MÉXICO D.F. (apro).- En febrero de este año la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, viajó a Bulgaria. Ahí, olvidándose de sus propias minorías domésticas, legales e ilegales, criticó la discriminación que prevalece en Europa contra los gitanos. “Durante demasiado tiempo, los gitanos han sido marginados y aislados. Se les ha impedido contribuir con su talento y participar en las sociedades. Se trata de una cuestión crítica en materia de derechos humanos, que afecta a millones de hombres, mujeres y niños en todo el continente europeo”, declaró Clinton durante una reunión con jóvenes gitanos en Sofía, la capital. La jefa de la diplomacia estadunidense destacó la exclusión educativa y laboral de los gitanos, que calificó como un “círculo vicioso que hay que romper”; pero sobre todo expresó su “preocupación” por el recrudecimiento del rechazo y la violencia xenófobos contra los gitanos. El Centro Europeo por los Derechos de los Gitanos ha documentado en los últimos años por lo menos una cincuentena de ataques contra comunidades gitanas, que incluyen desalojos violentos, incendios provocados, golpizas y asesinatos. En virtud de esta situación, Clinton anunció que Estados Unidos se sumaba como observador internacional a la “Década de la Intergación Gitana 2005-2015”, una iniciativa política lanzada por los gobiernos de la Unión Europea (UE), que vincula a instancias gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales con los líderes de las comunidades gitanas, y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida, integrarlas a las sociedades europeas, y poder medir el progreso de manera transparente y cuantificable. La idea surgió en 2003 en la capital húngara, Budapest, durante una conferencia regional de alto nivel sobre los gitanos europeos titulada “Los roma en una Europa en expansión: desafíos hacia el futuro”. Dos años después, en febrero de 2005, los primeros ocho gobiernos participantes firmaron la declaración de la Década de la Integración de los Roma, en la capital búlgara. Actualmente son doce los países que participan, todos con una significativa minoría gitana: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Hungría, Macedonia, Montenegro, República Checa, Rumania y Serbia. Cada uno de ellos ha desarrollado un Plan de Acción Nacional que especifica las metas y los indicadores en las áreas económicas y sociales prioritarias. Además de Estados Unidos, Eslovenia también funge como observador. En cuanto a organizaciones internacionales están el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los Refugiados (ACNUR), la Vivienda (HABITAT), la Infancia (UNICEF) y la Cultura (UNESCO); el Consejo de Europa y su Banca de Desarrollo; la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y el Desarrollo Europeos; la Oficina Europea de Información sobre los Roma; el Foro Europeo para los Roma y los Viajeros, y el Centro Europeo de Derechos de los Roma. También se cuenta con fundaciones de lo que se denomina la “sociedad abierta”. Según la declaración, esta iniciativa no debe convertirse en una institución burocrática más. Los gobiernos deben designar recursos económicos para obtener resultados, y tienen que ajustar sus planes a los instrumentos de financiamiento de los donantes internacionales, multinacionales o bilaterales. Un ejemplo de ello es el Fondo de Educación para los Roma, que recibe aportaciones públicas y privadas, y busca reducir la brecha educacional de los gitanos con el resto de la población. Pero lo más importante es su propia participación. “Nada sobre nosotros sin nosotros”, es la proclama de los gitanos para esta “Década”. Representantes de los roma y los sinti, así como de la sociedad civil, están integrados en cada uno de los niveles del programa. Ellos bosquejaron y definieron el enfoque, identificaron las políticas prioritarias y jugaron un papel clave en el establecimiento de los objetivos. También es fundamental su monitoreo permanente del proceso. De hecho, se considera que dependerá de ellos el éxito o fracaso de esta iniciativa. En 2010, a la mitad de la “Década”, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, constataba en un texto que a pesar de los esfuerzos de algunos Estados europeos y organizaciones internacionales y regionales, “el sentir contra la etnia gitana continúa siendo fuerte en Europa. Estos prejuicios podrían inclusive aumentar como resultado de la recesión económica que ha obligado a muchos de sus miembros a abandonar sus comunidades de origen en busca de nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Como resultado, han aumentado también las prácticas discriminatorias y la violencia”. Pillay denunció inclusive que la marginalización y estigmatización de los gitanos “se inflaman a menudo con una retórica incediaria por parte de fuerzas que buscan una ventaja política, lo que aviva el fuego de la desconfianza”. La alta funcionaria de la ONU dijo ser consciente de que “algunas tradiciones gitanas pueden estar reñidas con las del resto de la sociedad, y que algunas representan violaciones inaceptables a los derechos humanos como los matrimonios forzados o el trabajo infantil”. También que “viviendo en la marginación, algunas personas de esta etnia han optado por el delito, generalmente de orden menor, lo que crea una fricción comprensible. Pero estas cuestiones exigen un escrutinio individual, caso por caso, no una condena indiscriminada ni medidas ejemplares o draconianas