XALAPA, VER. (Proceso).- Con una deuda pública superior a los 30 mil millones de pesos que hipoteca a la Tesorería estatal más de 20 años e inmerso en un clima de inseguridad, secuestros y ejecuciones, Javier Duarte de Ochoa presentó su segundo informe de gobierno con el eslogan acuñado desde el primer día de su gestión: “Veracruz va para adelante”. En su primer bienio han sido asesinados nueve periodistas, entre ellos Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, el pasado 28 de abril; y hay tres más desaparecidos. A Regina la asfixiaron en su domicilio; los otros fueron decapitados y cercenados, sello distintivo de la delincuencia organizada. El gobierno de Duarte tuvo su parteaguas en septiembre de 2011 cuando, el día 21, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “tiraron” 35 cuerpos a un costado de Plaza las Américas en la Plaza del Volador. Todos tenían huellas de tortura y quemaduras. Estaban maniatados y con una Z rotulada en el cuerpo. Ese día estaban reunidos en la entidad los procuradores de justicia de todo el país. A partir de ahí se desataron los enfrentamientos y ejecuciones en toda la entidad. Duarte optó por adecuar su agenda pública y restringió sus apariciones en público. Dos meses después solicitó apoyo federal para que la Secretaría de Marina (Semar) se hiciera cargo de la seguridad en el estado. El reguero de cadáveres le costó el cargo al entonces procurador Reynaldo Escobar Pérez y poco después motivó el desmantelamiento de las policías intermunicipales Veracruz-Boca del Río y Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan. Las fuerzas federales, en particular la Semar, tomaron el control de la seguridad en el estado mientras la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, se dedicó a observar cómo Los Zetas y el CJNG se disputaban la plaza en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en Xalapa. En este año también fue asesinada la presidenta municipal de Tlacojalpan, la panista Marisol Mora Cuevas, mientras que a sus correligionarios Martín Padua Zúñiga y Mauricio Herrera Fernández, de Chinameca y Las Minas, respectivamente, el Congreso les revocó el mandato y fueron aprehendidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Tras la ejecución de reporteros de la fuente policiaca, varios periódicos de Veracruz decidieron suprimir su sección de nota roja; otros optaron por reproducir únicamente los comunicados de las dependencias federales. Algunos periodistas tuvieron que salir del estado ante la falta de garantías para ejercer su profesión. Veracruz se convirtió en tema para los medios internacionales, sobre todo por la incredulidad que generó el supuesto “esclarecimiento” del asesinato de Regina Martínez (Proceso 1879). Las cifras oficiales tampoco satisfacen a los veracruzanos. El gobernador presumió al periodista Joaquín López Dóriga durante la visita a la entidad que durante el primer año del “exitoso” operativo Veracruz Seguro fueron abatidos mil 351 presuntos delincuentes. El dato ya lo había proporcionado el comandante de la Tercera Zona Naval, Víctor Manuel Gamboa Carvallo. En lo concerniente a las desapariciones, la procuraduría estatal contabilizó 133 denuncias entre enero y la primera semana de octubre de este año. De ese total, 29 personas aparecieron vivas y dos muertas. La cifra no incluye los levantones, pues por temor los familiares de los afectados prefieren no denunciar. La mayoría de las desapariciones son de menores y de mujeres; en este último caso el subprocurador Marco Antonio Lezama Moo asegura que “no son tales”, sino que ellas “se van con el novio”. La procuraduría asegura que están abiertas 55 investigaciones ministeriales por secuestro, pero la Sexta Región Militar reporta más de 90 a lo largo de 2012. En las estadísticas oficiales no se incluye a los hijos de ganaderos, empresarios, políticos y servidores públicos municipales plagiados. Temen que una intervención del gobierno de Duarte o de la Semar entorpezca las negociaciones. El oficio PGJ/UAI/270/2012, obtenido con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, señala que al cierre de octubre último la procuraduría registró 438 homicidios dolosos. En 2011, según “cifras preliminares”, la dependencia contabilizó 890. En medio de esta espiral de violencia y cifras contradictorias, el descubrimiento de narcofosas ha detonado la inseguridad. El 8 de febrero último en el rancho La Poma Rosa, en Acayucan, fueron localizadas dos de ellas con 15 cuerpos, presuntamente ejecutados por Los Zetas. Al mes siguiente aparecieron ocho cadáveres más, esta vez en la comunidad de Frijol Colorado, municipio de Perote. Según el sacerdote Alejandro Solalinde, en Veracruz hay más cementerios clandestinos que aún no se descubren. Los enfrentamientos entre sicarios de bandas que se disputan el territorio y de éstas con las Fuerzas Armadas son cada vez más comunes. En Pánuco y La Huasteca veracruzana fallecieron 21 personas en los últimos meses.   El artífice de la deuda   El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso estatal, Danilo Alvízar Guerrero, asegura que la deuda pública es de 30 mil millones de pesos, pagadera a 28 o 34 años. Su colega Armando Méndez de la Luz, del Movimiento Ciudadano, dice que el estado se encuentra en un “hoyo negro” a causa de la reestructuración, el acomodo de los pasivos en la Bolsa Mexicana de Valores y por el plazo en que deberá liquidarse el adeudo. Según el anteproyecto de Presupuesto Estatal 2013, a los 90 mil 42 millones 600 mil pesos que presentó el gobierno al Congreso del estado, deberán descontarse 3 mil 695.5 millones para el pago de la deuda, incluida la bursatilización de los recursos federales futuros. Ese monto supera el presupuesto de los poderes Judicial y Legislativo, así como el presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El artífice del esquema de bursatilización, que data de la administración de Fidel Herrera Beltrán, fue el propio Duarte, pues fue subsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y luego titular de esa dependencia. Hoy esa figura bursátil tiene al borde de la quiebra a varios ayuntamientos, mientras que varias secretarías apenas pueden cumplir las metas de sus programas operativos anuales. Los reportes de la calificadora Fitch Ratings, por ejemplo, colocan a Veracruz entre los ocho estados más endeudados del país. En los últimos 14 años, que incluyen los sexenios de Miguel Alemán y de Fidel Herrera, así como el primer bienio de Duarte, la deuda no ha dejado de crecer. Y aun cuando los pasivos han sido reestructurados, la bursatilización está devastando a los ayuntamientos, se quejan los alcaldes. El coordinador de los alcaldes panistas, Tito Delfín Cano, asegura que en sus dos años de gestión en el municipio de Tierra Blanca ha pagado 6 millones de pesos de pasivos bursátiles por obras que él no ejecutó. “Esto te limita en operatividad”, dice. La presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso local, Rocío Guzmán de Paz, asegura que alrededor de 40 ayuntamientos ya solicitaron un adelanto de participaciones federales, así como autorización de créditos para concluir el año. Las tesorerías municipales van al colapso, en algunas la quiebra es inminente. A Duarte lo cuestionan incluso sus correligionarios, entre ellos los diputados locales Tomás Montoya Pereyra y Raymundo Eligio Saldaña. Ambos le han exigido la salida de los titulares de las secretarías de Comunicaciones, de Finanzas y de Agricultura, Raúl Zarrabal Ferat, Tomás Ruiz González y Manuel Martínez de Leo, respectivamente, “porque no funcionan”. Apenas presentó su informe, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el Comité de Defensa Ciudadana y Antorcha Campesina se lanzaron contra Duarte. Las tres organizaciones priistas le echaron en cara el incumplimiento de sus promesas: la entrega de concesiones, placas de autos, terrenos y la falta de proyectos para el campo.