MONTERREY, N.L. (apro).- El pasado martes 13, mientras los diputados aprobaban la ley de la Desaparición Forzada de Personas, en el graderío del Congreso local se encontraba un hombre sin consuelo. Se trataba de una víctima más de la violencia que priva en la entidad: el padre de Daniel Juárez, de 22 años, quien fue atacado por un grupo armado en el interior de su domicilio en la colonia Potrero de Anáhuac, de San Nicolás, el 15 de agosto del 2011. La tarde de ese día, varios sujetos irrumpieron en la casa familiar, le dispararon al muchacho en el abdomen y se lo llevaron. El padre de la víctima, quien prefiere reservar su nombre, presenció la agresión y cree que su hijo, un estudiante de Negocios Internacionales en el Tec Milenio, falleció desde que se lo llevaron. Días después del ataque, el papá de Daniel presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Relató que su hijo había tenido un pleito a golpes con un familiar del dueño de bar Roux, ubicado en las avenidas República Mexicana y Francisco Treviño de San Nicolás y que después del incidente el padre del empresario de nombre Manuel Márquez Núñez amenazó a Daniel. “Estamos desde entonces buscando justicia, que se dé con los responsables. Fue el dueño de un bar el que nos hizo esto, porque Daniel había tenido problemas 15 días antes y lo amenazaron de muerte.” Después de que iniciaron las pesquisas, los agentes ministeriales se comunicaron con él para decirle que el hombre al que acusaba había fallecido. Y al parecer ahí terminó la investigación, aunque él asegura que hay otras líneas que los detectives deben seguir. “La investigación está ahí con el señor y el hijo del señor, del que no sé el nombre. Deben de saber lo que hizo el señor. Los agentes me hablaron que al señor dueño del bar lo habían matado; pero falta citar al hijo de él, para que declare, y a la esposa y a la hija del señor, porque sabían que era un criminal, a qué se dedicaba”, dice.   El padre de la víctima no tiene una certeza de que Márquez Núñez haya fallecido. El dato lo sabe únicamente porque se lo comunicó en una conversación el Ministerio Público. De lo que sí no tiene duda es que las personas que entraron a su casa no pretendían secuestrar a Daniel, sino matarlo. En la tribuna del Congreso, mientras los diputados votaban la ley, el hombre sostenía una fotografía de un metro de largo con la imagen de su hijo. Se unió desde el año pasado a la causa de los desaparecidos de Nuevo León, que coordina el centro Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), que tiene documentados más de 960 casos en la entidad en los últimos tres años. De la actuación de las autoridades, asegura que no ha visto una investigación eficaz. “No soy un Moreira. Ya ve que en su caso detuvieron de inmediato a varias personas. Fue algo inmediato. En menos de 15 días ya tenían policías detenidos, al asesino. Hay mucha diferencia con el caso de uno”, dijo en relación con el homicidio de José Eduardo Moreira, primogénito del exdirigente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El Congreso de Nuevo León aprobó el pasado 13 de noviembre la ley de desaparición forzada de personas que contempla sanciones de hasta 40 años a servidores públicos que participen, autoricen o consientan la privación ilegal de la libertad de una persona. La nueva ley, que tiene efecto sobre cualquier servidor público, policía o agente de la ley de los tres niveles de gobierno, establece, también, un castigo de hasta 20 años al acusado que, teniendo conocimiento de este delito, no adopte medidas para evitar su consumación.