que transpiran la estigmatización y el castigo colectivo de una minoría”. Los efectos de la recesión económica en Europa se hicieron sentir inmediatamente entre los gitanos. “Los roma son los últimos a los que se contrata y los primeros a los que se despide”, dijo al Financial Times Rob Kushen, director del Centro Europeo de los Derechos de los Roma, con sede en Budapest. “Los casos de los que se tiene conocimiento parecen indicar que la crisis económica ha afectado a este grupo de forma desproporcionada, aun cuando sus índices de empleo siempre han sido bajos”. Este año, un informe conjunto de la UE y la ONU divulgado en Viena confirma que, en promedio, los gitanos sufren más dicriminación y viven una peor situación económica que el resto de la población europea. “La situación actual de la población romaní en once Estados de la UE es sombría”, aceptó Morten Kjaerum, director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (AEDF). Elaborado por la propia AEDF y el PNUD sobre la base de dos encuestas realizadas en Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania, el informe asienta que la situación de los gitanos en materia de empleo, educación, vivienda y sanidad es deplorable. Sólo 15% de los jóvenes romaníes, por ejemplo, ha finalizado la enseñanza secundaria superior; menos de 30% cuenta con empleo remunerado; cerca de 45% vive en casas que carecen de cocina interior, retrete, ducha, agua caliente o electricidad. Y lo peor es que en 40% de los hogares gitanos alguno de sus miembros se va a acostar con hambre, porque no hay dinero suficiente para comprar alimentos. Lo más grave, subraya el estudio, “es que la mayor parte de la población romaní ni siquiera es consciente de los derechos que la amparan en virtud de la legislación de la UE”. Para la organización humanitaria Aministía Internacional (AI), no hay duda: los aproximadamente doce millones de gitanos que viven en Europa se enfrentan a una discriminación cada vez mayor en prácticamente todos los aspectos de la vida, “y los países europeos y las propias instituciones comunitarias no hacen lo suficiente para acabar con esta discriminación”. En un informe sobre el tema presentado en abril, a siete años de que se lanzara la “Década de Integración”, AI denuncia que las políticas públicas no sólo no ayudan a superar los problemas que tienen los gitanos, sino a menudo lo impiden. “Europa ha lanzado varias estrategias para acabar con esta discriminación, pero éstas sólo se han quedado en operaciones cosméticas sin importancia; no se toman medidas prácticas”. Con algunos remanentes nómadas, pero ahora mayoritariamente sedentarizados, los gitanos, con excepción de España, se han asentado sobre todo en los países del este europeo, a donde llegaron sus antepasados de la India hace ocho siglos. En fechas recientes, sin embargo, con la caída del bloque socialista, la guerra de los Balcanes y la crisis económica se han generado recurrentes flujos migratorios hacia el oeste. La Unión Romaní consigna que “son muchos los roma que han tenido que huir del este y centro de Europa ante la creciente ola de racismo y violencia. Esto los ha obligado a solicitar refugio o asilo político en los países de la UE, pero con frecuencia las autoridades fronterizas les impiden el ingreso y, si lo logran, los gobiernos emprenden rápidamente acuerdos de repatriación”. En este contexto muchos gitanos se quedan en un limbo jurídico, al ostentar la condición de apátridas, refugiados, asilados políticos o repatriados. Ciertamente los roma se han llevado la peor parte en la Europa del Este, donde han surgido movimientos, partidos y gobiernos de derecha y ultraderecha. El caso más grave ha sido el de Hungría, donde milicias cercanas al partido Jobbik asediaron, incendiaron y mataron a varios miembros de una comunidad gitana, incluidos niños. Pero también en otros países como Albania, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumania o Serbia –todos signatarios de la “Década”– se han sucedido ataques y aun marchas masivas contra los gitanos. En el occidente europeo los ataques han sido más esporádicos y menos violentos, pero no dejan de ocurrir y la población en general muestra una clara animadversión frente a los asentamientos gitanos, muchos de ellos ilegales. Los gobiernos, por su parte, mantienen una postura ambigua. En fechas recientes la canciller alemana, Angela Merkel, inauguró un munumento en honor de los 500 mil gitanos exterminados por el régimen nazi y prometió luchar contra su actual discriminación. Sin embargo, al mismo tiempo su gobierno está involucrado en un programa de repatriación de miles de romaníes procedentes de Kosovo. En Francia, el socialista presidente François Hollande acaba de desalojar a cientos de familias gitanas de asentamientos ilegales en los alrededores de París. Ciertamente no los expulsó a sus países de origen, como hizo su antecesor Nicolás Sarkozy en 2010, pero los dejó en la calle. Otro tanto sucede en Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda o Italia. Tal vez la única que convive más o menos armoniosamente con su comunidad gitana es España. Pero aun ahí los gitanos tienen fama de perezosos y pillos, y se les niega el acceso a ciertos lugares. Visionario, el ya fallecido ex presidente checo, Vaclav Havel, dijo en 1993 que el tratamiento que se diera a los gitanos constituiría la medida de la calidad de la democracia en Europa. A lo que se ve, todavía no es muy buena.