Seis meses tardaron las autoridades de Veracruz para salir con lo mismo que dijeron desde el principio: que el crimen de la corresponsal de Proceso en esa entidad, Regina Martínez Pérez, fue por robo y tuvo tintes pasionales. El pasado 30 de octubre, justo cuando circulaba la edición 1878 de este semanario en el que se incluía un reportaje sobre la periodista, la procuraduría estatal presentó a uno de los presuntos autores del asesinato: Jorge Antonio Hernández Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años, y se apresuró a dictarle auto de formal prisión en un intento de dar por concluido el caso, aun cuando el detenido asegura que él nunca ha matado a nadie. XALAPA, VER. (Proceso).- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa no convenció a nadie. Su versión sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en esta entidad, está lejos del esclarecimiento y empezó a caerse desde el momento en que dejó el expediente en manos de la justicia. El “asesino confeso” presentado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) el 30 de octubre se desistió al día siguiente ante la juez penal que lleva el caso. Dijo que lo habían torturado y obligado a contar la relatoría de hechos difundida por el gobierno veracruzano. Sin embargo la noche del viernes 2 le fue decretado el auto de formal prisión. Presionado por la falta de resultados desde que se cometió el crimen hace medio año, el gobierno de Duarte terminó por ratificar su versión inicial sobre un “crimen por robo” con tintes pasionales, como en varias ocasiones filtró a la prensa local. La Procuraduría estatal no se complicó. Abrevió las investigaciones. Sólo siguió la línea del robo y se lo atribuyó a dos “malvivientes”: Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, y José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho. El Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años para quien la dependencia busca prisión vitalicia, fue presentado como confeso del robo y el homicidio. Al Jarocho, a quien se identifica como supuesto novio de la periodista y principal autor material del asesinato, simplemente no lo encuentra. En marzo último la PGJ lo detuvo por robo a transeúnte, pero salió bajo fianza, según reveló el jueves el diario Notiver, del puerto de Veracruz. Según Duarte, hasta la Policía Internacional (Interpol) lo busca. No es así. De acuerdo con la propia Procuraduría estatal, el gobierno de Veracruz sólo pidió el apoyo de sus pares en el país, incluida la PGR. En la investigación de la PGJ, de dos tomos con más de mil 500 páginas, no hay un dictamen ni un análisis sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, mismo que realizaba en un ambiente adverso desde el gobierno de Fidel Herrera y que le costó incluso el despido del periódico local Política, donde la reportera trabajó durante años. La Procuraduría tampoco investigó nada sobre posibles amenazas ni el robo que sufrió la periodista en su domicilio en diciembre pasado, como se lo hizo saber Proceso en declaración ministerial. Mucho menos sobre la eventual participación de la delincuencia organizada, a la que se le atribuye la muerte de varios periodistas en el estado. A pesar de que en conversación con este semanario la propia directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, identificó al Jarocho como halcón, como se define a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada, en el expediente no hay ni la menor pesquisa de la eventual presencia de esos grupos delictivos. El 9 de mayo pasado, 11 días después del asesinato de la reportera, la Marina detuvo al operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en sus declaraciones ministeriales dijo saber que en el asesinato de Regina Martínez estaban involucrados narcomenudistas. Conjeturas Sobre el desempeño periodístico de la corresponsal de Proceso, la PGJ sólo citó a declarar a varios periodistas, tomó sus huellas dactilares y de algunos hasta las impresiones de su arcada dental. La procuraduría interrogó a los periodistas sobre su relación y las costumbres de Regina Martínez, pero como ninguno mencionó alguna amenaza específica contra su colega, la dependencia desestimó esa línea de investigación. Desde un inicio la Procuraduría estatal perfiló la explicación del robo como causa del crimen. El 7 de mayo, una semana después del asesinato, policías judiciales interrogaron a una persona que aseguró haber visto a tres sujetos cerca de la casa de Regina la noche del crimen, entre las 22 y las 23 horas. Según los policías, el declarante –un consumidor habitual de alcohol en las periqueras de esa zona–, identificó al Silva, al Jarocho y a un tercero que refirió como el Paleta Payaso. Además dijo que una vecina le comentó a su suegra –también residente de esa calle– que la periodista salió a comprar cervezas la noche del viernes alrededor de las 10 de la noche. Abundante en su información, según la Procuraduría, el testigo dijo que una persona con la que acostumbraba tomar, conocido como Pablito Ruiz decía ser novio de una periodista en esa calle, privada de Juan Rodríguez Clara, en el barrio conocido como El Dique, en el centro sur de esta capital. Según la PGJ el testigo ratificó su versión ese mismo día ante el Ministerio Público encargado del asesinato de la reportera, pero ya sólo hizo referencia al Silva y al Jarocho, a quien describió como un drogadicto, de unos 28 años de edad y con tatuajes en el brazo izquierdo. Más aún, dijo que es un trabajador sexual. “Sé que no tiene un trabajo, pero anda en el parque Juárez con los maricones”. Ratificó también la supuesta relación de la periodista con Pablito Ruiz, pero en sus investigaciones la procuraduría no abundó en este señalamiento. Al mes siguiente la Dirección de Servicios Periciales elaboró un dictamen sobre la “disposición victimógena” (sic) de Regina: mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse, pero con un cambio de ánimo hacia el final de su vida. Según el análisis de la víctima, su asesino y el entorno, la periodista pasó de ser –como lo era– una persona muy reservada, desconfiada y de carácter fuerte que hablaba con poca gente fuera del ámbito periodístico, a ser una persona “más alegre y entusiasta”. En el dictamen, dirigido a la fiscalía encargada de la investigación el 27 de junio pasado, los servicios periciales de la PGJ concluyeron que ese “cambio habitual de ánimo” se debió a un agente externo, “como el inicio de una relación o el encuentro con una persona que significó algo importante para ella”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879, en circulación)