MÉXICO, D.F. (apro).- Custodiados por decenas de granaderos, trabajadores del Gobierno del Distrito Federal irrumpieron la madrugada de este viernes en el campamento que mantenían desde hace más de dos años integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente en la colonia La Malinche, delegación Magdalena Contreras. Aproximadamente a la una y media de la madrugada, según testimonios de los vecinos que hacían guardia en la zona, un comando de policías los desalojó y permitió el ingreso de trabajadores de la constructora que de inmediato procedieron a derribar con maquinaria las estructuras expropiadas por el Gobierno del Distrito Federal que aún estaban en pie. De acuerdo con versiones de los vecinos, tras el desalojo los empleados de la constructora OHL encargada de la obra, instalaron vallas metálicas. Además, denunciaron que en su mayoría los trabajadores de OHL que se presentaron a la demolición, eran adolescentes y carecían de los mínimos equipos de seguridad para derribar los muros en los predios aledaños al campamento. Rafael Martínez, integrante del Frente Amplio, reprochó al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, su forma de proceder. A su juicio, viola los derechos humanos. "Como siempre lo ha hecho de madrugada y sin previo aviso, el gobierno de Marcelo Ebrard llegó a atropellar los derechos humanos", acusó Martínez. Comentó que cuando llegaron los granaderos se hicieron sonar las campanas para avisar a los habitantes de la zona pero los policías les arrojaron el polvo de los extintores para detenerlos. Por la prisa de derribar las estructuras, los trabajadores provocaron un corto circuito en varios postes de cableado eléctrico, lo que dejó sin energía eléctrica a varias casas. No conformes con la demolición, incendiaron el campamento, “tratando así de acabar con la digna resistencia” que han enarbolado, denunció. Finalmente los vecinos abandonaron el lugar sin oponer resistencia. En un comunicado, el Frente Amplio, criticó que a 12 días de que finalice su gobierno, Ebrard “siguiendo la costumbre no escrita de dejar la ‘casa limpia’ a su sucesor; una vez más, de madrugada y con el uso de la fuerza pública, golpea a la sociedad civil que de manera pacífica e informada ha hecho una defensa de cuatro años y medio en contra de la Supervía Poniente de cuota”. Sin embargo, afirmaron que, convencidos de que les asiste la razón, ya que han sido apoyados en todo momento por especialistas en movilidad y tránsito, en ecología, en derecho y finanzas públicas, seguirán firmes “en la defensa del medio ambiente y la legalidad que la Supervía ha violado, incluso en instancias internacionales”. El Frente recordó la recomendación 1/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que ordena la suspensión de la obra y la sentencia unánime de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, del 2 de diciembre del mismo año, que decreta la nulidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La verdadera solución a este problema, indicó, es “escuchar a la sociedad y acatar la ley, por lo que condenamos enérgicamente las acciones al margen de la ley de este gobierno, y hacemos un llamado a la sociedad y a las organizaciones fraternas para que de manera conjunta exijamos al jefe de gobierno el cumplimiento de la Recomendación 1/2011 de la CDHDF y el acatamiento de la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. “Sólo así podremos detener estos actos de barbarie que el Gobierno del Distrito Federal viene realizando en diferentes puntos de la ciudad, tales como la Supervía, UACM, Bosque de Chapultepec y Plan General de Desarrollo Urbano CdMx+10, entre otros”, señaló el Frente.