Controla narco selección de jornaleros que buscan trabajo en EU, denuncia Pastoral

MÉXICO, D.F. (apro).- El crimen organizado controla la selección de personas para trabajar de manera temporal en Estados Unidos en comunidades con tradición de trabajo agrícola en ese país, denunció la religiosa Leticia Gutiérrez Valderrama, directora ejecutiva de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano.

En conferencia de prensa en donde se presentó el informe “Jornaleros mexicanos con visa en Estados Unidos: los modernos olvidados”, Gutiérrez Valderrama explicó que durante la elaboración del documento integrantes del equipo de encuestadores advirtieron que el reclutamiento de campesinos interesados en trabajar legalmente en Estados Unidos, era realizado por “personal que viajaba en camionetas evidentemente del crimen organizado”.

Añadió que en Ciudad Maíz, San Luis Potosí, los encuestadores fueron “expulsados” por dichas personas. “No sabemos a qué cártel pertenecen, pero esas personas tienen el control de las visas H2A (de trabajo temporal) y también de las listas de espera”, aseguró.

Por el control de los visados y la lista de espera, explicó, el crimen organizado percibe recursos incalculables, exige dinero a los interesados y tiene control del trabajo de los reclutadores que operan en las comunidades ofreciendo trabajo legal en Estados Unidos, sin control de autoridades municipales, estatales o federales.

La religiosa, quien ha denunciado también la participación del crimen organizado en el secuestro de inmigrantes centroamericanos, resaltó que pese a que los trabajadores temporales han sido víctimas de abusos desde hace vario años, “el gobierno mexicano se ha desentendido de ellos, con el pretexto de que quien impulsa el programa y quien da las visas es Estados Unidos”.

Gutiérrez Valderrama acusó que a pesar de que la Ley del Trabajo faculta al gobierno federal a vigilar que no se violen los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en el extranjero, “fue impresionante advertir” que, en el contexto de la Reforma Laboral,  cuando se reunieron con los senadores para pedirles que se reglamentara ese artículo, “los legisladores ignoraban el tema”.

El informe fue elaborado por las organizaciones Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers, y forma parte del proyecto “Jornaleros SAFE”.

El trabajo de documentación inició en mayo de 2009 y culminará en mayo de 2013. Para el primer informe se entrevistó a 382 personas originarias de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz que trabajaron temporalmente en Estados Unidos con visado H2A.

El programa de reclutamiento es promovido por empresarios estadunidenses que contratan a reclutadores en México para abastecerse de mano de obra barata, sobre todo para las labores del campo, y es coordinado por los departamentos de Estado y del Trabajo de Estados Unidos.

Griselda Vega, representantes de Global Workes Justice Alliance, resaltó que de acuerdo con este programa, “los aspirantes sólo tienen que pagar el pasaporte, lo demás, la visa, el transporte, la vivienda y la estancia en Estados Unidos, tiene que ser cubierto por el patrón, pero 95% de los trabajadores encuestados sufrieron violaciones a sus derechos”.

La defensora explicó que gracias al trabajo de campo, se advirtió que sólo 31% de las personas entrevistadas obtuvo alguna información de sus derechos por parte del gobierno estadunidense, y 1% del gobierno mexicano. “La mayoría de los trabajadores, 79% de los que firmaron contratos, no entendió en qué consistían porque estaban escritos en inglés”, dijo.

En la elaboración del informe, los investigadores encontraron con casos como los de 22 personas de Córdova, Veracruz, que afirmaron que los reclutadores ofrecían visas de trabajo por 12 mil pesos; y otras, a las que llamaban ilimitadas, por 24 mil pesos, “que no existen”, dijo Vega.

Se detalla que 42.65 de los entrevistados reportó que se vieron obligados a pagar en promedio 4 mil 500 pesos, “por recibir una oferta de trabajo o recibir trabajo”, y que en 61% de los casos, los jornaleros tuvieron que pagar su traslado a Estados Unidos.

Los investigadores detectaron a 200 personas que fueron víctimas de distintos tipos de fraudes por un monto total de 725 mil pesos.

Los fraudes más comunes son “cobro por entrar a una lista de espera, cobro por ser elegido trabajador H2A, fraude por cobro indebido, fraude por ‘visa libre’ y fraude por promesa de trabajo”.

Los abusos continúan en Estados Unidos, explicó Griselda Vega: “Conocimos el caso de una señora que sufrió un accidente de trabajo y lesionada fue enviada a su pueblo en San Luis Potosí; nunca fue indemnizada, no tuvo tratamiento médico ni mucho menos tiene una pensión, ahora sufre secuelas graves. Nunca fue auxiliada por el gobierno mexicano”.

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