XALAPA, Ver.-(apro).-Por unanimidad, el Congreso estatal aprobó reformas a la Constitución local que da paso a la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Dicha comisión sólo tendrá que ser respaldada por la mitad más uno de los 212 Ayuntamientos, para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial del Estado. De contar con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas tendrá una tarea titánica ya que en Veracruz han sido asesinados nueve periodistas en lo que va del sexenio –entre ellos la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez-, además hay tres reporteros desaparecidos y cerca de 30 periodistas se han exiliado del estado por la falta de garantías mínimas de seguridad para el ejercicio profesional. Más aun, otro tanto de reporteros que todavía trabajan en el estado, han tenido que sortear despedidos injustificados, ser cambiados de fuente de información sin explicación alguna, manejar la información a “modo” y “gusto”, de la Dirección General de Comunicación Social, entre otras arbitrariedades, como lo reporta el semanario Proceso en su edición 1879 en circulación. La aprobación que hizo hoy el pleno del Congreso de Veracruz, fue adicionar la fracción quinta del artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz a fin de dar cabida a la creación formal de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, misma que hoy sólo opera como Secretaria Técnica, la cual ya ha presentado algunos obstáculos o roces con la prensa. Su titular, Namiko Matzumoto Benítez, titular de la Comisión Técnica de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz recientemente declaró que ningún reportero de los exiliados había solicitado “apoyo” o “asistencia” por temor o zozobra de desarrollar su trabajo en la entidad, “se fueron porque quisieron”, deslindó Matzumoto. De dicha declaración, la Secretaria Técnica quiso deslindarse posteriormente ante las críticas de columnistas y reporteros y la única salida que encontró fue exigir a los directores de medios que le pidieran a sus reporteros el audio de lo que dijo ocho días después de sus afirmaciones, ningún comunicador le hizo caso. Otro desliz de la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas ocurrió en su reunión con comunicadores en el puerto de Veracruz hace algunas semanas, cuando en la zona conurbada, la de mayor peligrosidad y vulnerabilidad para los reporteros de la nota roja y guardias nocturnas, la fuente policiaca no fue invitada. En la Gaceta Legislativa circulada en el Congreso Local de este lunes, se señala que las atribuciones de está comisión serán: “atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”. Agrega que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas funcionara de conformidad con las bases siguientes: Resolver sobre la atención y el otorgamiento de medidas de protección a los periodistas que lo soliciten, así como disponer los recursos y apoyos de orden material, económico o funcional que se requieran para la ejecución de sus determinaciones y dictar los criterios y lineamientos de orden sustantivo para su efectivo cumplimiento. Dicha comisión también podrá presentar denuncias y quejas ante las instituciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Poder Judicial del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre y cuando la esfera jurídica de los periodistas esté sujeta a amenazas, agresiones o riesgo inminente, como consecuencia del ejercicio de su profesión. “Para tramitar ante las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas de atención y protección”. En el formato legaloide aprobado por el Congreso Local se remarca que la comisión se integrará por cuatro periodistas, dos propietarios o directivos de medios de comunicación, dos representantes de organizaciones no gubernamentales y un académico dedicado a tareas de enseñanza, difusión o investigación, mismos que tendrán el carácter de comisionados. También habrá un secretario ejecutivo que participará en las sesiones de la misma con voz pero sin voto, al igual que los titulares de las dependencias responsables de la comunicación social y de la procuración de justicia en la administración pública estatal. Los comisionados y el secretario ejecutivo serán nombrados por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta del gobernador, Javier Duarte, quienes durarán en su encargo cuatro años con posibilidad de reelección por una sola vez.