publicada el 23 de agosto en Página 12. Estos hedge funds cuentan con aliados dentro de Argentina. Buena parte del establishment financiero local sostiene que lo mejor para el país es aceptar las exigencias y sacarse el problema de encima. “En el mundo financiero real las deudas, de alguna forma, se terminan pagando. De lo contrario, los fondos buitre tienen mucho tiempo para generar complicaciones costosas”, puede leerse en El Clarín en su edición del 18 de octubre. “Si el país quiere reintegrarse al mercado de capitales, eventualmente deberá arreglar con los fondos”, sostuvo el argentino Diego Ferro, director ejecutivo de Greylock Capital Management, según publicó El Cronista el 30 de octubre. Este fondo de alto riesgo, que tenía bonos de deuda pública argentinos, “ingresó recién en el segundo canje lanzado en 2010” y “también lideró el canje de deuda de Grecia recientemente”, sostiene el artículo. Riesgo El expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) fue durante todo su gobierno un duro crítico de los organismos multilaterales de crédito. Exigía la reforma estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), controlados, desde su creación en 1944, por europeos y estadunidenses. Reclamaba que asumieran su responsabilidad en las crisis que atravesaban los países de la región, después de aplicar las recetas del denominado Consenso de Washington, bajo la tutela de sus cuadros técnicos. Argentina se convirtió a partir de 2003 en un ejemplo incómodo. Se sustrajo al control de estos organismos y generó gobernabilidad y desarrollo socioeconómico. En el seno del G-20, Cristina Kirchner ha bajado un poco el tono. El país se sigue negando, sin embargo, a saldar la deuda pendiente desde 2001 con el Club de París, puesto que se le exige, para concretar el acuerdo, una revisión de la economía por parte del FMI. En estos días han regresado, eso sí, palabras fuertes contra el poder y la influencia de las calificadoras de riesgo en el actual sistema financiero. “Las calificadoras como Moody’s, Standard and Poor’s, Ficht, JP Morgan son el gran verso internacional, la gran estafa global”, sostuvo Fernández de Kirchner el 22 de octubre en un acto en Casa de Gobierno. La presidenta ha pedido reiteradamente la reglamentación de estas empresas: “¿Dónde estaban cuando ocurrió la crisis en Grecia, en Italia, en Estados Unidos y en Europa?”, se preguntó. La respuesta llegó el 31 de octubre. Ese día Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de la deuda externa Argentina de ‘B’ a ‘B-‘, “como resultado del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York”, “la retención de la fragata Libertad en Ghana y la deuda pendiente con el Club de París.” Y también Fitch amenazó con colocar la calificación de la deuda argentina en “default restrictivo” y los bonos en una situación de cese de pagos si Argentina deja de cumplir un solo vencimiento. Estas agencias han perdido en Argentina su poder de infundir miedo. Durante los años más duros de la crisis, los grandes medios abrumaban a la población con las “notas” que estas empresas otorgaban a las finanzas públicas y el clima de negocios para los inversores. El índice que estas calificadoras asignaban al “riesgo país” se escuchaba casi tanto como el pronóstico del tiempo. “Para muchos puede ser reconfortante pretender que la crisis financiera fue causada solamente por errores honestos”, escribió el Nobel de Economía, Paul Krugman, en una columna publicada en The New York Times, el 21 de abril de 2010. “Pero no fue así. Fue, en gran parte, el resultado de un sistema corrupto. Y las calificadoras de riesgo fueron una gran parte de esa corrupción.”